¿Corrupción? No, lo siguiente…

El lenguaje es uno de los mejores medidores del tiempo que vivimos. Se habla como se es y, en el estudio detallado del vocabulario que se utiliza, encontramos un espejo perfecto para  determinar la calidad de una sociedad, las tensiones habituales de la calle y hasta el estado de ánimo del personal. Ya no hay, por desgracia, intelectuales que nos sacudan periódicamente la conciencia con artículos de prensa como aquellos que popularizó Lázaro Carreter, ‘El dardo en la palabra’, seguro de que nos estábamos despeñando sin remedio por un precipicio de banalización. Como una expresión o un latiguillo de estos días que, con toda seguridad, no se hubiera librado del dardo: la pregunta que siempre se responde con la misma respuesta, “lo siguiente”. Es una curiosísima expresión multiusos que lo mismo sirve para definir la cualidad de algo, la capacidad de alguien o el estado de ánimo de una persona. “¿Que si es bueno ese coche? No, lo siguiente…” ¿Tonto ese tipo? No, lo siguiente” “¿Que si estaba contento? No, lo siguiente…”. Así hasta el infinito, porque la expresión se ha generalizado con la eficacia con la que se expanden estas voces y ha pasado a sustituir, de hecho, a cualquier otra forma de adjetivación. 

La corrupción aquí es un fenómeno transversal que afecta a todos los partidos políticos. La intensidad depende sólo del poder que se ostente; es directamente proporcional al número de instituciones que se gobierne. Por ello, cuando nos enfrentamos a un caso de corrupción, el error está en pensar que afecta sólo a los procesados o a los imputados y no a los partidos políticos

Lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente... Siempre es lo siguiente y, como además quien utiliza estas expresiones piensa que el mero uso de la frase le confiere un toque de modernidad o de ingenio, la saturación que se provoca genera una reacción próxima a la náusea. Y es una pena, no crean, porque ante determinados aspectos, la expresión sí que sería válida. Por ejemplo; “¿Corrupción en España? No, lo siguiente”. Ahí sí que tiene sentido la dichosa expresión porque, en realidad, lo que ocurre en España no se puede catalogar, sin más, como meros casos de corrupción. Es algo más: la corrupción aquí es un fenómeno transversal que afecta a todos los partidos políticos. La intensidad depende sólo del poder que se ostente; es directamente proporcional al número de instituciones que se gobierne. Por ello, cuando nos enfrentamos a un caso de corrupción, el error está en pensar que afecta sólo a los procesados o a los imputados y no a los partidos políticos en los que esos tipos han convivido cómodamente hasta que una investigación judicial destapa un entramado de recalificaciones y de enriquecimiento.

Para situarnos, siempre es bueno repetir la misma curiosa coincidencia: en 30 años de democracia, ni un solo partido político ha detectado a un corrupto entre sus filas y lo ha llevado ante los tribunales. ¿Nunca nadie ha sospechado nada? ¿De verdad hay que creérselo, que sólo cuando la Policía pone por delante una grabación y unas fotografías, se percatan de la podredumbre? Y repiten, solemnes, eso de “tolerancia cero” con la corrupción, como si no fuera con ellos la cosa. Cuando el listado de delitos es siempre el mismo, una retahíla que se repite idéntica tras cada redada (prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales) y afecta por igual a todos los partidos políticos, es la democracia española la que tiene un problema de primer orden.

En el paralelismo de dos casos de actualidad, alejados en el tiempo y en el mapa, encontramos una referencia clara de todo esto: la ‘operación Pokemon’, que ha estallado ahora en Galicia, y el caso Mercasevilla, que ha comenzado a juzgarse esta semana en la capital andaluza y que dio origen a la investigación posterior del fraude de los ERE. Pues bien, en la ‘operación Pokemon’ algunos de los procesados no ha tenido reparo alguno en aclararle a la juez que, naturalmente, se producían pagos de comisiones porque así es cómo funcionan las cosas. Una empresa aspira a hacerse con un servicio público y, para lograrlo, ‘engrasa’ las arcas del partido político y, en ocasiones, también los bolsillos de sus dirigentes. Exactamente lo mismo que ocurrió en Mercasevilla: unos empresarios de hostelería optaban a un concurso público y, según la denuncia, algunos dirigentes de la empresa municipal y del Gobierno andaluz les persuadieron de la necesidad de pagar una comisión, 450.000 euros, para garantizar que todo iba a desarrollarse correctamente. Fue en esa conversación cuando uno de los imputados soltó una frase emblemática: “La Junta de Andalucía colabora con quien colabora con nosotros”.

No hay más; esa es la lógica política que lo contamina todo. Por eso, la corrupción política aquí no es ocasional, es transversal. Hace unos años, le preguntaron a Jordi Pujol por estas cosas, cuando comenzaron a surgir denuncias en Cataluña de unos partidos hacia otros por el cobro de comisiones. Y Pujol, tan expresivo como siempre, le echó dos paletadas de palabras a la polémica: “Si entrem en això, tots ens farem molt de mal. Si entrem en això, tots olorar malament” (Si entramos en eso, todos nos haremos mucho daño. Si entramos en eso, todos oleremos mal). Tenía razón. Por eso seguimos así, porque todo se tapa, porque existe un interés común, tácito, para no mover nada. ¿Corrupción aquí? No, lo siguiente…