¿Alguien me hace un informe que diga...?

En su último informe anual, el Banco de España propone medidas tan valientes como contratos por debajo de las de convenio o la supresión del salario mínimo para los trabajadores “con mayores dificultades para su empleabilidad”, por no hablar de los ajustes en nuestro sistema de pensiones. Se trata de recomendaciones que formula al Gobierno, preocupado, según parece, por la gravedad de la situación que atraviesa el mercado laboral  y la inutilidad de su última reforma laboral (otros pensamos que más que inútil ha sido perniciosa), las cuales harían necesarias, desde su punto de vista, una o varias vueltas más de tuerca.

La respuesta del Ministro de Economía Guindos ha sido como para quedarse absolutamente perplejo. Después de precisar que el Gobierno tiene su propia “hoja de ruta”, ha subrayado la “independencia” del Ejecutivo respecto al supervisor. ¿De verdad necesita el Gobierno recordar que es independiente respecto al Banco de España?

Por más que miro y remiro las funciones de esta institución, recogidas en el artículo 7 de la Ley 13/1994, de 7 de junio, de Autonomía del Banco de España, no encuentro dónde se le atribuye facultad alguna en orden a dirigir, recomendar o proponer a un Gobierno, que emana de las Cortes Generales, las cuales a su vez representan al pueblo español, cuál debe ser su política económica, y por supuesto, tampoco a supervisarla. Cierto es que, a estas alturas, estamos más que acostumbrados a que cada cierto tiempo el gobernador de turno de nuestro Banco emisor salte a la palestra política para impartir su sabia doctrina a diestra y siniestra, según quien gobierne en cada momento. Tan acostumbrados, que ni siquiera nos planteamos ya si debería hacerlo o si entra dentro de sus competencias.

No seamos ingenuos, lo que está haciendo el Banco de España es hacerle el trabajo sucio al Gobierno

En realidad donde debería concentrar el Banco de España sus esfuerzos de supervisión no es en el Gobierno, sino en nuestro sistema financiero, para “promover su buen funcionamiento y estabilidad”, como sí establece expresamente el anteriormente citado artículo 7. Es más, la experiencia reciente en este campo, donde a la vista está que ha fracasado estrepitosamente, aconsejaría que prácticamente no se dedicara a otra cosa. ¿Y por qué ha fracasado? Sin duda, algo tendrá que ver con el clarísimo sesgo ideológico en política económica con el que tradicionalmente se elige a sus máximos responsables, gobierne quien gobierne. La derecha tal vez por convencimiento, y la izquierda porque ya se sabe que estas cosas de los bancos quienes las entienden son los de derechas. Es la única explicación de que no se tomaran las medidas pertinentes ya en 2006, cuando sus propios inspectores advirtieron al entonces gobernador Caruana de la necesidad de hacerlo: "Los inspectores del Banco de España no compartimos la complaciente actitud del gobernador ante la creciente acumulación de riesgos en el sistema bancario español derivados de la anómala evolución del mercado inmobiliario nacional durante sus seis años de mandato", decían ya por entonces. A Caruana le nombró el PP y a Miguel Ángel Fernández Ordoñez, el PSOE. Y ninguno de los dos tuvo éxito en su función primordial, por decirlo suavemente, aunque no ahorraran consejos y recomendaciones, cuando no altivas reprimendas, en otros ámbitos mucho menos de su competencia. El actual, Luis Linde sigue por el mismo camino. ¿O es que acaso la explicación de este fracaso se encuentra en cambio, en que a la hora de seleccionar a los señores que dirigen el banco emisor nos equivocamos de perfil y de especialidad? Porque lo que está claro es que se expresan con tal seguridad sobre cuestiones tales como el empleo y las pensiones que parecería que saben mucho más de estas materias que de las que tienen realmente encomendadas.

Por otra parte, y bien mirado, tal vez no sea tan absurda o innecesaria la respuesta del ministro Guindos, cuando subraya la independencia del Gobierno respecto al Banco de España. Puede que lo haga desde la perspectiva de que éste a su vez ejerce sus funciones como miembro del Sistema Europeo de Bancos Centrales, o dicho de otra forma, como una especie de sucursal en España del Banco Central Europeo, y eso sí que son palabras mayores, pues nadie se atreverá a dudar a estas alturas de lo que manda hoy en nuestro país el BCE. ¿Es en calidad de eso, de miembro del BCE, de lo que nos da sus “recomendaciones” Linde? Porque, como repite siempre el comisario Almunia, las recomendaciones de Europa no son recomendaciones, son obligaciones. Y entonces, ¿tenemos la obligación de cargarnos nuestros convenios colectivos y ese maldito incordio del salario mínimo, además de retrasar la edad de jubilación de forma inminente?

Que yo sepa, a quien corresponde la dirección de la política económica de nuestro país, según la Constitución Española, es al Gobierno, que es el que, además, goza de legitimidad democrática para ello. A los señores del BCE, al menos de momento, no los eligen los ciudadanos.

Clarísimo sesgo ideológico en política económica con el que tradicionalmente se elige a sus máximos responsables, gobierne quien gobierne

Y puestos a hacernos recomendaciones unos a otros, tal vez no estaría de más recordar al Banco Central Europeo las funciones que para el mismo se establecen en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y que quedan especificadas en los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y del propio BCE, que son un protocolo anejo al Tratado. Pero todas, no sólo algunas. Porque es cierto que, de acuerdo con esta normativa, “El objetivo primordial del SEBC será mantener la estabilidad de precios” (estabilidad de precios que algunos no llegamos a entender cómo es que misteriosamente coincide, sean cuales sean las circunstancias de la economía y caiga quien caiga, con el consabido 2% de inflación que se determinó para siempre un mal día). Pero también es igual de cierto que a continuación se añade “sin perjuicio de este objetivo, el SEBC apoyará las políticas generales de la Comunidad con el fin de contribuir a la realización de los objetivos comunitarios establecidos en el artículo 2” (apartado 1 del artículo 105 del Tratado). ¿Y cuáles son finalmente estos objetivos del artículo 2? Vaya por Dios, agárrense, resulta que son un alto nivel de empleo y un crecimiento sostenible y no inflacionista.

Qué olvido más tonto por parte de los señores del BCE, porque la verdad es que no parece que tengan esto muy presente. Pero volviendo al ámbito doméstico, de igual forma, la Ley de Autonomía del Banco de España, en el punto 2 de su tantas veces citado artículo 7, establece que “sin perjuicio del objetivo principal de mantener la estabilidad de precios y del cumplimiento de las funciones que ejerce en tanto miembro del SEBC en los términos del artículo 105.1 del Tratado, el Banco de España apoyará la política económica general del Gobierno.” No al revés. Y conviene no olvidar cosas como estas para no se subvierta el orden de la democracia más de lo que ya sucede.

En cualquier caso, no seamos ingenuos, lo que está haciendo el Banco de España es hacerle el trabajo sucio al Gobierno, siendo el primero en lanzar, bajo el manto de su supuesta independencia y autoridad técnica, las propuestas que éste no se atreve a anunciar y que luego se encargará de poner en práctica, porque lo recomiendan “los señores que saben de esto”. Otra aplicación de la misma técnica la tenemos también, en estos mismos momentos, en las recomendaciones del comité de expertos para la reforma del sistema de pensiones. Esto empieza a parecerse a eso de: “¿quién me hace un informe que diga…?”.