¿Un Gobierno de concentración de dos años para reformar la Constitución?

No están ya en la primera línea de la política, pero han tenido importantes responsabilidades de Gobierno y de partido durante el periodo democrático, y todavía conservan un cierto predicamento e influencia. En su mayoría pertenecen al PSOE, pero algunos proceden también de la desaparecida UCD. Les une una profunda inquietud –heredada de los protagonistas de la Transición y compartida con ellos– por el destino de España, que asocian al desenlace del debate secesionista en Cataluña, y el temor a que de las próximas elecciones generales surja un Parlamento ingobernable.

Para hacer frente a este escenario abogan por un Gobierno de concentración con un mandato restringido de dos años para reformar la Constitución y, como segunda prioridad, fomentar la creación de empleo. Su análisis parte de la previsión de un mapa parlamentario en el que el primer partido apenas superaría los 100 escaños, con el segundo y el tercero en un pañuelo: el tripartito que dibujan las encuestas, con PSOE y Podemos pisando los talones del PP. El desacuerdo radica en quién debería encabezar ese Ejecutivo: para los socialistas, no puede ser otro que el PSOE; para quienes proceden de UCD, debe ser el candidato del partido más votado que, según las previsiones dominantes, sería el PP.

En esta pizarra demoscópica, el PP sería la primera fuerza, pero no lograría sumar la mayoría absoluta con su aliado natural, Ciudadanos, y sus fuertes enfrentamientos con los nacionalismos periféricos les impedirían contar con estos para cuadrar la cuenta. Sí sumarían mayoría absoluta PSOE y Podemos, pero esta opción la consideran “un suicidio” para los socialistas porque si algo parece fuera de toda duda es que el partido de Pablo Iglesias compite por ocupar el espacio del PSOE; y la misma consideración –en este caso, por antagonismo ideológico– se aplica a la hipótesis de la gran alianza entre PSOE y PP, que hasta Felipe González juzga ya inviable. La alianza entre PSOE y Ciudadanos es la única fórmula bipartita que juzgan razonable, pero la descartan porque, según las previsiones que manejan, tampoco sumarían mayoría absoluta.

Argumentan que la crisis económica es algo coyuntural, pero que el problema de fondo que afecta a España es la posible secesión de Cataluña

Así, si el PP, a pesar de mantenerse como primera fuerza, no lograra sumar apoyos suficientes para la investidura de su candidato, el encargo de formar Gobierno habría de pasar al PSOE. Este es el principal reparo que ponen los que proceden de UCD ya que, hasta la fecha, el presidente del Gobierno siempre ha sido el candidato del partido con mayor representación parlamentaria. Para estos, antes de hacer la encomienda al PSOE habría que ensayar la investidura de un candidato del PP distinto al actual presidente del Gobierno.

Cataluña, pilar imprescindible de España

Para los socialistas, descartada la coalición con Podemos y con el PP por razones partidistas e ideológicas, y con Ciudadanos por motivos aritméticos, la única forma de impedir la italianización de España sería la formación de un Gobierno provisional de concentración encabezado por Pedro Sánchez, con representación de todos los grandes partidos, la incorporación de independientes y un mandato restringido al gran objetivo de reformar la Constitución para vestir un “nuevo proyecto colectivo” que asegure la permanencia de Cataluña en España. Esta sería la cobertura política para un inédito gobierno de concentración.

Para los defensores de esta fórmula, la crisis económica y el paro, a pesar de su extrema gravedad, son “problemas coyunturales” que antes o después encontraran remedio. A su juicio, España tiene un problema “estructural” y se llama Cataluña, aunque ahora el suflé independentista parezca haberse desinflado. “Si Cataluña se va, España desaparece”, es el temor de fondo que inspira su planteamiento.

Los principales promotores de esa opción pertenecen al PSOE y creen que sólo Pedro Sánchez podría aglutinar a las principales fuerzas políticas

Como señala José Antonio Zarzalejos (Mañana será tarde. Planeta), siempre que no ha habido un “proyecto de España” la cuestión territorial “ha emergido con una fuerza destructiva extraordinaria”, por lo que constituye “un reduccionismo peligroso la categorización puramente material de aspiraciones colectivas” y la pretensión de resolver el desafecto mediante la exclusiva aplicación de la legalidad, como ha pretendido hacer el Gobierno de Rajoy. En su lugar, Zarzalejos propone “hacer lo que jamás hicimos en el pasado: en vez de romper, reformar”.

Pedro Sánchez ha empezado a dar pasos en ese camino con la creación de un grupo de expertos encabezado por Gregorio Cámara, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, del que forma parte José Enrique Serrano, exdirector del Gabinete de Presidencia del Gobierno con Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, que trabajó muy activamente en el proyecto de reforma constitucional diseñado por el PSOE durante el mandato de Alfredo Pérez Rubalcaba, que sin éxito intento durante dos años arrastrar a Mariano Rajoy hacia este planteamiento.

Las divergencias territoriales en el PSOE

La tarea de aunar una posición común dentro del PSOE no es fácil porque en su seno conviven posiciones diversas. Susana Díaz ya ha marcado las líneas rojas del socialismo andaluz advirtiendo de que no permitirá que se configure una “España de dos velocidades”.

El PSOE andaluz ha incorporado a este grupo de expertos a una persona de la confianza directa de la presidenta de la Junta, el secretario de Política Federal, Antonio Pradas. Si la principal federación se ha desentendido prácticamente de la confección del programa electoral de Sánchez, no así de todo lo que tiene que ver con el modelo de Estado, a propósito del cual ya se percibieron diferencias sensibles de andaluces con catalanes y vascos durante los trabajos del equipo encargado de redactar el programa socialista hasta el nombramiento por Sánchez de un comité de sabios o gabinete en la sombra.