Español, éste no es tu referéndum

La historia se repite, sí, que sí, unas veces como tragedia, otras veces como comedia, parafraseando a Marx, y siempre con la obstinación humana de no aprender jamás de los errores. La historia se repite, que sí, y lo que ya se ve aparecer en el horizonte de la política española es un debate que ya se superó hace 30 años en España; ya se ve venir otra vez la figura de Lauren Postigo al que los andaluces, muchos andaluces, recordarán aún en la campaña del referéndum de la autonomía andaluza, el 28 de febrero de 1980, “Andaluz, éste no es tu referéndum”.

Una campaña de desánimo para que los andaluces no acudieran a votar por su autonomía, porque el acuerdo inicial de la Transición, suscrito por las grandes fuerzas políticas de entonces (UCD, PSOE y AP, con el asentimiento de los nacionalistas vascos y catalanes), fue el de dotar de autonomía plena sólo al País Vasco, a Cataluña y a Galicia, mientras que en el resto de regiones se simularía una descentralización limitada, que se pareciera institucionalmente a las anteriores pero sin las competencias de gestión de las primeras. La disconformidad de los andaluces de entonces hizo cambiar de posición al PSOE, aliarse con el movimiento autonomista andaluz, y dejar abandonado a UCD que, incapaz de reaccionar, acabó perdiendo el referéndum andaluz y el gobierno mismo. UCD estalló en mil pedazos de la misma forma que saltó por los aires el modelo autonómico inicial, desigual, asimétrico.

Urge que el Gobierno, impulsado por el acuerdo de esta semana en el Congreso entre el PP, el PSOE y UPyD, tome la iniciativa en el problema catalán. Entre otras cosas, porque en el ideario catalán cualquier proclama españolista será siempre tachada de jacobina, ultraconservadora y preconstitucional, mientras que la idéntica sobre Cataluña será realista, progresista y legítimaAhora, otra vez estamos en lo mismo, una campaña se avecina para convencer a todos los españoles que Cataluña merece una segunda oportunidad, que la única salida al conflicto de independencia planteado es aceptar la asimetría inicial, que cualquier otra solución acarrearía consecuencias peores para todos. Más financiación y más autonomía para Cataluña a cambio de renunciar al referéndum de la independencia. Y, como entonces, vendrán a decirnos que éste no es nuestro debate, que nada debemos opinar, interferir, en la cuestión catalana, en la realidad catalana; que el seny catalán ya se encargará de reconducir la ‘desafección’ y las ‘frustraciones’ con un nuevo pacto de financiación. Esta vez, incluso, las veces de Lauren Postigo podrían hacerlas Serrat y Sabina, por ejemplo, dos pájaros de un tiro, un catalán y un andaluz, con anuncios en todas las televisiones, en todas las radios: “Español, éste no es tu referéndum”.

Hasta ahora, el Gobierno de la nación y su presidente Mariano Rajoy han limitado su participación en este conflicto al silencio, primero, y ahora, a la reiteración de un argumentario que, por mucho que se inscriba en la lógica geopolítica y en la propia legalidad española y europea, ya no es válido para afrontar los problemas. Por repetido y por inútil para afrontar la situación. Urge, por tanto, que el Gobierno, impulsado por el acuerdo de esta semana en el Congreso entre el PP, el PSOE y UPyD, tome la iniciativa en el problema de Cataluña. Entre otras cosas, porque en el ideario catalán cualquier proclama españolista será siempre tachada de jacobina, ultraconservadora y preconstitucional, mientras que la idéntica sobre Cataluña será realista, progresista y legítima.

¿Qué hacer? En primer lugar, aceptar que el modelo de financiación del Estado Autonómico necesita de una profunda reforma, que debe pasar por la anulación del privilegio vasco y navarro y la extensión del concierto económico a todas las autonomías que lo soliciten. En contra de lo que se sostiene, el hecho de que las comunidades autónomas recauden todos los impuestos y reviertan luego al Estado la cuota que les pertenezca no puede ser insostenible, a no ser que lo que se generalice sea la mentira del concierto vasco. Si el concierto económico se generaliza bajo los principios de cooperación y solidaridad interterritorial que impera en toda Europa, no cabe en la lógica que no sea posible una reforma de esa naturaleza. ¿No exige el presidente de la Generalitat ese concierto? Pues que tenga la valentía de decir ante Europa que no lo acepta porque no cree en la solidaridad interterritorial.

En segundo lugar, urge que se modifique de nuevo la legislación sobre la convocatoria de referéndums en España; como en la Transición que se permitan los referéndums, pero con la salvedad de que para que pueda prosperar cualquier iniciativa tiene que superar el 50% de votos síes en cada provincia y de acuerdo al censo electoral, no a la participación electoral. Si esta norma hubiera estado vigente, si no se hubiera derogado, ninguna reforma estatutaria de la última oleada hubiera prosperado. ¿No es lógico que una consulta de esa trascendencia histórica se sustente el mayor respaldo democrático exigible?