Debate laboral (I)

Escribe el Profesor Sagardoy Bengoechea un excelente artículo para un debate laboral, publicado en el número 6 de la revista El Cronista (Ed. Iustel). La publicación es una excelente revista jurídica, ciertamente para especialistas, pero que desde luego vale lo que cuesta, no sólo por la extraordinaria calidad de los autores que escriben en ella sino por lo valioso de sus planteamientos, hechos con enorme conocimiento de causa y con audacia y ambición de cambio: algo imprescindible en los tiempos que corren.

No se quiere dejar de acercar a esta sencilla columna algunas de las reflexiones de tan experto autor, que con razón no deja de augurarnos un esfuerzo por adaptar nuestro mercado laboral al nuevo entorno global. Empero, no puede dejar de sentirse que cuanto antes se hagan esos cambios, menos durará la travesía del desierto. La consideración del autoempleo, la valoración de la flexibilidad y el análisis preciso alejado de cualquier demagogia van a ser cruciales para superar los dos factores que lastran la vida laboral de los españoles: la temporalidad y el desempleo. No se olvide que nuestra mejor tasa de paro, en torno al 8%, coincide con la peor de EEUU y con la media europea en plena crisis. O como dice el Profesor Sagardoy: hasta tres millones de parados tenemos un problema económico; entre tres y cuatro millones un problema social; y con más de cuatro, un problema de orden público.

La reforma laboral no puede dejar de plantearse en conexión con otras reformas: fiscal, de la Seguridad Social, educativa, institucional y de cargas administrativas, así como de las estructuras de producción, empezando por más inversión pública productiva y mayor eficiencia en servicios esenciales.

Se apoya Sagardoy en unas líneas de Juergen Douges que no pueden dejar de traerse a colación: “…quienes enarbolen ahora la bandera del menos mercado y más Estado, aplican el famoso concepto Nirvana, en el cual el Estado desempeña el papel de un actor bondadoso e infalible y único capaz del bienestar para todos y [de] velar por los principios morales. Tienen toda la evidencia empírica en contra. Con expectativas racionales de los agentes económicos, este concepto neoestatista es totalmente absurdo. Como también es absurdo hablar de un capitalismo salvaje cuando el Estado domina casi la mitad de la economía…”. No cabe duda de que caminamos hacia la “flexiseguridad”: una mezcla entre la visión anglosajona y la continental.

Hace referencia el artículo a un estudio inédito del Profesor Gómez Egea (IESE) sobre las cinco grandes reformas laborales de la etapa constitucional, que resulta tremendamente útil conocer, a fin de saber qué puede esperarse según la iniciativa.

Con una tasa de paro que rozaba el 22%, la primera reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1980 se produjo por Ley de 2 de agosto de 1984, introduciendo el contrato para el fomento del empleo, contrato de tres años de duración que tendría como principal resultado un aumento de la temporalidad en el empleo que no ha logrado atajarse desde entonces.

La segunda y más profunda de las reformas laborales fue la de 1994. Se llevó a cabo sin consenso entre el Gobierno socialista y las fuerzas sociales -sindicatos y empresarios- y con el paro en un máximo histórico del 24.2%. El objetivo era doble: reducir la temporalidad y la tasa de paro. Con el primer fin se suprimió el contrato de fomento del empleo, aunque ello no redujo la temporalidad sino que la empeoró en un millón de contratos. En efecto, el empresariado se refugió en el contrato eventual y en los contratos de obras y los de servicios, que nos acompañan desde tiempos de los romanos (lo que prueba que funcionan). Sí se logró una cierta reducción del paro, aunque influyeron otras muchas circunstancias. Lo que se introdujo fue también una demanda de mayor flexibilidad en los mercados de trabajo.

Las reformas tercera y cuarta se hicieron en 1997 y 2001, ambas bajo gobiernos del Partido Popular y en consenso con los agentes sociales. La reforma de 1997 introdujo el contrato para el fomento de la contratación indefinida, uno de los instrumentos de mayor éxito de toda la etapa constitucional, pues aunque en principio era un contrato precario, logró un millón y medio de contratos con vocación indefinida. Su posterior supresión en absoluto redujo la temporalidad, sino todo lo contrario.

La reforma de 1997 partía de una EPA al 21.60% y logró reducirla al 13.40%, aumentando el número de ocupados a la vez que frenaba la temporalidad. Una de las claves del éxito del contrato para el fomento de la contratación indefinida fue la reducción de la indemnización por despido a 33 días por año trabajado. Por su parte la reforma de 2001 vio aumentar la ocupación total, bajó la EPA al 10.6% y mantuvo el freno puesto en la temporalidad.

La quinta reforma, de 2006, se hizo con el consenso entre el Gobierno socialista y los agentes sociales. Con el fin de promover la transformación de contratos temporales en indefinidos se fijaron una serie de subvenciones y bonificaciones operativas desde principios de junio de ese año hasta el enero de 2007, momento a partir del cual, acabados los incentivos, la temporalidad volvió a dispararse, manteniéndose en el 30% como media.

La valoración global de las reformas que hace el Profesor Gómez Egea es esencialmente negativa, pues la reducción del desempleo y de la temporalidad no se han alcanzado. Ésta se perfila como un mal endémico cuyas causas profundas no acaban de atacarse y por otro lado, la globalización hace forzosa la mejora de la competitividad si se quiere crear empleo en absoluto.

No cabe duda que la coyuntura económica de un país es determinante para su mercado de trabajo: debemos pasar de un modelo basado en el empleo y la construcción, ambos muy cíclicos e intensivos en mano de obra, a otro basado en el conocimiento, lo que impone innovación, investigación y formación continua de los trabajadores. Además los costes laborales deben ser tales que no desincentiven la inversión en España. Asimismo será necesario reinterpretar las conquistas sociales de los trabajadores en un nuevo entorno. Es el caso de la polivalencia funcional frente a la rigidez clasificatoria que, propia de una legislación pretendidamente proteccionista del trabajador, sólo acaba yendo contra él, limitando sus posibilidades de promoción, su abanico laboral y en suma, su empleabilidad.

Como decía Willy Brandt a quien cita Sagardoy: “el mejor camino para hacer previsiones sobre el futuro es configurándolo”.