Las sombras (tergiversadas) de la sospecha

Se preguntaba ayer la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, si una vez que ANV “está ilegalizada por terrorista, forma parte de la lista europea de organizaciones terroristas, ¿tiene derecho a seguir estando presente en los Ayuntamientos?”. El sentido común dice que no, que una organización terrorista no puede gobernar un ayuntamiento, y que esto debería ser motivo más que suficiente para que, en cumplimiento del artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, se inste a la disolución de estos ayuntamientos, se nombre una gestora en cada uno de ellos y se convoquen elecciones municipales coincidiendo con las autonómicas.

 

Como dije hace unos días, se puede hacer, hay tiempo, sólo es necesario voluntad. Sin embargo, desde una determinada izquierda se sigue practicando una política de condescendencia, de cierto buenismo santurrón hacia el entorno político de ETA, como si en el fondo creyeran que estos chicos de la izquierda abertzale no son tan malos, que solo les falta un poco de cultura democrática. La manera de esconder esa actitud condescendiente es culpar al PP de crispar y de mala fe, sobre todo cuando es evidente que en este asunto el principal partido de la oposición le ha ganado por la mano al Gobierno. Lo hacía ayer Javier Pradera en El País, en un artículo memorable por lo habilidoso a la hora de tergiversar los hechos, pero el argumentario es el que utilizan estos días los paladines mediáticos del Gobierno, por lo que viene a cuento una respuesta.

Estas voces mediatizadas señalan al PP por poner en duda la sincera voluntad de Rodríguez a la hora de acabar con ETA. ¡Hombre! No es el PP el que duda sin venir a cuento. Hay que recordar que ya en otra ocasión en la que Rodríguez aparentaba ser el mayor enemigo de la negociación con ETA y un partidario entusiasta de la colaboración con el PP -cuando propuso el Pacto Antiterrorista-, al mismo tiempo daba carta blanca al presidente del PP vasco, Jesús Eguiguren, para que estableciera los contactos preliminares que luego darían lugar al llamado ‘proceso de paz’, y que fue Rodríguez quien, una vez en el poder, aparcó la política que él mismo había impulsado en la oposición y marginó al PP en un cambio de rumbo sin precedentes. Es más, sigue vigente un acuerdo del Parlamento de la pasada legislatura que autoriza al Gobierno a negociar si se dieran las circunstancias precisas para ello. Teniendo en cuenta que esas circunstancias nunca se dieron en la pasada legislatura y, aún así, se negoció, ¿Qué nos dice que ahora no vaya a volver a intentarse?

Señalado esto, es verdad que el Gobierno, aparentemente, ha rectificado su posición respecto a la de hace un año y medio. No hay pruebas de que esté negociando con ETA ni con su entorno, está deteniendo a terroristas en una proporción considerable, y después de haber permitido que ANV presentara listas en unos determinados ayuntamientos, finalmente instó a la ilegalización de este partido, y el Supremo no tardó mucho en proceder en consecuencia: ANV es ETA, y no cabe ninguna duda de que esto es así. “ETA también es el alcalde que tiene bastón de mando o una makila, como la llamamos nosotros”, decía ayer Antonio Basagoiti.

Ésa es una realidad dramática en el País Vasco, donde casi medio centenar de ayuntamientos viven sometidos a la mafia terrorista de la pandilla de canallas. ¿Por qué vamos a dejarles respirar? ¿Lo harían ellos por nosotros? ¿Por qué tanto interés de una parte de la izquierda en darle espacio a ETA? Tanto recurso a la ley, la ley por aquí, la ley por allá, y resulta que la ley permite la excepcionalidad de la disolución de estos ayuntamientos, y el Supremo se han encargado de dotar de contenido jurídico a la resolución del ministerio público si éste quisiera llevarla a cabo. Parecen más bien excusas, como la de agotar otras vías antes de llegar a esa… ¿Por qué, si la ley permite esa? Cosa distinta sería si, en efecto, fuera imprescindible la reforma legislativa, pero ésta ya se hizo en el año 2003. Y no estamos hablando de un partido político, sino de una organización terrorista. ¿Cuántas oportunidades tenemos que darles?

Los voceros del Pensamiento Único se preguntan por qué no esperar al trámite de ejecución de la sentencia del Supremo antes de acordar la disolución, pero eso nos lleva –el propio Pradera lo reconoce en su artículo- a que los concejales de ANV seguirían manteniendo sus actas una vez procedida la disolución del grupo municipal, que no del Ayuntamiento. Es decir, hacer un pan con unas tortas. No señor, de lo que se trata, lo que se está pidiendo aquí, es que ANV-ETA no esté de ninguna manera en las instituciones, y la única manera de conseguir eso es convocando unas nuevas elecciones que den lugar a una nueva composición municipal sin ETA en la misma.

¿Hay motivo? Si, en efecto, los 42 ayuntamientos de ANV han incurrido en el supuesto que atenta gravemente contra el interés general: “… los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares”. ¡Ah!, pero como contra esto hay pocos argumentos, entonces se dice que hacerlo supondría un seísmo político, que quedaría un paisaje desolador después de la batalla, etcétera, etcétera.