Sobre por qué nos hemos convertido en perros de presa

Sé que no va a ser políticamente correcto escribir estas líneas, porque lo que se lleva hoy es justo lo contrario de lo que voy a plasmar aquí, pero considero necesario hacer esta reflexión cuando desde los principales ámbitos de la vida pública –política y prensa fundamentalmente– se está ejerciendo una especie de caza de brujas contra todo aquel sobre quien recaiga las más ligera sospecha, por mínima e, incluso, injustificada que esta sea, de corrupción. Cualquiera que haya seguido mi trayectoria y no esté cegado por alguna clase de revanchismo o animadversión sabe, a ciencia cierta, que jamás justificaría comportamientos inadecuados y que he sido siempre el primero en condenarlos.

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Pero no voy a entretenerme en justificaciones. En este país nos hemos vuelto locos, nos hemos cargado de manera absolutamente infame la presunción de inocencia y a quienes no nos corresponde ejercer ese papel nos hemos convertido en justicieros o vulgares cazarrecompensas. Los medios de comunicación tenemos una responsabilidad enorme a la hora de haber convertido el Estado de derecho en una vulgar pocilga en la que todo vale, aunque ese todo vale se pueda llevar por delante vidas enteras, matrimonios, amistades, puestos de trabajo... Conozco algún caso, y no voy a dar nombres, en el que esos supuestos corruptos a los que la orgía depredadora de los medios de comunicación ha condenado sin darles opción a la legítima defensa ha tenido que acabar pidiendo dinero a sus hijos estudiantes para poder sobrevivir.

Eso sí, en las páginas de los periódicos aparecen como orondos multimillonarios cuyas fortunas son fruto de la especulación, la malversación, el cohecho, el tráfico de influencias… Y si un día un juez les levanta la imputación y sus delitos se quedan en nada sencillamente pasaremos página, no pediremos perdón y dejaremos que el olvido caiga sobre ellos como condena por, al menos, haber sido sospechosos a ojos de los perros de presa de los medios y sus propios compañeros de partido. Porque, no se crean, los compañeros de partido, los antiguos amigos que les daban palmaditas en la espalda, son los más fieros depredadores de estas víctimas del totalitarismo mediático.

Nos hemos cargado de forma infame la presunción de inocencia. A quienes no nos corresponde ejercer ese papel nos hemos convertido en justicieros

Ya se que a ustedes les da igual, porque en definitiva todos formamos parte de la tragicómica obsesión por buscar culpables de cuanto delito de corrupción se nos ocurra que puede llenar las páginas de los periódicos, las webs o las portadas de los telediarios: la corrupción vende y alimenta el odio y el ensañamiento de una sociedad castigada por la crisis y la penuria económica que ve en los políticos corruptos la raíz de todos sus males. Y claro que hay políticos corruptos, y claro que hay que ser inflexible con la corrupción y castigarla duramente. Pero en una sociedad moderna y en constante progreso, la presunción de inocencia y el derecho a la legítima defensa deben estar muy por encima de linchamientos colectivos propios de sociedades tribales.

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No somos salvajes, aunque nos comportemos como tales. Se supone que somos seres racionales, capaces de analizar y de impartir justicia, no alimañas dispuestas a alimentarnos de la carroña. Y, sin embargo, nos comportamos como tales. Es hora de que los partidos políticos reflexionen sobre qué sociedad queremos, si una sociedad vengativa o una sociedad justa. Y en una sociedad justa las condenas o no condenas las imparten los jueces, no los periodistas o los diputados que en muchos casos ocultan comportamientos igual de obscenos que los de aquellos a los que empujan al ostracismo o sirven en bandeja como alimento de las hienas.

Hacerlo de otra manera, condenar sin haber respetado los derechos esenciales de cualquier persona, nos denigra como sociedad, y no es sino otra forma de corrupción incluso más dañina porque erosiona los cimientos morales sobre los que se erige nuestro modelo de convivencia. Y me dirán ustedes: “Los corruptos también destruyen la moralidad pública”. Por supuesto, nadie pone eso en duda, pero para el verdadero corrupto, el que lo es por sentencia judicial, existen penas condenatorias. Pero para quien condena sin haber respetado los derechos esenciales de presunción de inocencia y de legítima defensa, no existe sanción alguna. Esa corrupción no tiene castigo y por eso estamos más obligados a denunciarla, aunque –como sé que me va a ocurrir hoy a mí–​ haya muchos que no lo entiendan.