¡Jodemos!

Perdónenme por el titular, pero tiene mucho que ver con el texto de este post y confío en que sepan comprenderlo. El lunes en rueda de prensa tras la reunión habitual de la Dirección del PP, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, dijo que su partido había dado una respuesta contundente a la corrupción y que no se podía hacer más de lo que se está haciendo. Criticó, también, a esos “cobardes anónimos” que van diciendo por ahí que hay que hacer cambios en la Dirección, principalmente ella y Rajoy.

Déjenme que empiece por lo segundo porque tiene toda la razón Cospedal en esa queja. Es verdad que en el PP ha habido un desplome del ánimo colectivo y que hay mucha gente que se pregunta si con sus actuales dirigentes se puede seguir adelante, aunque luego esa crítica no surge en los órganos de gobierno donde esos mismos callan… Pero no es justa, porque, se diga lo que se diga, lo cierto es que ni Rajoy ni Cospedal tienen en su haber otra cosa que no sea haber hecho frente a una serie de casos de corrupción heredados de una época anterior de la cual sus responsables permanecen todavía ocultos y guardando un despreciable silencio.

¿Han cometido errores en este camino? Sin duda alguna, y algunos de ellos derivados de los consejos envenenados de quienes sí que conservan lugar en la actual Dirección y hace tiempo que deberían estar ya dedicados al cultivo de las amapolas, políticamente hablando, claro. Ahora bien, dicho esto, es verdad que estamos viviendo lo que se ha dado en llamar un otoño negro de la corrupción y que, sin embargo, desde el poder se ha reaccionado tarde, mal y con cierta sensación de improvisación fruto del shock. ¿Se ha hecho todo lo que se podía y debía hacer? No. ¿Se puede hacer más? Sí.

De entrada, es necesario que el Ejecutivo recupere el pulso político y eso depende no solo de Rajoy, sino de la persona encargada de coordinar las distintas áreas del Gobierno y de darle contenido a su discurso: Soraya Sáenz de Santamaría. Parece que la vice, demasiado enfrascada en evitar que nada le salpique, acaba siempre por trasladar los marrones a Génova 13, cuando debería ser el Ejecutivo el que plantara cara a asuntos como este. Porque lo que está en juego es mucho, no solo la victoria o derrota electoral de un partido, sea el PP o el PSOE, que me da igual, sino la supervivencia misma del sistema, y de ahí mi titular del post.

Si como dicen las encuestas –y yo creo que hay un poco de ‘estrategia del miedo’ en darle tanto ímpetu electoral a Podemos– el partido de Pablo Iglesias se perfila como ganador de las elecciones, lo que va a pasar es que se van a llevar por delante un sistema político que con sus carencias y sus errores ha funcionado razonablemente bien durante cuarenta años, y nos ha dado uno de los periodos más largos de estabilidad política y paz de nuestra historia. ¿Se pueden hacer cambios? Sí, pero lo que no se puede es romper con todo, porque entonces estaremos, de verdad, y perdonen la expresión, jodidos, en manos de una pandilla de radicales fascistas antisistema que no quieren ni oír hablar de Transición, de Reconciliación, de Concordia… De todo lo que nos ha hecho libres e iguales durante casi cuatro décadas.

Pero buena parte de la culpa de que esto sea así la tienen unos partidos políticos que nacieron en la Transición con más poder del que debían –fruto de haber estado perseguidos durante cuarenta años de dictadura–, y que no han sabido establecer los controles suficientes para evitar lo que ahora estamos viviendo. El abuso de ese poder ha saturado a los ciudadanos, que ahora responden a sus políticos en la misma medida, y eso hace que el listón esté más allá de toda lógica y que en realidad tengan que pagar justos por pecadores, pero es lo que hay. La limpieza interna debe ser total y absoluta, y sin espacios a la ‘comprensión’. Cualquier político imputado o al borde de serlo debe ser expulsado de su partido inmediatamente, sin excusas.

¿Es justo? No, pero tampoco lo ha sido que durante tanto tiempo se haya mirado hacia otra parte. Esa es la respuesta fundamental, y sin ninguna clase de excepciones, llámense esas ERE de Andalucía, Gürtel, Alicante, Orense, Lugo o lo que sea. Allí donde haya un imputado o un político a punto de serlo, debe pasarse la fregona con lejía. Y a partir de ahí, a tomar medidas… Y no basta con esa ley del Estatuto del Alto Cargo y cosas así: medidas que entienda la gente, penas de prisión, obligación de devolver lo robado… Y si el PSOE propone 33 medidas, el Gobierno debe aceptar esas 33 y otras 33 más si hace falta.

No puede haber más complacencia ni más permisividad. Se debe actuar con una contundencia como nunca hasta ahora se había utilizado, porque es la única manera de frenar el avance de la desafección, y todo lo que conllevan. Es decir, los políticos deben dejar de jodernos, para evitar que vengan otros a jodernos todavía más.