Los condenados por el caso Malaya se dan a la fuga... y a la buena vida

La lentitud en la Justicia sigue siendo un grave problema en este país. Mientras el Supremo revisa esta semana la sentencia del caso Malaya sobre la trama de corrupción en Marbella y analiza los recursos presentados por las partes, los sentenciados se dan a la fuga para no ingresar en prisión.

Es el caso del último prófugo, Andrés Liétor, que se autodenomina ‘doctor Malaya’ y que lleva desde mayo con una orden de búsqueda e ingreso en prisión después de que el tribunal no le pudiera comunicar, "ni a través de su abogado ni en su domicilio", que debía entrar en la cárcel por una sentencia firme a raíz de un delito fiscal.

El empresario ahora en paradero desconocido y amigo del cerebro de la trama de corrupción de Marbella, Juan Antonio Roca, fue condenado por el caso Malaya a seis años y tres meses de cárcel y a multas de 4,7 millones de euros por delitos de cohecho, blanqueo y fraude. El Supremo tenía que estudiar su recurso precisamente hoy. La orden de busca e ingreso en prisión es por otro asunto pendiente –con sentencia firme–, al que ahora se uniría la pena de Malaya.

Su círculo más cercano localiza su paradero en Santo Domingo, donde tiene intereses empresariales. Y mientras el Alto Tribunal sigue con su trabajo, el fiscal Juan Ignacio Campos se queda solo al reclamar que se eleven las penas para todos los condenados en “el caso de corrupción más importante que ha conocido la sociedad española”.

De los 95 acusados, casi la mitad fueron absueltos. Ahora de nuevo la Fiscalía se rasga las vestiduras y pide para el cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, el aumento de la pena de 11 a 18 años de cárcel, mientras la defensa del exasesor de urbanismo sigue con su “erre que erre” en contra de la instrucción que condenó a su cliente, y solicita la nulidad.

El fiscal Campos afirma que el fallo dictado por la Audiencia de Málaga es “blando” y denuncia el “buenismo” de la sala al haber sucumbido a todas las “argucias” legales de la defensa para atenuar las penas. En concreto, citó el atenuante aplicado a Roca por una confesión que no aportó nada a la Justicia que no supiera ya.

Mientras la Sala Segunda del Tribunal Supremo dirime en vista pública los recursos de las sentencias de la Audiencia Provincia de Málaga, algunos de sus recurrentes se dan a la buena vida por los lugares más in de Madrid. Es el caso de la socialista García Marcos, considerada el 'azote del GIL', hasta que en 2003 dio un giro inesperado a su carrera política y se alió con gilistas para la moción de censura.

Desde entonces, su vida ‘a lo loco’ la ha marcado. Ayer, mientras los magistrados resolvían qué hacer con su causa, ella se ponía morada con los platos de moda en Otto el santuario gastronómico de Rosauro Varo, hijastro del consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera.

La cuenta media de este establecimiento de reciente apertura en la capital no es asequible para todos los bolsillos, hecho que no parece preocupar a la exteniente de alcalde. Ni esto ni los cuatro años de prisión a los que ha sido condenada por los delitos de cohecho pasivo y alteración de precios de concursos, por los que la Fiscalía le atribuía haberse llevado más de 310.000 euros en comisiones ilegales.

Si llegara a ratificarse esta sentencia, la pondría irremediablemente a régimen en prisión, tras el sobrepeso que ha cogido en sus días de vino y croquetas de setas y jamón.