Nadie controla a nadie; la corrupción está en el sistema

La pregunta que nadie nos contestará es la más elemental: ¿cómo ha sido posible todo esto sin que nadie lo detectara? El enigma con el que pasará esta oleada de corrupción sin precedentes que se vive en España es el primero que debimos resolver: ¿por qué nadie, nunca, detectó nada irregular o, por lo menos anómalo? ¿Dónde estaba el Banco de España, y el Tribunal de Cuentas, y la decena de Cámaras de Cuentas autonómicas, y la Agencia Tributaria, y los cientos de interventores de autonomías y ayuntamientos? ¿Nadie, nunca, sospechó nada de lo que estaba ocurriendo y que nos ha llevado a la ruina?

¿Dónde estaban los organismos de control? La generalización, es verdad, siempre comporta injusticias, pero se podrá disculpar la licencia cuando hablamos de una ceguera que se ha llevado por delante a todo un país y que ahora se está cebando con quienes menos responsabilidad tenían en el origen de la crisis. Van surgiendo escándalos, como borbotones de una charca estancada que rebosa, y lo que nadie nos explicará jamás es cómo se ha llenado esa poza de corrupción sin que ningún olfato lo percibiera.

Una oleada de corrupción sin precedentes, sí, porque aunque es cierto que el felipismo se desmoronó envuelto en escándalos que se multiplicaban por todas partes, desde la Guardia Civil al Banco de España pasando por el BOE, la diferencia fundamental con el momento que vivimos es que ahora la corrupción, más que nunca, se ha hecho transversal entre los principales partidos políticos, alcanza a los agentes sociales y asciende hasta la propia Casa Real. Esa generalización no se había dado nunca. Y por eso, a nadie le habrá extrañado que, ayer mismo, el CIS colocara a la clase política y a la corrupción entre las cuatro principales preocupaciones de los españoles. Y que un día antes, el martes, el Índice de Percepción de la Corrupción, que confecciona la ONG Transparencia Internacional, señalase que España es el segundo país, tras Siria, en el que más ha aumentado la percepción ciudadana por corrupción. Entre los países del entorno europeo, España se sitúa a la cola, por detrás de Polonia, Portugal o Chipre.

Hace un par de años, en la presentación de ese mismo informe de Transparencia Internacional, Jesús Sánchez Lambás, miembro del Comité Ejecutivo de esa ONG, afirmó, en referencia a los problemas de corrupción de España, que “del mismo modo que se plantea hoy como un problema esencial el llamado ‘secuestro del regulador’, en donde los grupos de poder económico regulado penetran en el ente regulador, en los partidos políticos existe una ósmosis entre las élites económicas, los grupos de intereses, y la clase política que desequilibra el modelo de representación social”.

El ‘secuestro del regulador’. El control de los controladores, esa es la cuestión; la sensación de que todo se ha edificado sobre un modelo ficticio de control. Nadie controla a nadie; unos camuflan la realidad y otros simulan el control.

El Tribunal de Cuentas, por ejemplo. En uno de los últimos autos, el juez Pablo Ruz constata indicios de "una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad remitida por el Partido Popular al Tribunal de Cuentas”.

El control de los controladores, esa es la cuestión; la sensación de que todo se ha edificado sobre un modelo ficticio de control. Nadie controla a nadie; unos camuflan la realidad y otros simulan el control

Podrán repetir, como suelen, los principales dirigentes del PP que la limpieza de su contabilidad está contrastada en las inspecciones del Tribunal de Cuentas, pero si algo ha quedado claro ya es que ese control no sirve más que para ofrecer apariencia de legalidad, pero que poco o nada tiene que ver con la realidad.

La incapacidad del Tribunal de Cuentas para cumplir con aquello que tiene encomendado es una certeza tan generalizada como ajena al interés del mundo político. No sé si con cierta sorna o con entrañable inocencia, una letrada de ese Tribunal de Cuentas, Pilar Jiménez Rius, se extrañaba en una tribuna de prensa de la falta de propuestas para mejorar los organismos de control. Decía: “En medio de la crisis económica en la que nos encontramos, todo el mundo habla de reformas: reformas en el mercado laboral, reformas del sistema de cajas, reformas económicas, etcétera, pero, si se dan cuenta, nadie se cuestiona cuál es nuestro sistema de control externo del gasto público ni si dicho sistema de control es el adecuado y funciona. Y ello no deja de ser curioso…”

Más que curioso es significativo; es la constatación de que la lucha contra la corrupción no es real, no es completa, se queda en los discursos. El ‘secuestro del regulador’ es la clave que explica los escándalos y es la excusa para que, con posterioridad, cuando estallan las corruptelas en los tribunales o en los medios de comunicación, se encuentre la coartada perfecta para la exculpación.

Por eso, y no por otra cuestión, se puede explicar que ahora la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, afirme solemne que su Gobierno “será implacable” contra la corrupción, como si no fuera su partido el que lleva tres décadas gobernando en la región. Implacable, ahora que la Junta de Andalucía está cercada por la corrupción, el sectarismo y el despilfarro. Y como nada, en el fondo, ha cambiado, puede volver a producirse. Por la mañana se afirma que se va a exigir a UGT devolver todo el dinero defraudado y por la tarde, como ha ocurrido esta semana, se firma otra partida de más de 3 millones de euros para que ese sindicato siga financiando cursos de orientación laboral.

Es el sistema el que propicia la corrupción. Por eso, y no por otra cuestión, se explica que ni la Junta de Andalucía ni su Cámara de Cuentas sospecharan nunca nada de toda la corruptela que está supurando ahora por todos los poros: los escándalos de la UGT, el despilfarro y el desfalco de los ERE, la arbitrariedad y el descaro de Invercaria. Sólo en Andalucía y en la Comunidad Valenciana están imputadas en la actualidad más de trescientas personas. ¿Cómo no va a existir una nítida percepción de corrupción en España?  

Como última muestra, ahí acaba de aparecer, inquietante, el último escándalo de dimisiones de la Agencia Tributaria que, de confirmarse que está relacionado con la intención de exonerar a una multinacional cementera del pago millonario de impuestos, constituiría la más insultante demostración de la existencia de una amnistía fiscal selectiva y oculta. Mientras, la clase media asfixiada a impuestos. Tres dimisiones se han producido ya por la supuesta orden “de los superiores” de no desestimar el recurso de esa multinacional, Cemex, contra una sanción multimillonaria. Y si nadie explica, técnicamente, cuál era el criterio de esos “superiores”, será inevitable pensar en un favor político de muchos millones de euros. De nuevo, y en otro ámbito, ‘el secuestro del controlador’.