En este país nadie dimite: otra leyenda negra de España

La exigencia del PSOE de que Mariano Rajoy renuncie a la presidencia del Gobierno por el escándalo Bárcenas ha reforzado la leyenda de que en España nadie dimite. Como todas las leyendas, también esta tiene una parte de fundamento real y otra que para nada se atiene a los hechos, aunque los hechos han quedado relegados al olvido y la imagen se ha impuesto como una verdad incuestionable. Un somero repaso a la hemeroteca arroja el balance de más de una veintena de dimisiones relevantes desde que se reinstauró la democracia, entre las que destacan las de dos vicepresidentes del Gobierno, trece ministros y dos presidentes autonómicos. Más de la mitad se produjeron en las filas socialistas y en la década de los noventa, lo que apunta a un retroceso de las buenas prácticas al que no parece ajena la benevolencia que han tenido los ciudadanos al castigar en las urnas los comportamientos corruptos.

De este recuento, que no ha pretendido ser exhaustivo, se excluyen las renuncias que no obedecieron al principio de asunción de responsabilidades políticas, sino que tuvieron como trasfondo ambiciones de poder que no se vieron colmadas, como ocurrió con Miguel Boyer en 1985 (ministro de Economía) o Baltasar Garzón en 1994 (delegado del plan contra las drogas), y también aquellas que perseguían un relevo ordenado en beneficio del partido en el que militan sus protagonistas, como la reciente de José Antonio Griñán.

En este capítulo se encuadra la primera dimisión de la democracia, protagonizada precisamente por el artífice de la Transición. Adolfo Suárez renunció en 1981 a la presidencia del Gobierno para favorecer la continuidad en el poder del partido del que era fundador, la UCD, entregando el testigo de la jefatura del Gobierno a otro miembro de su formación, Leopoldo Calvo-Sotelo, que permaneció en el cargo hasta las elecciones de octubre de 1982. Aunque la trastienda dista de haberse esclarecido y el relevo en el poder se vio enturbiado por la intentona golpista del 23 de febrero de aquel año, el hecho es que Suárez relegó entonces a un segundo plano sus intereses personales.

La naturaleza de los casos que condujeron a la dimisión como un acto de higiene democrática es muy variada, pero en los que tuvieron relación con presuntas corrupciones la práctica totalidad de sus protagonistas resultaron absueltos por los tribunales, aunque muchos años después, cuando sus carreras políticas ya eran irrecuperables. El caso más llamativo de cómo la inasumible lentitud de la Justicia puede arruinar una trayectoria y un crédito personal es el del exministro Julián García Valverde, absuelto ¡14 años después!

Mayoría en las filas socialistas

Al caso de Suárez siguió el de otro presidente, aunque en este caso de una comunidad autónoma. El socialista Demetrio Madrid, elegido en 1983 primer presidente de Castilla y León, dimitió en 1986 tras ser procesado en un caso laboral relacionado con una empresa de su propiedad y acosado políticamente por José María Aznar, a la sazón líder de la oposición regional, que se convertiría en su sucesor. Tres años después, en 1989, fue absuelto de todos los cargos. Este caso marcó en gran medida la implantación en el PSOE de una cultura de partido reticente a las dimisiones sin que antes se hubiera producido una sentencia judicial. No obstante, es en las filas socialistas donde se encuentra un mayor número de dimisiones entre ministros y altos cargos.

La lista la encabezan dos vicepresidentes, aunque por motivos y con formatos bien diferentes. Alfonso Guerra, cuyo crédito político se había visto arruinado por las trapacerías de su hermano Juan, presentó su dimisión en 1991, aunque en realidad, como él mismo confesaría después a sus fieles, lo que hizo fue -con la aquiescencia de Felipe González- vestir de dimisión lo que en realidad había sido una destitución, colofón de la lucha por el poder que en las postrimerías del felipismo se desató en el PSOE entre los llamados guerristas y los llamados renovadores. Aunque casi todas las dimisiones son forzadas, este es el caso más evidente por la confesión que en privado hizo su protagonista.

En el capítulo de “dimisiones políticas” puede inscribirse también la de José Borrell, que tras convertirse en 1998 en candidato presidencial del PSOE, después de haber ganado a Joaquín Almunia un proceso interno de elecciones primarias, renunció un año después. En la dimisión de Borrell, como en la de Guerra, influyeron tanto las luchas por el poder dentro del PSOE como casos de corrupción que les afectaban indirectamente. Si la de Guerra estuvo precedida por el aprovechamiento que de su posición hizo uno de sus hermanos, la de Borrell la impulsó el fraude fiscal cometido por dos antiguos colaboradores en el periodo en el que había sido secretario de Estado de Hacienda (1984-1991). Tampoco en este caso los tribunales imputaron ninguna responsabilidad a Borrell.

Otro vicepresidente de un Gobierno del PSOE, Narcís Serra, dimitió en 1995. Ocupaba el cargo desde 1991 y lo hizo dos semanas después de que trascendiera que el CESID –organismo predecesor del actual CNI- había realizado escuchas ilegales a personalidades relevantes de distintos ámbitos, incluido el Rey. Con Serra dimitió Julián García Vargas, entonces ministro de Defensa.

Los noventa, década de dimisiones

Es en la década de los noventa, con el PSOE acosado por los escándalos, donde se concentra el mayor número de dimisiones. Antonio Asunción, que había sido nombrado ministro del Interior en noviembre de 1993, dimitió seis meses después por la fuga de Luis Roldán, que se había lucrado desde el cargo de director general de la Guardia Civil. Asunción había sustituido a José Luis Corcuera, que dimitió al día siguiente de que el Tribunal Constitucional declarase inconstitucionales dos apartados de la Ley de Seguridad Ciudadana, bautizada como la ley de “la patada en la puerta”.

En las mismas fechas que Asunción, mayo de 1994, dimitió Vicente Albero como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación tras descubrirse que había ocultado a Hacienda una inversión de 20 millones de pesetas (120.000 euros). Este caso estuvo relacionado con el que provocó la dimisión de Mariano Rubio al frente del Banco de España, cargo desde el que también había defraudado al fisco y que, por extensión, provocó otra renuncia: la de Carlos Solchaga. Solchaga era entonces, también en mayo de 1994, presidente del Grupo Parlamentario Socialista, pero dimitió de este cargo por su responsabilidad in vigilando como ministro de Economía que había sido entre 1985 y 1993.

Por hechos relacionados con cargos que ya no ejercían en el momento de la renuncia, también había dimitido antes Julián García Valverde. Nombrado ministro de Sanidad en marzo de 1991, renunció en enero de 1992 tras ser imputado por la adjudicación de terrenos para la construcción del AVE Madrid-Sevilla. Fue absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid, en 2006.

La última dimisión relevante en las filas socialistas, ya en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, la protagonizó Mariano Fernández Bermejo. Nombrado ministro de Justicia en 2007, fue forzado a dejar el cargo dos años después, tras conocerse que, sin la licencia necesaria, había participado en una cacería con el juez Baltasar Garzón, que en aquel momento instruía el caso Gürtel. La suya fue otra destitución vestida de dimisión.

En las filas del PP, la renuncia más notable la protagonizó en el año 2000 Manuel Pimentel, que sólo permaneció trece meses en el cargo de ministro de Trabajo. Se justificó en sus discrepancias con la decisión de Aznar de implicar a España en la guerra de Irak, pero se produjo tras conocerse que la esposa del director general de Migraciones era propietaria de una empresa de formación que obtuvo subvenciones públicas -por un caso similar dimitió Rafael Velasco como vicesecretario general del PSOE de Andalucía-.

La renuncia más reciente de un alto cargo, aunque como en otros casos todo apunta a que esta sólo fue la vestimenta de una destitución, ha sido, a finales de junio, la de Beatriz Viana, directora de la Agencia Tributaria, que dejó el cargo tras el escándalo provocado por las ventas de fincas y terrenos erróneamente atribuidas a la infanta Cristina.

Por la financiación de partidos

La financiación ilegal de los partidos, que ahora asedia al PP, se cobró también en los años noventa varias cabezas en los dos partidos mayoritarios.

El caso Filesa, como se conoce el proceso por la financiación ilegal del PSOE, se saldó políticamente con la dimisión en 1993 de Guillermo Galeote, miembro de la Ejecutiva desde los tiempos de Suresnes. Como secretario de Administración y Finanzas, suya fue la cabeza que se entregó para asumir responsabilidades políticas, aunque tampoco hubo condena judicial para él. Sí fue condenado el diputado Carlos Navarro, coordinador financiero del Grupo Parlamentario Socialista, a quien el Tribunal Supremo castigó con 11 años de prisión. Navarro pasó por la cárcel, pero no llegó a cumplir la condena al fallecer antes de que se ejecutara la sentencia.

También la financiación ilegal del PP en el llamado caso Naseiro, aunque se archivó por irregularidades en la grabación de conversaciones, se cobró varias cabezas en forma de dimisiones. Forzados por Aznar, presentaron su renuncia Arturo Moreno, vicesecretario general y responsable de Acción Electoral, y Ángel Sanchís, entonces tesorero del partido, cuyo nombre ha salido ahora de nuevo a relucir por sus vínculos con Bárcenas.

En fechas más recientes, Francisco Camps dimitió como presidente de la Generalidad Valenciana dos meses después de revalidar la mayoría absoluta como candidato del PP y, posteriormente, fue absuelto por el caso de los trajes. Antes había forzado la renuncia de Ricardo Costa en sus cargos como secretario general del partido y portavoz en las Cortes regionales. El sucesor de Camps, Alberto Fabra, también impuso, en octubre de 2012, la dimisión como portavoz parlamentario de Rafael Blasco, imputado por una trama de desvío de fondos públicos destinados a ONG durante su etapa como consejero de Solidaridad.

Así pues, en España también dimiten los políticos. Otra cosa es que una veintena sea un número acorde a los escándalos que se han producido en 35 años de democracia -en la dictadura no había dimisiones- y que las responsabilidades políticas se asuman con la celeridad necesaria para que resulten ejemplares.