La corrupción y la política

Basta con mirar lo ocurrido con las primeras designaciones de Obama para comprender que el propósito de enriquecerse al margen de la ley, suele saltarse sistemas mucho más exigentes que el nuestro. No deberíamos consolarnos, sino tratar de evitar que la política española se desarrolle en unas condiciones que permiten un altísimo grado de ineficiencia y de corrupción. Veamos:

1.    Los políticos gozan de un nivel de opacidad realmente sorprendente. Es una tarea de titanes comprobar cómo se ha gestionado efectivamente el gasto público: el Parlamento no lo hace más que en una medida mínima. Los sistemas de control de las cuentas públicas no tienen tampoco energía ni medios suficientes. Es difícil que cualquier delito al respecto pueda ser descubierto y probado.  

2.    La forma de financiación de los ayuntamientos es un auténtico vivero de arbitrariedades, cohechos, fraudes y conspiraciones contra el interés público, siempre bajo el manto retórico de una doctrina interventora.  Ni aunque fuesen honrados a carta cabal el cien por cien de los políticos, lo que superaría cualquier previsión sensata, se conseguiría evitar que la posibilidad de cambiar de modo enteramente arbitrario el valor del suelo, dejase de ser un enfangadero en el que se han pringado miles de personas. ¿Cuántas condenas ha habido?  Cuando se conoce el tren de vida de algunos ex responsables de urbanismo es imposible no pensar en el latrocinio practicado, a veces con la cínica disculpa de estar ayudando al partido de sus amores. Si se piensa en el origen municipal de muchas grandes fortunas del ámbito de la construcción se experimenta idéntico asco.

3.    La Justicia es notoriamente vaga a este respecto. En cualquier país políticamente decente, la acusación hecha por Pascual Maragall a Artur Mas, en pleno debate parlamentario, acusándole de corruptelas sistemáticas en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, habría supuesto una auténtica movilización de los poderes judiciales. Aquí no se pasó del “tú más” porque es una evidencia que las supuestas corrupciones solo se persiguen cuando se cumplen dos condiciones, en primer lugar, que deriven de una pelea interna entre los beneficiarios y, por último, sólo cuando el adversario político le convenga airearlo, lo que es como decir que la mayor parte de las veces se prefiere echar tierra sobre los asuntos para que no se escandalice el vecindario. La Justicia no suele investigar esta clase de asuntos porque hay un espeso manto de intereses con terminales en todas las fuerzas políticas. La nula separación de poderes no ayuda nada.

4.    La ausencia de una prensa no partidista completa la clausura del sistema. La mayoría de los periodistas investigan poco y mal, se limitan a trasmitir lo que se les entrega y se tragan cualquier historia estúpida con tal de que favorezca los intereses de sus amigos políticos. Muchos medios juegan a lo que juegan, sin ética y sin independencia, olvidando que deberían servir únicamente al público. Así les va. La prensa ataca y defiende, pero raramente muestra o demuestra nada. Las informaciones que se nos ofrecen como grandes exclusivas no pasan, en tantas ocasiones, de ser torpes montajes que avergonzarían a cualquiera con un poco de exigencia crítica, pero así son las cosas.

5.    Por último, la moral pública no condena la mentira y, con frecuencia, venera de forma idiota al que muestra éxito y poca vergüenza. Una de las pocas noticias que vi en la televisión americana sobre España se refería, para pasmo del redactor y de los espectadores, al hecho de que a un personaje que había atracado meses antes un furgón bancario, y que, por supuesto, estaba tranquilamente en la calle, la televisión pública le había ofrecido la oportunidad de actuar en un programa musical para aprovechar su fama.  

Tiene todo esto remedio. Difícil, pero lo tiene. Sería necesario, para empezar, que cobrásemos conciencia de la necesidad de robustecer los controles, tal vez introduciendo la sana costumbre de las audiencias para el nombramiento de ciertos cargos, y dando una publicidad mucho más fuerte a toda la información disponible sobre el destino del dinero público.  Lo decisivo será, sin embargo, que el electorado pueda comprobar que los partidos se toman en serio estas cosas, en lugar de limitarse a tapar sus vergüenzas.

El PP, en particular, está ahora mismo en candelero y corre el peligro de equivocarse gravísimamente si permite que se tenga la idea de que está más preocupado por su decencia corporativa que por aclarar absolutamente a fondo las vergüenzas de los que han traicionado a sus electores, olvidándose de la ley y de los intereses colectivos de los ciudadanos a los que representan. No es precisa mucha imaginación para poner en marcha un programa serio capaz de introducir mayores controles y decencia en las cosas públicas, pero hace falta un liderazgo fuerte y más allá de cualquier sospecha para atreverse a ponerlo en marcha.