Uber busca agencia de lobby para convencer al PP y a Podemos

Uber, que aterrizó en España poniendo patas arriba al sector del taxi, quiere empezar a hacer las cosas de forma más diplomática. Además de contratar el pasado mes de mayo a Ildefonso Pastor, un joven exdiputado del PP como responsable de relaciones institucionales, la plataforma de transporte con vehículos privados entre particulares, ha abierto un proceso para elegir a una agencia de lobby que le ayude a convencer a los distintos grupos políticos para que le permitan legalizar su negocio.

La semana pasada, Uber se reunió con las distintas empresas de comunicación y grupos de presión para, en base a una documentación facilitada por la propia compañía, escuchar sus propuestas para solucionar el conflicto con el gremio del taxi y con las autoridades. La empresa californiana, que en su última ronda de financiación alcanzó una valoración de 62.000 millones de dólares, tras recibir una inyección de 3.600 millones de Arabia Saudí, quiere que una agencia de lobby le ayude a poner en orden un servicio que se considera competencia desleal y que ha provocado un verdadero incendio con el Ayuntamiento y con la Comunidad de Madrid.

La intención de Uber es pasarse al modelo de Cabify, que opera mediante licencias de vehículos con conductor o VTC. Pero el problema es que la administración que dirige Cristina Cifuentes no puede dar actualmente más autorizaciones para arrendar vehículos al existir una situación de desequilibrio entre el número de éstas y el de transporte público de viajeros en turismos o taxi, regulado por el Ayuntamiento de Manuel Carmena. En la actualidad, la ley permite conceder una VTC por cada 30 de taxis, pero se sospecha que en realidad hay una por cada diez, motivo por el que esa vía para legalizarse está más que difícil.

En Uber son conscientes de que la guerra declarada contra el gremio del taxi les coloca en una situación compleja, que a la vez incomoda a los políticos. Aunque hasta la fecha la mayoría de los grupos del Congreso ha mirado para otra parte, Podemos si que incluyó en su programa electoral la oposición frontal a esta empresa de transporte, al considerar que atenta contra el sector regulado de los taxistas y el sistema fiscal, al desconocer cómo cumple con sus impuestos en España.

La actividad de Uber, que desembarcó en España en abril de 2014, fue prohibida por un juez a finales de ese mismo año, lo que obligó a suspender su negocio. En mazo de este año volvió a la calle al cambiar su modelo de negocio y ofrecer desde su App vehículos con licencia y conductores profesionales, las conocidas VTC. Pero al haber apenas 1.500 VTC sobre un parque de taxis próximo a los 16.000 coches solo en Madrid capital, su capacidad de crecimiento es muy reducida. Motivo por el cual quiere que un lobbista convenza al PP y a Podemos para buscar una solución que contente a todos.