De profesión, parado

Todos aplaudían pero, cuando irrumpieron en el escenario, la ovación se hizo mayor. Acababa de actuar La comparsa del genio en el Teatro Falla, epicentro de los carnavales de Cádiz, y, al finalizar, sus componentes se fundieron en el escenario con un grupo de trabajadores en paro que portaban una pancarta gigante: “Los trabajadores de Delphi exigen que la Junta cumpla sus acuerdos de empleo”. Desplegaron la pancarta y los espectadores correspondieron con un fuerte aplauso. Hasta ahí, todo normal: un grupo de parados aprovecha unas fiestas para protestar. Con los tiempos que corren, tras el huracán devastador de esta crisis, en cualquier ciudad de España podría haberse producido una situación similar. Sólo hay que reparar en un detalle para entender, sin embargo, la profunda desolación que provoca esa protesta concreta de Cádiz: Delphi se cerró en 2007. Seis años han pasado y todo sigue igual, congelado en el tiempo. ¡Seis años! La empresa norteamericana que se marchó entonces, en uno de los habituales desplazamientos de estas multinacionales por todo el mundo en busca de abaratar costes de producción, habrá cerrado y abierto factorías, pero en Cádiz todo sigue igual, como si los trabajadores se hubieran quedado pegados a una pancarta imposible: “Delphi no se cierra”.

¿Dónde, en qué lugar del mundo, puede pensarse en una situación así, que seis años después cientos de trabajadores sigan buscando desesperadamente un empleo? ¿Dónde, en qué lugar del mundo, la sociedad puede soportar una situación así, en la que la pérdida de un empleo pueda significar el paro para el resto de la vida de los trabajadores? No es posible imaginarlo, no. Entre otras cosas porque, para entenderlo, hay que conocer también lo ocurrido tras el cierre de esa factoría en Cádiz. Delphi se cerró en 2007 y dejó en la calle a 1.904 trabajadores, una cifra demasiado elevada para una provincia como la gaditana, con una de las tasas de paro más altas de España (más de un 40% en la actualidad). Como en el calendario se avecinaban algunas elecciones, lo que hizo el Gobierno andaluz, como suele, es entender que el cierre de Delphi era, ante todo, un problema político de primera magnitud. Y se volcó en medidas para acallar las protestas. A lo largo de estos años, ha ido prejubilando a la mayor parte, en torno a 750 trabajadores, mientras que al resto los ha mantenido ‘en nómina’ con distintos planes de formación, algunos de ellos meros pasatiempos que han enriquecido a las empresas de formación contratadas, con promesas continuas de recolocación. 

Como en el calendario se avecinaban algunas elecciones, lo que hizo el Gobierno andaluz, como suele, es entender que el cierre de Delphi era, ante todo, un problema político de primera magnitud. Y se volcó en medidas para acallar las protestasUno de los experimentos de recolocación fue la empresa Alestis, del sector aeronáutico, que acabó cerrando como todo lo que se fuerza desde el sector público sin arraigo real en el sector privado. Llegó, incluso, a trascender un acta de esta empresa en la que explicaba que, en verdad, todo aquello había sido artificial y que el despido de los trabajadores era inevitable “teniendo en cuenta que no había carga de trabajo suficiente, y que las razones de la contratación de los citados trabajadores fueron de naturaleza política y no económica”. Alestis Aerospace había recibido más de cuatro millones de euros de subvenciones de la Junta y el resultado final fue que todos se sintieron engañados. “La Junta de Andalucía ha estado engañando tanto a los 350 compañeros de Delphi contratados en Alestis como al resto que faltaba por recolocar, ya que se estaban formando para poder entrar a trabajar en Alestis. Todo ha sido un engaño pergeñado por los incompetentes de la Junta con el silencio de sus colegas de CCOO y de UGT”, bramaban los trabajadores. Y en esas siguen.

Claro que, por dura que sea la situación de los extrabajadores de Delphi, donde existe con más fuerza la sensación de engaño no es entre ese colectivo, sino fuera, en el resto de la sociedad andaluza que también padece la crudeza de la crisis, de las altas tasas de desempleo, y contempla impotente cómo se destina el dinero, por cientos y cientos de millones, para intentar acallar protestas y resucitar empresas imposibles. ¿No ha sido esa, acaso, la historia de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía? De hecho, si algo es imposible de calcular a día de hoy es cuánto dinero le ha costado el proceso global de Delphi a la Administración andaluza, desde las subvenciones a la multinacional hasta los últimos planes de prejubilación y los cursos de empleo, pero por las cifras que se han ido aportando estos años el montante global podría estar en torno a los 400 millones de euros. La regla de tres para determinar la extrema inoperancia y la enorme injusticia de esa política es fácil: en Delphi había menos de dos mil trabajadores y en Andalucía el número de desempleados supera ampliamente el millón de personas.

Esta semana, el PSOE andaluz y su socio de gobierno, Izquierda Unida, han celebrado un ampuloso Consejo de Gobierno monográfico para aprobar “un plan de choque” contra el desempleo. La referencia oficial habla de “un conjunto de medidas extraordinarias para favorecer la creación de empleo, con una dotación de más de 500 millones de euros”. “Un primer bloque de medidas lo integran programas extraordinarios dirigidos a jóvenes, parados de larga duración, familias con todos sus miembros en paro y territorios especialmente afectados. El segundo bloque está orientado a favorecer la inversión productiva generadora de puestos de trabajo y el tercero a reforzar las políticas activas que gestiona el Servicio Andaluz de Empleo”.

Dicen en el Gobierno andaluz que con este plan esperan crear 42.000 nuevos puestos de trabajo y mantener otros 150.000 empleos. Eso dicen pero, en realidad, no se trata más que del calco de otros planes, que se suceden en el tiempo, a lo largo de treinta años, con el resultado que está a la vista en cada informe de la EPA o del Ministerio de Trabajo. De hecho, en julio pasado se aprobó otro plan parecido, también con gran despliegue propagandístico, dotado con 200 millones de euros, y que prometía la creación de 11.000 puestos de trabajo con obras de reforestación, rehabilitación de viviendas y arreglos de colegios. ¿Qué ha pasado? Hoy por hoy nadie sabe qué ha ocurrido. La última explicación que se conoce del Gobierno andaluz es que como se trata de “una documentación de cierta densidad que contiene muchísima información de varias consejerías” no es posible tener los datos precisos. No es posible, no, y quizá, a estas alturas, sea hasta innecesario. ¿Qué más hace falta para concluir que la inversión mayor aquí, en treinta años, sólo ha servido para la consolidación de esta enorme fábrica de parados? De profesión, parado.