La madre de todas las reformas

A principios del presente año, en un desayuno con un alto cargo de Presidencia del Gobierno, pregunté a éste cuál iba a ser la principal prioridad del Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2013, más allá, obviamente, de la salida de la crisis. Me contestó entonces que el proyecto estrella del Gobierno, aquel en el que se iban a invertir todos los esfuerzos necesarios y que se convertiría en el principal activo político de la primera legislatura de Mariano Rajoy, era la reforma de las Administraciones Públicas.

Es, probablemente, una de las exigencias más reiteradas por la ciudadanía, harta de una administración obsoleta que obliga al ciudadano a invertir cantidades ingentes de tiempo y de dinero en resolver cuestiones que en pleno siglo XXI no deberían ocupar más allá de unos minutos por internet. Una Administración ineficiente, que duplica e incluso triplica la prestación de numerosos servicios, acostumbrada a dar respuesta a los problemas creando otros nuevos, que ha permitido que a su epidermis se peguen como lapas miles de organismos y empresas públicas y privadas que sólo viven de absorber la substancia administrativa -o sea, el fruto de nuestros impuestos-, y que de alguna manera ha facilitado que a su costa se generalizara un clima de corrupción y despilfarro muy nocivo para la salud del sistema.

Había que corregir todo eso, y para ello Mariano Rajoy encargó a Soraya Sáenz de Santamaría que se pusiera al frente de una comisión de expertos que durante meses han realizado una auditoria a fondo de nuestra Administración Pública. Para que no haya equívocos, nunca formó parte de esta auditoría nuestro modelo de Estado, ya que esa es una cuestión política, sino que se trataba de analizar donde estaban las deficiencias del sistema y de encontrar las soluciones para racionalizarlo.

Es, sin duda, la propuesta de modernización de la Administración Pública más ambiciosa que se haya presentado en estos casi cuarenta años de democracia en España. Ahora falta saber si hay voluntad política para llevarla a cabo. Desde luego lo que sí hay es urgencia ciudadana

Fíjense, no se trata tanto de un problema de dimensión, por más que hayamos querido ver ahí la raíz de buena parte de nuestros problemas, sino de eficacia y de eficiencia. España tiene un sector público reducido en comparación con la media europea, y la única razón por la que ahora se ha visto obligado el Gobierno a meter la tijera es porque entre 2007 y 2012 el gasto público, aun estando por debajo de la media Europa, había crecido en casi siete puntos porcentuales sobre el PIB al tiempo que los ingresos caían diez puntos por debajo de la media de la UE. La segunda característica de nuestro modelo administrativo es su fuerte descentralización, lo cual complica necesariamente la adopción de medidas destinadas a mejorar su funcionamiento.

De hecho, este es el primer obstáculo con el que choca la reforma, ya que el ahorro previsto de más de 37.000 millones entre 2011 y 2015 depende en buena medida de la voluntad de las CCAA a la hora de reducir empresas y organismos públicos. Claro que para esto tiene el ministro Montoro en su mano la Ley de Estabilidad Presupuestaria que le faculta para meter en vereda a las autonomías que incumplan con sus objetivos de déficit…

Pero la gran novedad de la reforma no esta tanto en el ahorro en términos de gasto público, que va a ser importante sin duda, como en lo que va a suponer para los ciudadanos la adopción de medidas como las centrales de compra, la generalización de los trámites en internet, el portal único para la creación de empresas, la unificación de la información sobre concursos, la supresión de trámites o la convalidación de licencias… Más de 16.300 millones de euros que se quedarán en nuestros bolsillos.

El informe de los expertos recomienda la supresión de una parte fundamental del aparato político y administrativo actualmente duplicado, y hasta triplicado, en los tres niveles de la Administración: defensores del pueblo, Tribunales o Cámaras de Cuentas, agencias de protección de datos, juntas consultivas de contratación administrativa, tribunales administrativos de recursos contractuales, agencias de evaluación del ámbito universitario, agencias de la energía, agencias de meteorología, órganos de inspección de aeropuertos, institutos de opinión, servicios cartográficos u órganos de defensa de la competencia… Y un largo etcétera.

Se incluyen casi 120 medidas para acabar con duplicidades y se proponen otras para reducir la presencia -que no el peso- política de las autonomías, como la reducción del número de diputados autonómicos. ¿Es suficiente todo esto? Es, probablemente, mucho más de lo que cabía esperar, aunque hace falta que se concrete en proyectos de ley que lo desarrollen. Falta, en mi opinión, una reforma en profundidad de la estructura de diputaciones provinciales, actualmente configuradas como instituciones políticas cuando en muchos casos deberían desaparecer y, en otros, convertirse en unidades administrativas al servicio de los ayuntamientos más pequeños o con mayores problemas económicos para cubrir las necesidades de sus ciudadanos.

Dicho lo cual, la propuesta es ambiciosa. Es, sin duda, la propuesta de modernización de la Administración Pública más ambiciosa que se haya presentado en estos casi cuarenta años de democracia en España. Ahora falta saber si hay voluntad política para llevarla a cabo. Desde luego lo que sí hay es urgencia ciudadana.