¿Con IVA o sin IVA?: La rehabilitación de vivienda (I)

Mucho se ha escrito desde que el Presidente del Gobierno, en su última comparecencia sobre política económica en el Pleno del Congreso el pasado 17 de febrero, propusiera la creación de una Comisión -la Comisión Zurbano- que pudiera llegar a acuerdos con los partidos políticos representados en las Cortes. El objetivo era conseguir una actuación conjunta para la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo.

Ya empezó siendo polémico el guión que se hizo llegar a los partidos la noche anterior a la primera reunión. Las críticas fueron generalizadas: se entregó con muy poca antelación –algunos críticos hablaban de nocturnidad- y los temas para el diálogo, agrupados en cuatro ejes, pecaban de ser excesivamente generales. Muchos de ellos, incluso, se criticaban porque ya estaban en ejecución desde hacía años o porque estaba prevista su inclusión en proyectos legislativos en tramitación. También es verdad que había decenas de medidas de dinamización económica en cuanto al fomento del empleo y fluidez del crédito.

Entre estos temas, y ya en el segundo documento de propuestas del Gobierno para mejorar la competitividad de la economía española y fomentar la creación de empleo, destacan los relacionados con la vivienda. El fomento del alquiler y de la VPO y el impulso a la rehabilitación y eficiencia energética han sido la medida estrella. Sorprende que, reconociendo el Gobierno en su documento la necesidad de abordar con urgencia algunos problemas del sistema financiero, como el relativo “al stock inmobiliario que han acumulado” las entidades financieras, no proponga ninguna medida a tal efecto.

IVA reducido

Todo se ha desarrollado como estaba previsto, al menos en la primera reunión del Gobierno con los partidos políticos. Allí se hizo lo que en cualquier negociación hay que hacer: fijar los temas a negociar y establecer un calendario y una metodología. Después, han continuado los encuentros bilaterales con cada partido político. Y ahora se espera por parte del Gobierno el análisis de las contrapropuestas efectuadas por los partidos y la aprobación de las normas que correspondan para incluir los acuerdos que se puedan alcanzar.

Mientras tanto, y también en el ámbito de la vivienda, se ha introducido en el debate político, vía parlamentaria, una Proposición de Ley del Partido Popular para la aplicación del tipo reducido del IVA a los servicios de fontanería, pintura, electricidad y fontanería, aprobándose su admisión a trámite por unanimidad en el Pleno del Congreso del pasado martes día 9.

Es decir, el Gobierno propone nuevas actuaciones para crear de forma inmediata 350.000 empleos en el sector de la construcción residencial debido a que este sector es el que más ha perdido. Para ello, apuesta por la construcción sostenible “en la vivienda usada”. Nada que no se esté haciendo, al menos, desde hace 5 años.

Sí hay una novedad, de nuevo fiscal, como no podía ser de otra forma. Por un lado, un IVA reducido del 8% (del 16% actual y del 18% a partir de julio) para todo tipo de obra de rehabilitación de vivienda a partir de julio de 2010. Por otro, una deducción extraordinaria del IRPF del 10% por obras de mejora en la vivienda habitual realizadas hasta el 31 de diciembre de 2012 para los contribuyentes de renta inferior a 33.007,2 euros y siempre que tengan por objeto una rehabilitación energética, las instalaciones de suministros o la accesibilidad para personas con movilidad reducida, con el límite de 12.000 euros por vivienda. Y, finalmente, una ampliación del concepto de obras consideradas de rehabilitación estructural para que haya más obras de renovación que puedan aplicarse un IVA reducido. También propone el Gobierno un Plan de Rehabilitación y eficiencia energética para ahorrar un 20% de consumo energético entre 2010 y 2012 en 2.000 edificios públicos.

IVA del fontanero

Como decía antes, éstas han sido las medidas que más han trascendido de todas las propuestas y sobre las que, parece, se puede conseguir un acuerdo político. Pero no son nuevas. Desde la pasada Legislatura se han presentado en el Congreso diversas iniciativas en relación con la vivienda, con carácter general, y con la fiscalidad, en particular.

Hasta tal punto ha sido así que los diferentes partidos políticos han pretendido adjudicarse la paternidad de la Proposición de Ley. Pero el golpe de gracia lo ha dado el Partido Popular presentando esta iniciativa, conocida mediáticamente como el IVA del fontanero, cuyo admisión a trámite se ha aprobado por unanimidad de la Cámara. El Partido Popular justifica la reducción de la tributación por IVA en determinadas actividades intensivas en mano de obra, como la fontanería, pintura, electricidad y carpintería “para incentivar el consumo, aumentar las bases de recaudación tributaria, y desincentivar la economía sumergida”. Como parece que la reforma normativa del IVA de la Ley 54/1999 introduciendo el tipo reducido a los servicios de albañilería a particulares no ha sido efectiva, se vuelve de nuevo a la carga, ampliando las actividades con tipo reducido y cuando se trate de viviendas para uso particular o de una comunidad de propietarios. Vamos, que al Partido Popular no le han pintado la casa, sustituidos los azulejos de la cocina y cambiado las cañerías. Nunca le han preguntado: ¿con IVA o sin IVA?

Con más elegancia, en el debate del Pleno del pasado martes lo decía la diputada Sra. Barkos Berruezo: el buenismo en política es tan hermoso como ineficaz. ¿Cómo se va a conseguir el pago de un tipo reducido sobre un no pago? Más fino estuvo el Sr. Llamazares a la hora de tener que decidir “entre el ajuste de Zurbano y el milagro de Montoro” teniendo en cuenta que lo que cree que se necesita es, entre otras medidas, un pacto de choque en rehabilitación de vivienda como en su día se hizo, por ejemplo, en alquiler. En fin, para el Sr. Sánchez Llibre la iniciativa del Partido Popular era tan antigua que, incluso a iniciativa de Convergencia i Uniò, ya se había incluido una Disposición Adicional Segunda en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Socimi, para que el Gobierno, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas, precisara el alcance del término “obras análogas” en el articulado de la Ley del IVA de 1992.

Menos acertado estuvo al decir que al subsector de la rehabilitación de vivienda no se le había prestado atención en los últimos años. Probablemente esta afirmación se debe a que ha estado mirando más la rentabilidad de la obra nueva que la de la obra vieja, aunque rehabilitación en este país la hay y mucha. No hace falta más que darse un paseo por todos y cada uno de los pueblos y ciudades de España: rehabilitación aislada, rehabilitación integral, en cascos urbanos, en centros históricos, en fachadas, en edificos, en viviendas, en barrios, de los 60, de los 80, de los 90.

Y si esto no es suficiente, sólo es necesario leerse los artículos 49 y siguientes del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008, todavía aplicándose -y los correspondientes del nuevo plan- en cuanto a la rehabilitación para mejorar las condiciones de accesibilidad, suprimiendo barreras de todo tipo; para adecuar el edificio o la vivienda a las necesidades específicas de personas con discapacidad y personas mayores de 65 años; y para reducir el consumo energético mediante una disminución de la demanda energética, a través de mejoras en la envolvente del edificio y el aumentando del rendimiento de las instalaciones térmicas. Leer las órdenes ministeriales de desarrollo de estos Reales Decretos sería pedir demasiado al buenismo político que nos invade.

Dicho todo esto, si en este país se piensa que se puede reactivar el sector de la vivienda a través de mejoras fiscales de este tipo en este clase de rehabilitación tardaremos mucho tiempo en ver resultados, si los vemos. Por un lado, la rehabilitación requiere reformas fiscales, por supuesto, pero más aún, reformas de la legislación estatal y autonómicas. Por otro, en política de vivienda lo más urgente hoy en nuestro país es resolver el stock inmobiliario acumulado por el sector financiero, como el Gobierno decía en su propuesta. Y, finalmente, hay que resolver el fraude fiscal y laboral de la “economía informal” para que nadie te diga -y aceptes-, por ejemplo, ¿Con IVA o sin IVA? Si esto no se hace, tardaremos años en salir de la crisis económica.