Y Bárcenas sale para amargarle la campaña al PP

En el escrito de la Fiscalía Anticorrupción que da el primer paso para la apertura de juicio oral de la primera parte del 'caso Gürtel', se piden altas penas de prisión para el extesorero del PP Luis Bárcenas y para sus socios en la red de corrupción que le hizo inmensamente rico. Pero solo se acusa al PP de una responsabilidad civil de poco más de 300.000 euros como beneficiario a título lucrativo de las actividades delictivas de Bárcenas.

¿Qué significa eso? Pues básicamente quiere decir que el PP no tenía conocimiento de esas actividades delictivas y que sencillamente se benefició por esa cantidad –irrisoria teniendo en cuenta que hablamos de cientos de millones de euros como parte del botín– y que ni siquiera puede decirse que la misma formara parte de los famosos ‘sobres’ con los que tanta tinta se ha derramado en los periódicos y tanta verborrea en los medios audiovisuales, especialmente algunas tertulias de televisión.

Eso es lo que dice el fiscal, lo cual no quiere decir que el juicio finalmente desvele alguna cosa más. Pero, hoy por hoy, el único o los únicos beneficiarios a título delictivo de sus actividades fueron el propio Bárcenas y la trama de Correa, y al menos en esta parte del caso no aparece por ningún lugar atisbo alguno de financiación ilegal del PP ni de enriquecimiento ilícito del resto de sus dirigentes. Dicho lo cual, y para que nadie me reproche nada, me mantengo en lo afirmado en anteriores ocasiones: todo esto ocurrió en un periodo concreto de la vida del PP, y quienes entonces estaban al frente de aquella Dirección deberían dar explicaciones y asumir sus responsabilidades, cuando menos por omisión.

Y, sin embargo, el 'caso Bárcenas’ va a seguir dando guerra al PP en los meses venideros, especialmente ahora que de manera inesperada la Audiencia Nacional ha decretado su libertad bajo fianza. Es cierto que Bárcenas llevaba mucho tiempo en la cárcel, casi dos años, sin haber sido sentenciado, lo cual supone una condena previa quizás excesiva para cualquier persona y algún debate sobre el alcance de la prisión preventiva debería haber en nuestro país.

Pero, dicho eso, no deja de sorprender que existiendo las mismas circunstancias que llevaron a la Justicia a rechazar sus anteriores peticiones de libertad –riesgo de fuga, de destrucción de pruebas…–, ahora la Audiencia haya cambiado de opinión. Y que ese cambio de opinión coincida con el inicio de una precampaña electoral que se presenta muy dura y complicada para un Gobierno y un partido que sufren un extraordinario desgaste, tanto por las medidas económicas que ha tomado durante este tiempo como por los casos de corrupción que le afectan, puede ser una casualidad. O no.