Yo no soy tonto

Nada más efectivo para las reivindicaciones laborales que el ‘poder del boli’ que tienen los policías locales de toda España. En Sevilla, por ejemplo, decidieron hace un par de semanas iniciar una “protesta de bolis caídos” y, en nada y menos, han conseguido que el Ayuntamiento sevillano atienda sus exigencias salariales. Que no es que cobren mal los policías locales, que no, pero en virtud de acuerdos anteriores, de otros años, quedaban partidas por cobrar y revisiones de sueldo por aplicar que ahora, tras la protesta, ya se han actualizado. Así que, a partir de ahora, los polis locales de Sevilla revisarán al alza sus sueldos por categorías, de forma que se incrementará la media actual, que oscila entre los 25.000 y los 77.000 y euros brutos anuales, además de otros complementos como los incluidos en un ‘plus de productividad’ que, para este año en curso, está dotado con seis millones y medio de euros. Y todo lo que han tenido que hacer es relajar el bolígrafo, que es donde más le escuece al Ayuntamiento sevillano con unos ingresos garantizados de cinco o seis mil euros diarios por multas de tráfico. Ni huelga ni nada, tan sólo dejar de multar.

Lo que, probablemente, no entenderán ni los policías locales ni el propio Ayuntamiento sevillano es la cara de bobo que se le queda, en medio de este rifirrafe, al ciudadano medio, que es quien acaba pagando una vez más. Sobre todo ahora que los policías locales han pasado de la relajación al furor en el uso del bolígrafo. Retrasar cinco minutos la retirada de un vehículo de una zona de carga y descarga, por ejemplo, acarrea una multa de doscientos euros. Ya puede llegar implorando el propietario del vehículo que se ha retrasado unos minutos, sin que su vehículo obstruya ni impida ninguna actividad normal del tráfico, que delante de él se encontrará a un agente impasible. Cinco minutos, doscientos euros. Porque ahora lo que impera es el cumplimiento implacable de los objetivos de productividad para que la recaudación masiva de dinero con multas de tráfico pueda sufragar la subida de sueldo de los agentes. Es este cinismo generalizado en España que impone que la ejecución de una normativa tenga que guiarse, no por las circunstancias objetivas en las que se produce una infracción, sino por el afán recaudatorio de la Administración.

De todas las reformas y recortes que se exigen en España, la única que se aplica con algodones, es ésta de la administración pública. El rigor implacable con el que se imponen todas las demás reformas, se vuelve tibieza cuando se trata de recortar la burocracia políticaA partir de esa anécdota de Sevilla, podríamos hacer ahora un cálculo imaginario de cuánto ha aumentado durante la crisis la presión impositiva en los ayuntamientos de toda España. Y por todas las vías y métodos posibles: tasas, impuestos locales y multas. El esfuerzo siempre recae sobre las mismas espaldas. Cada ciudadano, en cada municipio, podrá hacer un relato pormenorizado de lo que ocurre en su ciudad, de su propia experiencia, de cuánto le han subido el impuesto de bienes inmuebles, de cómo se han aprobado tasas nuevas, gravámenes especiales, mientras que la burocracia política de su ciudad, de su provincia, permanece intacta. Con el añadido, también común, de una ingente cantidad de empresas públicas locales y provinciales, que suelen acoger a una legión de enchufados. Sobre todo lo anterior, sobre la oledada estatal de recortes de salarios y subidas de impuestos, la presión de los ayuntamientos para garantizar que la crisis no le afecte a la inmensa burocracia política que se padece en España.

En esas, ante esa sensación de ahogo, llega el proyecto de reforma local que acaba de plantear el Gobierno de la nación. Durante meses han estado negociando de forma reservada el Gobierno y la oposición y, como era de esperar, no ha habido acuerdo. En las posiciones de partida, tanto el Partido Popular como el PSOE planteaban una “reforma de calado”  que redujera sensiblemente la Administración local y provincial. El PP pretendía eliminar, mediante fusiones de ayuntamientos y otros ajustes, el 30% de los concejales. El PSOE, por su parte, planteaba la supresión de las Diputaciones. Al final, desacuerdo político y ni una cosa ni la otra. Otros países lo han hecho: Dinamarca, por ejemplo, que en 2007 pasó de 275 a 98 municipios, pero en España es imposible.

El titular de la pretendida reforma local que ofrece el Gobierno es tan grandilocuente como vacío: se afirma que más del 80% de los concejales no va a cobrar, pero no se añade que ya en la actualidad eso es lo que sucede. De hecho, el propio Gobierno, en la letra pequeña, detalla que, del ahorro neto estimado de 7.129 millones de euros que se persigue en el periodo 2013-2015, sólo 145 millones se deben a recortes a eventuales y cargos electos. El resto es por otros conceptos, como 2.232 millones por clarificación de competencias, 3.282 millones por eliminación de duplicidades, 1.397 millones de euros del sector público local y 73 millones de euros por mancomunidades y entidades locales menores. Y ya veremos, al final, en qué queda todo eso. Entre tanto, no estaría mal que Gobierno y oposición desvelaran cuánto se habría ahorrado si se hubiera suprimido el treinta por ciento de los concejales y las diputaciones provinciales.

De todas las reformas y recortes que se exigen en España, la única que se aplica con algodones es esta de la Administración Pública. El rigor implacable con el que se imponen todas las demás reformas se vuelve tibieza cuando se trata de recortar la burocracia política. Nada habrá que esperar, por tanto, de la reforma del Estado autonómico, que también sigue pendiente. El ahorro que se exige llegará por los caminos de siempre. Al final, al ciudadano sólo le va a quedar la posibilidad de arrancar de las vallas de publicidad uno de esos carteles que dice “Yo no soy tonto”, y colocárselo en la espalda. Y a seguir pagando.