Cristina y Mato, las lucrativas

Lo realmente imposible en el procesamiento de la infanta Cristina ha sido unir tres afirmaciones seguidas que no formaran parte de una cadena establecida. A ver, la cuestión es que para muchos, quizá demasiados, lo único que sobra en el juicio de la infanta Cristina es el juicio mismo, porque todo está muy claro. Se trata de una verdad axiomática, una suerte de silogismo intocable, que diría más o menos así: “Es evidente que la infanta Cristina conocía las actividades delictivas de su marido, por lo tanto debe ir a la cárcel, y si eso no sucede es que no existe Justicia en España”.

Ese ha sido el silogismo que ha funcionado durante toda la instrucción de este caso y ese es el esquema mental que sigue funcionando en la mente de muchas personas. Acaso demasiadas, porque cuando se intentan introducir algunos matices, pueden llover los gorrazos de complicidad con oscuros intereses, o peor. Pero los matices son fundamentales, mucho más en un proceso penal que se desarrolla entre los amortiguadores garantistas de un Estado de derecho.

Podemos introducir, por ejemplo, algunas variaciones en el silogismo anterior, coincidiendo con algunas afirmaciones y descartando otras. Diría así: “Es evidente que la infanta Cristina pudo conocer las actividades delictivas de su marido, pero como no existen pruebas fehacientes de su participación en esos actos, la Justicia no puede condenarla”.

En ese razonamiento no se habla de otra cosa que de uno de los principios jurídicos fundamentales, la carga de la prueba, que nos viene en herencia de la antigua Roma, pero como al final la Infanta no acaba en la cárcel, de forma increíble se ha convertido en el silogismo más sospechoso.

“La carga de la prueba es la obligación procesal del deber de demostrar un hecho. Quien tiene la carga de la prueba es quien ha de demostrar el incumplimiento de la Ley”, se dice en los manuales de Derecho. La insistencia del fiscal en todo este proceso no ha sido otra que esa, insistir en que no se puede sustentar una acusación en la mera sospecha de que la infanta Cristina debió conocer las actividades delictivas en las que estaba involucrado su marido, que tuvo que estar al tanto, que necesariamente tenía que saber lo que se cocía.

La suerte de las garantías procesales de las que disfrutamos todos –y conviene remarcar “todos”– es que la mera sospecha no conduce a nadie a la prisión, por aquella otra herencia romana de que “más vale cien culpables en libertad que un solo inocente en prisión”.

Si en España hemos llegado a la perversión social de los principios jurídicos más elementales no es, desde luego, por culpa del personal. Esta deriva, esta ansia de muchos por mandar a gente a la cárcel con juicios sumarísimos, está directamente relacionada con el deterioro institucional que se vive por la corrupción, anidada en todos los escalafones del Estado. Desde los ayuntamientos hasta la Casa Real, la corrupción ensarta el prestigio de las instituciones españolas como una aguja al rojo vivo.

Esta es la peor crisis de credibilidad de la democracia española y las consecuencias son las que estamos viendo. Pero el deterioro, el abuso, la persistencia en el delito durante todos estos años, no puede conducirnos a una pérdida de papeles generalizada y sí a un mayor nivel de exigencia. Quiere decirse que si al final la infanta Cristina no resulta imputada de ningún delito, eso no la exime de responsabilidad institucional. Que en el futuro no se siente en el banquillo de los acusados no la exonera de culpabilidad política.

Aquello que no tiene ninguna trascendencia en el proceso penal se transforma en algo capital, esencial, en el plano meramente institucional. Y así, de la misma forma que antes se decía que el “debió conocer” no tiene relevancia penal, a nivel institucional es fundamental. La única obligación de una Casa Real en pleno siglo XXI es la ejemplaridad, cuando ese fin no se logra es la institución misma la que carece de sentido; se caen los ropajes y sólo se ve ya su cara anacrónica, cadavérica, mortecina.

La infanta Cristina, sea o no culpable, ya no es ejemplar. Por lo tanto, cada minuto que permanece vinculada a la Casa Real a quien está deteriorando es a la institución; a quien perjudica es, sobre todo, a su hermano Felipe.

En el tiempo nuevo de exigencias que se está abriendo paso en España, se están valorando de forma muy distinta, tanto en los tribunales como en la vida pública, algunos comportamientos que, hasta ahora, se saldaban con absoluciones en todas partes, judiciales, políticas y civiles. Lo que nadie parece discutir del comportamiento de la infanta Cristina –no lo rebate ni su propia defensa, que está dispuesta a pagar los 600.000 euros que pide la Fiscalía– es que se benefició a título lucrativo de las actividades de su marido, Iñaki Urdangarin.

Le ha ocurrido igual que a la ministra Ana Mato, con lo suyo de la Gürtel. Hasta ahora, las participaciones a título lucrativo de los cónyuges de los delincuentes no llegaban a ninguna parte, pero el ojo del embudo se ha estrechado, la vara de medir se ha alargado, y ya no existe disculpa para ninguno de ellos. Ahora sí, vivimos el tiempo que siempre tendría que haber imperado en España en el que las responsabilidades políticas e institucionales se depuran con independencia de lo que ocurra en los tribunales de Justicia.

Ana Mato y Cristina de Borbón, con independencia del resultado final de los procesos judiciales en los que están inmersas, estaban obligadas a extremar el cuidado y la vigilancia, no sólo en sus despachos, sino en su propio entorno familiar. Y esa obligación no la han cumplido. Por eso, Ana y Cristina, las esposas lucrativas, no tienen lugar en ningún peldaño de la representación de un Estado. La ministra ya ha dimitido; lo de la Infanta debe ser sólo cuestión de tiempo.