El señuelo de la transparencia

Es probable que, como tantos otros, también usted se haya sorprendido alguna vez al comprobar que no era sólo su abuela la que se pasaba las tardes enteras con aquel divertimento tan banal del 'cuento de la buena pipa'. Tan simple como es, lo extraordinario es saber que se ha extendido por medio mundo; generaciones enteras que se desesperaban en la falda de sus abuelas con el mismo laberinto dialéctico: "¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa?"; y cuando el pequeño contestaba que "sí" o que "no", la abuela lo envolvía con la misma pregunta: "Yo no digo ni que sí ni que no, lo que digo es que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa...". Y vuelta a empezar. En alguna parte he podido leer alguna teoría sofisticada sobre el origen cultural del ‘cuento de la buena pipa’, contemplado como superviviente de una tradición oral que se perdió en la noche de los tiempos, de la misma forma que otros lo relacionan con juegos ancestrales de una sociedad rural en la que la búsqueda de la buena pipa tenía que ver con la calidad de las simientes, con las semillas de los cultivos.

La cuestión es que, curiosidades al margen, la verdad es que tan antiguas como el cuento de la buena pipa son algunas estrategias políticas que siempre nos enredan en la misma dialéctica, unas veces meramente disuasorias y otras abiertamente absurdas. Que para algo otro de los vicios de la política es el de tratar a la sociedad como si fuera inmadura, como niños en las faldas de sus abuelas. Lo último que nos recuerda el ‘cuento de la buena pipa’ es la obsesión legislativa que ahora diseña leyes de transparencia por doquier; primero, el Gobierno, luego las autonomías y, en poco tiempo, encontraremos normativas similares repartidas por los ayuntamientos. Esa es la forma en que se hacen las cosas en España: se establece una prioridad que suene políticamente correcta y todo se hace por triplicado, como las pólizas, en este caso para garantizar que nacionalistas vascos y catalanes no se van a oponer a la norma en el Congreso.

En poco tiempo, tendremos normas de transparencia por triplicado y nuevos organismos que complicarán todavía más la espesa burocracia política. Habrá una 'Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios' y luego estarán sus réplicas en todas partes. Además, claro, de los demás observatorios y consejos asesores que se vayan creando en cadena. Sólo en el caso de Andalucía, por ejemplo, ya se ha calculado que la nueva Ley de Transparencia, la andaluza, va a provocar la constitución de 26 entes nuevos para poder desarrollarla. Afirman los gobernantes andaluces, y así lo señalan en la memoria económica, que todo se hará con coste cero, con lo que ya pueden imaginar la credibilidad con la que nace la transparencia. ¿Estamos o no estamos otra vez en el mismo punto de partida? Ese es el ‘cuento de la buena pipa’, la historia cíclica que nunca se acaba.

Sin necesidad de aprobar nuevas normas, ya existen en la actualidad muchos organismos que podrían cumplir esa función, desde los tribunales de cuentas hasta los propios defensores del pueblo, pasando, obviamente, por las sesiones de control de todos los parlamentos y plenosEs verdad, sentado lo anterior, que la transparencia es un valor consustancial a cualquier democracia y que cuando, como en el caso de España, no existe esa cultura democrática, está bien que se imponga desde arriba con normas que obliguen a los Gobiernos ante los ciudadanos para que el control de los actos públicos y de la gestión del dinero público esté abierta a todo aquel que desee consultarla. Como principio, es inobjetable, claro. Pero si lo pensamos, sin necesidad de aprobar nuevas normas, ya existen en la actualidad muchos organismos que podrían cumplir esa función, desde los tribunales de cuentas, repartidos también por todas las administraciones, hasta los propios defensores del pueblo, pasando, obviamente, por las sesiones de control de todos los parlamentos y plenos. ¿O es que cuando un Gobierno se niega sistemáticamente a informar, por ejemplo, del número de asesores que tiene contratados a dedo es porque hace falta una ley más que lo obligue, si ya está incumpliendo con sus obligaciones legales?

Ayer mismo, un portavoz del PP andaluz que en Madrid defiende obviamente la Ley de Transparencia que ha planteado el Gobierno de su partido desconfiaba de la ley andaluza que están promoviendo los partidos rivales, el PSOE e IU, porque a su juicio no servirá para nada. Y añadía un dato: la Junta de Andalucía dedica cada día (¡cada día!) más de 120.000 euros a pagar a su corte de asesores y no hay forma de que el Gobierno andaluz presente esos datos, por muchas iniciativas parlamentarias que se planteen. En suma, lo mismo de siempre. El ‘cuento de la buena pipa’.

¿Cuánto dinero va a parar a los agentes sociales?

Lo mismo cabe esperar de quienes, al margen de las instituciones, también se nutren de dinero público. Los sindicatos y la patronal, por ejemplo. En la comparecencia en el Congreso, para valorar la inclusión de ambos en la Ley de Transparencia, lo que ha quedado claro es que lo que nunca conseguiremos en España es conocer exactamente cuánto dinero público va a parar a la financiación de los agentes sociales. Lo que ocurre en la actualidad es que, siguiendo el modelo anterior de todo por triplicado, los agentes sociales reciben dinero público de todas las administraciones, ya sea con los periódicos acuerdos de concertación social o con las subvenciones continuas para formación de empleo o la organización de jornadas sobre las cuestiones más inverosímiles.

La Ley de Transparencia no sólo no va a lograr que sepamos cuánto dinero, en su conjunto, reciben anualmente sindicatos y patronal, sino que, además, va a impedir que todo ello se regule con una Ley de Financiación, algo que se rehúye desde hace años. Para entender el disparate, el dispendio, sólo habría que comparar el dinero global que reciben los agentes sociales para cursos de formación y compararlo con la precariedad con la que se castiga a aquellos que sí necesitan financiación para formar a la sociedad, escuelas, universidades, investigadores...

Sostiene la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que esta Ley de Transparencia es "urgente e inaplazable" y que se trata de "la primera reforma profunda para la regeneración democrática". Aunque se niega la vinculación directa, parece evidente que el fin último de esas nuevas normas que prometen transparencia es combatir el deterioro evidente de la clase política española, lastrada por los continuos escándalos de corrupción, el rifirrafe constante con el que el interés partidario hace imposible cualquier acuerdo, la burocracia política excesiva y un modelo de Estado claramente deforme, obeso. En una democracia la transparencia, es verdad, es una necesidad urgente e inaplazable. Pero, tal como se plantean las cosas aquí, se persigue acabar con una realidad viciada y al final se abunda en lo mismo. Que ni que sí ni que no.