Ley de Igualdad de Trato, la última perversión de Zapatero

Al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero le quedan ya pocos meses de existencia, pero aún así parece empeñado en terminar de amargarnos la vida con

Al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero le quedan ya pocos meses de existencia, pero aún así parece empeñado en terminar de amargarnos la vida con leyes injustas que atentan contra las libertades fundamentales y suponen un ahondamiento mayor en ese principio relativista que ha impregnado de una nefasta ideologización buena parte de la andadura de estos ocho años. La última aportación a ese proyecto relativista se llama Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, aprobada hace poco más de una semana por el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes después de haber recibido el visto bueno de un Consejo de Estado cada vez más reducido a ser una mera correa de trasmisión de las intenciones gubernamentales. Es verdad que en términos generales el objetivo de la ley puede ser positivo en la medida que lo es también el fin de la no discriminación, pero al mismo tiempo el Gobierno y, en concreto, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, han utilizado la norma para aplicar una destructiva visión relativista que posiciona el fin de la igualdad colectiva por encima del fin de la libertad individual. Hay, de hecho, aspectos de la Ley, del proyecto de Ley, que amenazan muy gravemente libertades individuales básicas y entran directamente en conflicto con derechos esenciales de los ciudadanos.

La primera en alertar sobre estos extremos ha sido la propia Asociación de Editores de Diarios Españoles, la cual se ha mostrado sumamente crítica con el anteproyecto de Ley, por cuanto pretende realizar una concepción expansiva del derecho de igualdad que entra en conflicto con la libertad individual de los ciudadanos y adolece de una falta de concreción de las conductas consideradas discriminatorias y que pueden sancionarse con multas de elevada cuantía. Multas que pueden llegar hasta el medio millón de euros, una cantidad nada despreciable teniendo en cuenta que la naturaleza del delito sancionable vendrá determina por la arbitrariedad de la llamada Autoridad para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, con la que además los ciudadanos tendrán la obligación, obligación insisto, de colaborar cuando ésta lo requiera. Es decir, volvemos a un viejo conocido de este Gobierno que ya se manifestó con la Ley del Tabaco: la delación instigada desde los poderes públicos.

Es aquí, sin duda, donde la ley se vuelve más injusta y antisocial, ya que no solo niega ese derecho a los padres sino que potencia la exclusión, es decir, justo lo contrario de lo que se supone pretende la ley

Por poner un ejemplo, si un ciudadano quiere alquilar su casa y tras una selección descarta a varios candidatos, entre ellos algunos inmigrantes, éstos podrán denunciarle por discriminación y tendrá que ser el ciudadano el que demuestre que no existe una actitud discriminatoria en su decisión, pero es que además sus amigos, familiares y vecinos, a instancias de la Autoridad, tendrán obligación de colaborar en la aclaración del caso. ¿Se imaginan lo que podría decir, por ejemplo, un vecino que tenga con él algún pleito pendiente?

Pero es que, independientemente de la anécdota, la Ley choca en este caso con algo tan básico como es la libertad individual a la hora de tomar una decisión que no tiene consecuencias colectivas o públicas. Pero no es el único caso en el que se produce este conflicto, ya que el más grave de todos es, sin duda, la intención de la Ley de eliminar las subvenciones públicas a los colegios con educación diferenciada, anulando de manera absolutamente unilateral y arbitraria un derecho esencial de los padres: el de elegir la educación de sus hijos dentro de los parámetros de una educación universal y gratuita. Digo esto porque es aquí donde, probablemente, el informe del Consejo de Estado deja mucho que desear, ya que por un lado reconoce abiertamente que “la educación diferenciada, como modelo pedagógico, no puede considerarse -a la vista de las normas mencionadas- un supuesto de discriminación por razón de sexo”. Las normas mencionadas a las que se refiere son directivas de la UE y normativas de otros países de nuestro entorno en los que existe ese tipo de educación que el propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama, impulsa con una política de subvenciones estatales muy importante. Pero, por otro, el Consejo dice que la Ley no atenta contra la libertad de los padres a la hora de elegir la educación de los hijos, ya que permite que siga existiendo ese tipo de educación en el ámbito privado. Y es aquí, sin duda, donde la ley se vuelve más injusta y antisocial, ya que no solo niega ese derecho a los padres sino que potencia la exclusión, es decir, justo lo contrario de lo que se supone pretende la ley.

La pretensión del Gobierno de Rodríguez es que la Ley de Igualdad de Trato se tramite por un procedimiento de urgencia en el Congreso de los Diputados, de tal manera que en otoño estaría aprobada, evitando así la amenaza de unas elecciones generales anticipadas, y dejando como herencia la última de sus perversiones ideológicas para que tenga que ser, de nuevo, el PP el que la derogue y así poder acusar a la derecha de antisocial. Ya nos conocemos el paño. Pero lo cierto, insisto, es que se trata de una de las normas más perversas que haya podido aprobar este Gobierno, en consonancia con ese principio tan totalitario del relativismo de la uniformidad ideológica y la corrección política, un principio que actúa en contra de la libertad individual y, por supuesto, niega toda influencia de lo moral en los comportamientos colectivos y procura la destrucción de la dimensión espiritual del ser humano. La no discriminación, insisto, es un fin por el que vale la pena luchar, pero el fin no justifica los medios, sobre todo si los medios implican la negación de un fin más elevado como es la libertad individual. La única esperanza de que no se perpetre esta nueva afrenta gubernamental es que los grupos parlamentarios tomen conciencia de la barbaridad que supone esta ley, y se opongan a su tramitación urgente. Están en juego libertades esenciales, y todos tenemos la obligación de defenderlas.

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