Susana, la ilegítima

El debate se ha planteado en la política andaluza, pero sólo tangencialmente. Con miedo, como un tabú impuesto, con las precauciones insalvables de quien teme pisar el campo de minas de lo políticamente correcto y sabe, con seguridad, que si se adentra en ese jardín recibirá lanzadas por todos los flancos y que, de ninguna de las maneras, podrá salir sin heridas. Se largó Griñán de la Junta de Andalucía de un portazo, dejó en su sillón a su heredera, Susana Díaz, y el mecanismo de legitimación de esa carambola se ha puesto en marcha sin que nadie, frontalmente, haya osado objetar nada sobre el dedazo antidemocrático.

“Total -como se rebate siempre-, ¿acaso no se trata de algo que hacen todos los partidos políticos?”. Y se recuerdan luego los casos, uno a uno, de los grupos políticos que, aquí y allá, han atropellado las urnas de los electores con procesos similares; la última, Esperanza Aguirre, y antes muchos dirigentes más.

Como la legitimidad reside en los parlamentos, no hay, pues, debate. Eso se sostiene y, ciertamente, si lo llevamos a esos términos de legalidad, no hay debate posible. Susana Díaz Pacheco, mujer andaluza de 39 años, militante y dirigente del PSOE desde al menos los 18, será nombrada esta semana presidenta de la Junta de Andalucía, tras un debate de investidura que comienza este miércoles y concluye, formalmente, con el acto de toma de posesión, el sábado próximo, elevada ya la elegida sobre los piropos de todas las fuerzas vivas, sobre los miedos de quienes la temen, sobre las miradas de quienes la alaban; como si todo eso, lisonjas y temores, pudiera trenzarse hasta formar una alfombra que se extendiera a su paso.

Si alguien hubiera planteado en esa campaña electoral que Andalucía acabaría gobernada, al cabo de un año y pico, por Susana Díaz como presidenta y por Diego Valderas como vicepresidente, lo hubieran corrido a gorrazos hasta que desapareciera por el horizonte

Presidenta de la Junta de Andalucía con la legitimidad que le otorga la mayoría absoluta de escaños que reúnen el PSOE e Izquierda Unida en el Parlamento andaluz, obtenida en las últimas elecciones. Y el Estatuto de Autonomía no deja lugar a dudas: en primer lugar, señala que “el Parlamento de Andalucía representa al pueblo andaluz”, y, más adelante, que “el presidente de la Junta de Andalucía será elegido de entre sus miembros por el Parlamento”. ¿Cabe, por tanto, alguna duda sobre la legitimidad del nombramiento de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía? Desde el punto de vista formal, ninguna, con rotundidad; la misma rotundidad con la que se puede afirmar que ese nombramiento carece de legitimidad democrática porque, de una forma grosera, aquí se han empobrecido y pervertido todos los principios que inspiran una democracia.

Griñán fue presidente pese a perder las elecciones andaluzas; ahora lo va a ser una persona que iba en esas filas, que también perdió los comicios, y que ni siquiera encabezaba una lista electoral. Ni eso. ¿Podría entenderse que si el PSOE perdió en Andalucía tres elecciones consecutivas, después de tres decenios de hegemonía, era porque la mayoría de los andaluces aspiraba a un cambio de gobierno?

Tan claro parece ese razonamiento democrático como que, en contra del mismo, se impuso la legalidad de un pacto entre el PSOE e Izquierda Unida. Y eso a pesar de que el líder de Izquierda Unida, Diego Valderas, hoy vicepresidente del Gobierno andaluz, prometió a los electores durante la campaña que su formación “no va a apuntalar un edificio en ruinas”, que no otra cosa era, a su juicio, el Partido Socialista, al que ya daba por muerto por el escándalo de los ERE. ¿Podría entenderse que el líder de Izquierda Unida ocultó en la campaña electoral sus verdaderas intenciones, por legítimo que sea su pacto de gobierno que acabó salvando al PSOE de la descomposición que ya se apuntaba?

Si alguien hubiera planteado en esa campaña electoral que Andalucía acabaría gobernada, al cabo de un año y pico, por Susana Díaz como presidenta y por Diego Valderas como vicepresidente, lo habrían corrido a gorrazos hasta que desapareciera por el horizonte. ¿Legitimidad democrática? Que sí, que toda la legitimidad del mundo, pero tengamos en cuenta eso, que lo que se va a hacer oficial esta semana no se planteaba ni como posibilidad remota en las elecciones en las que los ciudadanos acudieron a votar.

De todas formas, perdamos cualquier esperanza de que este tipo de atropellos democráticos puedan disminuir en el futuro. Sólo necesitamos mirar atrás para comprender que el empobrecimiento de la democracia se arrastra desde antiguo. Ya en 1919, Max Weber se quejaba de la democracia alemana de la época, precisamente, por esos pactos ‘pseudodemocráticos’ de las cámaras para elegir al presidente; “una burla al principio de la democracia en beneficio de los pactos de los diputados”. Un siglo ha pasado. ¿No es desolador contemplar que aquel riesgo democrático ya es una realidad incontestable? Pues sí. Weber, como si escribiera de la Andalucía de 2013: “Las elecciones han demostrado que los viejos políticos profesionales logran en todas partes, en contra del voto de los electores, eliminar a aquellos hombres que gozan de la confianza del pueblo en beneficio de políticos que ofrecen cosas que ya no se venden. La consecuencia ha sido que las mejores cabezas se han apartado radicalmente de la política”.

Principios democráticos, legitimidad parlamentaria. Son cosas distintas, sí.