Estado de Corrupción

Como a perro flaco todo son pulgas, al Partido Popular le acaba de estallar su enésimo escándalo de corrupción a veinte días de dos elecciones autonómicas cuyo significado rebasa con mucho el estricto ámbito territorial en que se desarrollan. No es un escandalete más, de los muchos que jalonan la vida de una democracia maltrecha por la conducta de una minoría –aunque sí muy influyente y poderosa- de españoles entregados a la pasión por el dinero a cualquier precio. Por el número de los implicados, sus conexiones políticas y la extensión geográfica del caso, éste parece apuntar a la columna vertebral de uno de los dos grandes partidos nacionales, amenazando con poner de nuevo en evidencia lo que desde hace bastantes años es un secreto a voces: el Estado de Corrupción en que vivimos y en el que vegeta nuestra democracia, situación tolerada por el pasotismo de casi todos y consentida, cuando no directamente aprovechada, por los usufructuarios del Sistema.

Alguien aseguraba ayer que “este escándalo puede llevarse por delante al Partido Popular”. El hombre que activa la bomba no es otro que el juez Baltasar Garzón, quién si no, el juez escándalo por excelencia, perfecto representante del estado de postración de nuestra Justicia, con amigos tan importantes en el propio PP como Alberto Ruiz-Gallardón, que fue quien ofició la reciente ceremonia civil de la boda de la hija del señor juez, con banquete posterior en el Soto de Viñuelas ante representantes del mundo del dinero tan significados como Isidro Fainé (la Caixa), Emilio Botín (Santander) o Isidoro Álvarez (El Corte Inglés). Garzón es ahora el gran asesor de Zapatero en asuntos judiciales y de hecho fue él quien le convenció para que aceptara el nombramiento de Carlos Dívar como presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ: “Este es el hombre que te conviene; es muy catolicón, sí, pero no te va a crear ningún problema”. Estado de Corrupción.

Conviene, sin embargo, separar el trigo de la paja e ir por partes. Las detenciones del viernes tienen lugar cuando apenas quedan tres semanas para las elecciones gallegas y vascas del 1 de marzo, de modo que la sospecha de la intencionalidad política del episodio es tan obvia que la militancia enragé del PP puede caer en la tentación de descartar la historia de un manotazo, calificando lo ocurrido de maniobra orquestada para perjudicar electoralmente a la derecha. De nuevo la utilización de la Justicia con fines políticos partidistas. Es evidente que Rubalcaba y su Ministerio del Interior se han empleado a fondo. Llegados a este punto, conviene, sin embargo, proclamar a los cuatro vientos que, aun sospechando la existencia de espurios intereses en la razzia de nuestro juez campeador –¿de verdad esto es competencia de la Audiencia Nacional, Baltasar?-, cualquier persona libre de prejuicios ideológicos no puede pararse ahí y conformarse con matar al mensajero con una perdigonada del clásico “y tú más”, sino que, por el contario, está obligada a preguntarse qué hay de verdad en lo denunciado, para, a continuación, exigir responsabilidades y reclamar las medidas legales necesarias para evitar que lo ocurrido vuelva a repetirse.

Por desgracia, llueve sobre mojado o, por decirlo con lenguaje más adecuado a la meteorología del momento, jarrea sobre territorio anegado por una corrupción galopante. Conviene transcribir fielmente el párrafo que ayer reproducía el diario “El País” con la firma de Francisco Mercado, receptor de las filtraciones del juez Garzón, parte de la grabación policial de una conversación entre un tal Francisco Correa y un cual Álvaro Pérez. Dice Correa: “Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI prácticamente cerrado, el tío pide 1.000 kilos de más. Compramos a 10.000 y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos. Un empresario pone el 50% y yo otro 50%. De mi 50% yo reparto con Ramón Blanco, con Álvaro (Pérez), con Pablo y con el alcalde... Hay un tema medioambiental que lo desbloqueo yo". Este párrafo resume mejor que mil discursos lo que han sido los últimos 20 años de Historia de España, y debería ser de enseñanza obligatoria en las escuelas e institutos de todo el país a partir de los ocho años.

En la otrora rutilante España del boom, una inmensa mayoría se ha tenido que conformar con las migajas del crecimiento económico, sacando adelante a su familia con 1.500 euros mensuales, mientras a su alrededor proliferaban los coches de lujo, los yates, las grandes mansiones que lucía una exigua minoría arracimada en torno a la gigantesca corrupción que, en imparable cascada, se precipitada hacia abajo desde la cúspide misma del Sistema, con el consentimiento cómplice de los dos grandes partidos usufructuarios de la tarta y los nacionalistas periféricos. Puede sonar demagógico, pero es la pura verdad. Ahora, a ese padre de Alcorcón que se ha apañado en los años del boom con 2.000 euros al mes, que ha sacado adelante a su familia gracias a las ofertas del “Carrefú”, le ponen en la calle porque no hay trabajo, la burbuja se pinchó, y el Estado tiene que dedicar los pocos recursos que tiene, vía impuestos de los contribuyentes, a salvar a los bancos de la quiebra.

La última oportunidad para Mariano Rajoy

Se quejaba el otro día uno de esos indefinibles personajes madrileños de ignota filiación laboral pero de almuerzo diario en Horcher: “Estoy aburrido, chico. Es que con la que está cayendo no merece la pena ni salir a la calle: ahora es imposible robar un duro a nadie…” Es probable que los infinitos Correas de esta España nuestra hayan perdido algunos duros en Madoff después de repartir los “12.000 kilos que ganamos”, pero es seguro que el grueso de sus fortunas está a buen recaudo. Francisco Correa, hombre antaño muy cercano a Paco Álvarez Cascos, ha sido el organizador de todos los eventos del PP en los últimos 20 años, aunque la sociedad correspondiente, Special Events, es apenas la tapadera de un negocio de mayor porte. Álvaro Pérez –¡qué foto la de ayer en El País: esos zapatos marrones, ese habano en la siniestra, esas gafas oscuras, ese bigote a lo kaiser Guillermo, esa gomina, cuando se está dirigiendo a la ceremonia de la boda entre Alejandro Agag y Anita Aznar en El Escorial- es íntimo del yernísimo, encargado de colocar hasta las mesas del banquete de la famosa boda.

Las metástasis de este escándalo llegan muy arriba y se propagan en muchas direcciones. Una oportunidad, quizá la última, para que Mariano Rajoy demuestre su capacidad de liderazgo y la voluntad de cambio al frente del PP. Afloran ahora a la superficie los groseros errores de la segunda legislatura Aznar. La guerra de Irak no cabalgaba por montañas lejanas, no; estaba aquí mismo, en la lucha contra la corrupción galopante, en la regeneración democrática, en la continuidad de las reformas económicas de fondo que ya entonces reclamaba una economía recalentada como la española. La cobardía de Rajoy se tradujo después de marzo de 2004 en cuatro años lastimosamente perdidos, ya van cinco, en la tarea inaplazable de soltar lastre de tanto corrupto como se ha adherido a la epidermis del partido. Nada de eso hizo un hombre que, por toda explicación, justificó cuatro años después no haber movido ficha en que “no había podido disponer de su propio equipo”.

A estas alturas no valen discursos del tipo de que este episodio favorece al PSOE. La paradoja es cierta: en la crisis económica mas brutal que hemos conocido nunca, los escándalos estallan en la acera del PP, mientras el vecino socialista se troncha de risa viendo el drama tras las celosías, y Zapatero transita cual fantasma por el desierto de paro que es hoy España. No nos engañemos. La corrupción no es problema de un partido. Es un mal sistémico en la España actual. Pero los que no esperamos nada del socialismo, estamos obligados a reclamar de quienes se dicen defensores de los ideales liberales un mínimo común denominador de honradez imprescindible para circular con la cabeza alta por una democracia digna de tal nombre. Los pesimistas dirán que no merece la pena intentarlo, dando la razón a Gustavo Bueno cuando afirma que “es inútil debatir, hay que esperar, aguantar el chaparrón y preparar gente en el conocimiento de la historia y de la lógica para que se produzca una reacción”. Tal vez así sea, y tal vez nada se arregle hasta que al señor de Alcorcón no se le inflen las narices y decida actuar en consecuencia.