Andalucía, el laboratorio de Empleo del PSOE

Fue a finales de los 90 cuando la Junta de Andalucía encargó a un grupo de expertos un análisis sobre el porqué del paro andaluz. Cuando un fenómeno como el del desempleo en Andalucía se enquista en la historia, a lo largo de décadas y décadas, puede parecer razonable que uno se pregunte si existe una causa objetiva o si, por el contrario, se tiene que afrontar el suceso como un mal endémico, incurable. El resultado de aquel estudio fue un ensayo de los profesores Torres Chacón y Villalba Cabello en el que recreaban la evolución del paro en Andalucía con gráficas virtuales partiendo de una estructura productiva distinta.

La conclusión era llamativa porque, según ese estudio, si la estructura agrícola andaluza hubiera sido igual que la española, el paro también se habría mantenido por encima de la media nacional. Pero si la estructura industrial andaluza hubiera sido la misma que en España, igualmente el paro se mantendría muy por encima. Lo mismo ocurría con la construcción o con los servicios. En todos los escenarios económicos posibles, con todas las variables, la conclusión siempre era la misma: más paro.

¿Dónde, por tanto, estaba la clave? Según ese ensayo, la única variable que marcaba el mayor paro en Andalucía estaba en el crecimiento superior de la población activa. De forma que “si la población activa hubiese aumentado al mismo ritmo que en el resto de España, la tasa de paro de Andalucía en el momento actual sería incluso inferior a la que se registra en el resto” del país, se afirmaba en dicho estudio de 1997.

Ni que decir tiene que, desde entonces, esta tesis ha sustentado la mayoría de los discursos de los dirigentes socialistas andaluces. Lo usan incluso en las circunstancias más comprometidas, sin miedo alguno al ridículo. Como hizo hace unos días el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, cuando, por increíble que parezca, se felicitó de que Andalucía esté rozando el 36% de paro, el mayor de toda la democracia. Dijo: "Nos duele, pero concita una esperanza. Porque en Andalucía crece la población activa, lo que quiere decir que todavía tenemos una juventud potencial para incorporarse al mercado de trabajo y, al mismo tiempo, una igualdad de género que no se había producido en toda la historia".

Resulta por lo menos llamativo que, entre los recortes aplicados por el Gobierno andaluz para ajustarse a los requisitos de déficit público, el departamento que se ha visto más afectado sea, precisamente, el Servicio Andaluz de Empleo¿Una esperanza? ¿Para la juventud? ¡Pero si el paro juvenil en Andalucía llega al 62%! ¿Una esperanza? ¿Para la mujer? ¿Para quién? ¡Pero si el paro femenino es superior y de forma general en provincias como Cádiz ya se supera el 40%, que es la estimación que se hace para el conjunto de la región a finales de este año!

No, claro, sólo a un dirigente que lleva en el poder 30 años, como Griñán, algunos de ellos como ministro de Trabajo, se le ocurre un argumento así. Lo normal son reacciones de extrañeza y de alarma, sobre todo cuando se contempla el fenómeno andaluz desde fuera. Como el Financial Times, a finales del pasado año, cuando destacó en un reportaje que aquí, en la próspera Unión Europea de ayudas al desarrollo y subvenciones a las regiones más atrasadas, el paro era igual que en la Franja de Gaza. Es cierto, como se destacaba en el ensayo mencionado antes, que el crecimiento mayor de la población activa, unido a las mayores tasas de inmigración, provocan una dificultad añadida para la disminución del desempleo, pero, siendo así, no es menos cierto que en todos los periodos políticos la evolución del empleo no ha sido la misma.

Al Gobierno de José María Aznar, por ejemplo, se le podrá criticar lo que se quiera pero, en este aspecto concreto, lo que señalan las estadísticas es que durante ese periodo se crearon casi el triple de puestos de trabajo en Andalucía que durante los trece años precedentes de gobierno de Felipe González. Y, tras las dos legislaturas de Zapatero, el paro ha superado el récord histórico. Ya digo, filia y fobias al margen, que en nada contribuyen a analizar los problemas correctamente, ésa es la única realidad: la elevada tasa de población frena el descenso del desempleo, pero esa constante no ha afectado a todos los gobiernos por igual. No todas las políticas económicas afectan de la misma forma al paro en Andalucía.

Luego está, claro, la actuación concreta del Gobierno andaluz. ¿En qué ha influido la acción de la Junta en el desarrollo del desempleo en Andalucía? Nadie en su sano juicio podrá negar el extraordinario desarrollo de la comunidad en las últimas tres décadas en casi todos los campos. Desde el sanitario hasta el educativo, pasando por las infraestructuras y el propio crecimiento del PIB per cápita. Pero, junto a ese reconocimiento de la evidencia, no se puede dejar de anotar que desde el ingreso de España en la Unión Europea, Andalucía ha sido una receptora prioritaria de fondos y ayudas que pueden alcanzar los 100.000 millones de euros, y que la región ha contado igualmente con un sistema autonómico con competencias suficientes para afrontar las raíces del problema.

Si, a pesar del desarrollo constatable, Andalucía sigue estando a la cola de España, y de Europa, en todos los indicadores económicos, es que algo ha fallado estrepitosamente. Sencillamente, la política económica del Gobierno andaluz, de la hegemonía socialista que ha gobernado esta tierra desde los orígenes de la democracia, es fallida. Al respecto, dos referencias recientes muy elocuentes. Resulta por lo menos llamativo que, entre los recortes aplicados por el Gobierno andaluz para ajustarse a los requisitos de déficit público, el departamento que se ha visto más afectado sea, precisamente, el Servicio Andaluz de Empleo, que tiene transferidas las competencias de políticas activas de Empleo. Según sindicatos y oposición, la Junta de Andalucía "ha desmantelado", sencillamente, el servicio con el despido de 826 orientadores y promotores que trabajaban en esas oficinas. Los esfuerzos que el Gobierno andaluz ha hecho para salvaguardar los puestos de trabajo en otras empresas públicas, con un caudal incalculable de enchufados, desmienten toda justificación posible, incluida la siempre invocada de trasladar la responsabilidad al Gobierno de la nación.

Un reciente informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, referente al ejercicio 2009, concluyó que todas las líneas de subvenciones para el fomento del empleo de la Consejería incumplieron los principios de transparenciaLa segunda referencia nos recordará inevitablemente el escándalo de los ERE. Un reciente informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, referente al ejercicio 2009, concluyó que todas las líneas de subvenciones para el fomento del empleo de la Consejería de Empleo incumplieron los principios de transparencia, igualdad y objetividad establecidos en la Ley General de Subvenciones y, por tanto, no se concedieron mediante los principios de concurrencia competitiva. No hay que olvidar que estamos hablando de un total de 25.377 expedientes. Hablamos de subvenciones que se conceden y no se justifican, de puestos de trabajo que se prometen y no se crean nunca, de escuelas taller que no funcionan en sus programas de inserción laboral...

¿Tiene explicación lógica el 36% en Andalucía? Sí, claro. Porque junto a las causas objetivas sobre la peculiaridad de la región andaluza, como las demográficas, existe otro puñado de razones que sólo llevan a pensar que la persistencia en una política equivocada es la que ha conducido a esta comunidad al pozo de desempleo en el que se encuentra. Ahora que el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha lanzado la interesante iniciativa de un Pacto general por el Empleo, no estaría mal que los socialistas, antes incluso de firmar nada con el Gobierno de Rajoy, comenzaran a aplicar sus recetas en esta región, que para eso es su principal referencia y bastión de gobierno en España. Si Rubalcaba busca un pacto por el empleo, en Andalucía tiene su mejor laboratorio.