Un momento delicado en la vida de Emilio Botín

Que la Justicia española es escandalosamente lenta es cosa sabida hasta en el último rincón del planeta. Los hechos que han motivado la sentencia del Tribunal Supremo que ayer conmocionó la estructura del Banco Santander y, por extensión, de la banca y las finanzas internacionales, se originó en un lejanísimo 1994. Nada menos que 17 años de espera, tardanza que en el caso de la Justicia es farsa, porque bien sabido es aquello de que “Justicia tardía no es justicia o es la máxima injusticia”, que suelen argüir los manuales de Derecho.

El presidente del Santander, Emilio Botín, y el consejero delegado, Alfredo Sáenz (EFE).

Aquel año, y con Alfredo Sáenz como presidente del Banesto expropiado en diciembre de 1993, el hoy consejero delegado del Santander, con el concurso del abogado Rafael Jiménez de Parga, pretendió cobrar de forma injustificada a Pedro Olabarría y a los hermanos Luis y José Ignacio Romero un préstamo impagado de hasta 640 millones de pesetas que Banesto tenía concedido al Grupo Harry Walker, en suspensión de pagos, del que los citados eran accionistas minoritarios, sin que pudieran ser considerados deudores al no existir aval o garantía alguna de por medio.

Con la intervención, por aquello de acollonar al personal, del juez Pascual Estevill, después condenado y expulsado de la carrera judicial por meter a la gente en la cárcel a cambio de dinero, los citados fueron a dar con sus huesos en “el colegio”, que diría Javier de la Rosa, por unos días. A la salida de la trena, Olabarría produjo una de esas frases para la historia que nunca dejan de impresionar: “Voy a dedicar el resto de mi vida y mi fortuna a meter en la cárcel al responsable de este atropello, el señor Alfredo Sáenz”. El caso fue sobreseído libremente en su día, momento a partir del cual los afectados iniciaron procedimiento por acusación y denuncia falsa, además de estafa procesal continuada, proceso que ahora, más de 16 años después, está a punto de culminar.

La sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que en gran exclusiva de María Peral adelantaba ayer El Mundo, no solo valida sino que endurece la dictada el 29 de diciembre de 2009 por la Audiencia de Barcelona, al condenar a Sáenz a ocho meses de prisión, multa e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de banquero, como culpable de los delitos de acusación falsa y estafa procesal. La reacción del banco fue ayer de consternación, como es fácil imaginar, aunque de puertas afuera se extendió enseguida la consigna del cierre de filas y el intento de minimizar lo ocurrido: “No pasa nada, porque esto se recurre”.

El primer grupo bancario español ve de pronto seriamente amenazada la estabilidad de una cúpula directiva de la que siempre se dijo que era demasiado “corta”, demasiado “estrecha”, para la importancia adquirida por el Grupo Santander y su volumen de negocio

Ello aderezado con duros comentarios contra el diario El Mundo y su director, Pedro J. Ramírez -a pesar de las siempre buenas relaciones del aludido con la familia Botín-, en lo que no pasaría de ser una nueva versión del viejo intento de matar al mensajero. Ninguna de esas actitudes consiguió, sin embargo, disminuir un ápice la gravedad que lo ocurrido tiene para el primer grupo bancario español y uno de los primeros del mundo, que de pronto ve seriamente amenazada la estabilidad de una cúpula directiva de la que siempre se dijo que era demasiado “corta”, demasiado “estrecha”, para la importancia adquirida por el Grupo Santander y su volumen de negocio.

Un problemático recurso ante el Constitucional

La estrategia del banco parece centrada en el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional sin que, de momento, se sepa qué garantías de los condenados serán invocadas como violadas. El argumentario al hacerlo así se acogerá a la doctrina según la cual la presentación de dicho recurso paraliza automáticamente la ejecución de las penas privativas de libertad de corta duración, y con ello la inhabilitación, ello debido a que como el fallo sobre el amparo tardaría en producirse no menos de tres años, los condenados habrían tenido tiempo más que suficiente para cumplir la pena cuando aquel finalmente se conociera.

Conviene recordar, sin embargo, que aquella paralización exige  la previa admisión a trámite del recurso de amparo, asunto nada fácil, ni siquiera para el Santander, cuando el alto tribunal viene aceptando menos de un 2% de los recursos que se le plantean, además de estar dando de plazo entre uno y dos años para decidir al respecto. Todo ello debe necesariamente ser contemplado a la luz de una sentencia que, por ser del Supremo, es firme y, por tanto, debe ser ejecutada, perspectiva a partir de la cual algunas de las manifestaciones escuchadas ayer en el entorno de la Ciudad Financiera de Boadilla del Monte no pasan de ser un ejercicio de voluntarismo.

Si la sentencia de la Audiencia de Barcelona era grave, porque los términos contenidos en la descripción de hechos probados así lo atestiguan (“Sáenz tuvo perfecto conocimiento de los hechos y el dominio o poder de disposición sobre los mismos”), el fallo de ahora lo es aún más porque lo produce la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y porque lo hace en el marco de un recurso de casación, en el que ratifica el relato y revisa al alza la sentencia. Además de haberse inventado un pleito en el intento de recuperar una deuda, el tribunal le acusa de pretender instrumentalizar a la Justicia para legitimar su iniciativa mediante la interposición de una querella falsa, algo que en Derecho se llama estafa procesal.

El Santander y el daño reputacional

Acusación ciertamente relevante en el caso de quien está encargado de manejar cientos de miles de millones de dineros ajenos, oficio para el que tradicionalmente se ha exigido una honradez sin mácula. Por todo ello no es exagerado afirmar que Emilio Botín se enfrenta a uno de los momentos más delicados de su larga y exitosa trayectoria bancaria. A la luz de las turbulencias financieras que actualmente sacuden los mercados, parece, en principio, muy arriesgado afrontar el daño reputacional que mantener a Sáenz en su puesto implicaría para un banco global como el Santander, con accionistas de todas las latitudes y cotizando en las principales bolsas del mundo, ello a pesar, o al margen, de la manga ancha que el Banco de España pueda poner en práctica para la ocasión.

Alguien comentaba ayer sotto voce en la Ciudad Financiera que quizá Botín se equivocó al no tomar las decisiones oportunas cuando a finales de diciembre de 2009 se tuvo conocimiento de la sentencia de Barcelona. Porque mal que no mejora, empeora. Ahora las cosas se han vuelto más difíciles, entre otros motivos porque la eventual sustituta de Sáenz en la consejería delegada, Ana Patricia Botín, acaba de ser enviada a Londres para hacerse cargo del negocio británico, y devolverla ahora a Madrid por vía de urgencia pondría en evidencia la cortedad del banquillo antes aludida: desaparecido el portugués Antonio Horta y eliminado Sáenz, al banco no le quedaría más ejecutivo de primer nivel que la hija del dueño para tomar el relevo.

Otro comentario surgido ayer en idéntico lugar apuntaba a que el enganchón judicial de Sáenz no hará sino acelerar los mecanismos de reestructuración de la cúpula del banco, cuya necesidad había ya puesto de manifiesto la mencionada huida de Horta a la competencia británica. “Es un golpe muy duro, pero si se confirma la sentencia del Supremo, Alfredo no tendrá más remedio que irse”. El mundo financiero internacional estaba ayer pendiente del asunto. Y seguro que hoy seguirá en ello. Sin duda un momento delicado en la vida de Emilio Botín.