De Sabadell a Sevilla: la mariposa de la corrupción

Los favores suponen la forma más común de corrupción en política. Quien mejor lo plasmó fue el alcalde de Barbate, Serafín Núñez, cuando estalló en España el primer gran caso de corrupción, el ‘caso Juan Guerra’. “Hombre -admitió entonces-, no es lo mismo que te llame el hermano del vicepresidente del Gobierno que otra persona cualquiera”. Esa corrupción de baja intensidad, que sólo precisa de una llamada de teléfono, ni siquiera tiene reflejo en muchas ocasiones en los tribunales de Justicia y será por eso por lo que la inmensa mayoría de los políticos ni siquiera lo considera algo punible, reprochable. Piensan, digamos, que forma parte del sistema, del orden natural de las cosas, de las prerrogativas inherentes del poder.

Parece ocurrirle ahora, por ejemplo, al que ha sido alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, autoapartado del sillón de la alcaldía por su implicación en una supuesta trama de corrupción. Desde que se conoció el caso, Bustos no ha hecho otra cosa que defender su inocencia. Lo ha hecho incluso con vehemencia en todas las entrevistas que ha concedido, en las que se mostraba hasta ofendido, y siempre extrañado, de que a él pudieran relacionarlo o vincularlo con cualquier trama de corrupción. Por lo que sabemos ahora, a raíz de las cintas de la investigación policial que se han publicado, el regidor de Sabadell se reafirmaba en su inocencia a pesar de que le habían filtrado -que ya es grave por sí mismo- que estaba siendo investigado y que su teléfono estaba pinchado. Es decir, el alcalde conocía lo que la Policía le había podido grabar y, aún así, defendía su inocencia. ¿Por qué? Pues porque en esas cintas, por lo conocido hasta ahora, a lo único que se limita el alcalde es a pedir favores para otros. Y lo hacía con la naturalidad del alcalde de Barbate: “¿Qué crees, que Pere (Navarro) iba a hablar contigo si no es por mis presiones?”, le decía al empresario Nicolas Pedrazzoli, propietario de dos cadenas de televisiones locales en Cataluña y en Andalucía.

En el último año, la corrupción ha experimentado un crecimiento alarmante sin que la clase política lo haya considerado siquiera como un problema de urgente resolución. En 2011, el número de procedimientos incoados por prevaricación administrativa ha experimentado un aumento cercano al 30%, mientras que el cohecho se ha incrementado en un 45% y el tráfico de influencias, en un 44%

Ya ven, se trata sólo de descolgar un teléfono. ¿Podemos considerar que estas gestiones merecen inscribirse en la corrupción? Queda claro que para el político no es así. El alcalde de Sabadell, de hecho, no se quedó ahí, sino que se interesó por los negocios de su amigo también en Andalucía y, como al Gobierno andaluz no llegaba, le pidió el favor a Carme Chacón, para que a su vez descolgara el teléfono y se pusiera en contacto con la Junta de Andalucía, con su amigo y aliado dentro del PSOE, José Antonio Griñán. De Sabadell hasta Sevilla, se va tejiendo una tela de araña que podemos imaginar con los trazos que describen las llamadas de teléfono que vienen y que van de un despacho a otro, de una ciudad a otra, de una región a otra.

El aleteo de una gestión en Cataluña llega a Andalucía porque forma parte de la normalidad, de las influencias, de las amistades en política. Como si en la corrupción también funcionara el principio ascendente del aleteo de una mariposa que acaba en huracán. Pero eso no ocurre siempre, porque el favoritismo, el tráfico de favores, es habitual y generalizado, y sólo en contadas ocasiones degenera en los casos de corrupción que entendemos como tales. Esos que, en el último año, han experimentado un crecimiento alarmante sin que la clase política lo haya considerado siquiera como un problema de urgente resolución; en 2011, el número de procedimientos incoados por prevaricación administrativa ha experimentado un aumento cercano al 30%, mientras que el cohecho se ha incrementado en un 45%, y el tráfico de influencias, en un 44%. Los datos los acaba de hacer públicos el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, en el Congreso de los Diputados.

¿Cómo va a ser lo mismo que te llame un alto cargo del partido que un particular? Convendremos que en la pregunta, tan elemental, ya va implícita esa forma de corrupción primera, los favores, la influencia. Y no es necesario que esos asuntos lleven aparejado una condena penal para que, social y políticamente, fueran reprobables. Se trata sólo de una cuestión de ética, nada más. Bobbio establecía el rasero democrático en ese mínimo ético exigible. “Basta una breve reflexión para darse cuenta que lo que hace moralmente ilícito toda forma de corrupción política es la fundadísima presunción de que el hombre político que se deja corromper haya antepuesto el interés individual al colectivo, el bien propio al bien común, la situación de su propia persona y la de su familia a la de la patria, y, haciéndolo así, faltó al deber de quien se dedica a la política”.