Corrupción socialista, corrupción popular

Es tan nítida la diferencia que merece la pena considerarla, valorarla, destriparla. ¿Por qué sucede?
Foto: El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tras la figura de Mariano Rajoy. (EFE)
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tras la figura de Mariano Rajoy. (EFE)

La una es clientelar, la otra particular. La una despilfarra fondos públicos, la otra extorsiona fondos privados y desvía dinero público. La una sirve para amarrar votos, la otra provoca espantada de votantes. ¿Existen diferencias entre la corrupción que conocemos en la actualidad del Partido Popular y del PSOE? Pues sí, claro que existe. Y la prueba evidente está en que no hay ningún cargo socialista acusado de tener una cuenta en Suiza. Los hay por otras muchas cosas, desde los socialistas andaluces procesados por los ERE hasta la extensa lista de alcaldes procesados y condenados por prevaricación, pero no existe ni un solo caso que afecte al PSOE que se parezca a las causas que afectan al Partido Popular. Y es tan nítida la diferencia que merece la pena considerarla, valorarla, destriparla. ¿Por qué sucede?

Las diferencias, por supuesto, se detienen ahí, ni van más allá ni de ninguna de las maneras suponen la catalogación de distintos grados de corrupción; no hay una corrupción más grave que otra. Esas distinciones suponen, de hecho, uno de los vicios más interiorizados por la clase política gobernante, y origen en la mayoría de las ocasiones de los grandes casos de corrupción. Es la vieja concepción de que “la corrupción es el aceite que lubrica el sistema”, y que conduce directamente a la aceptación tácita, tan vigente en España, de que entre las funciones propias de un partido político, entre las tareas habituales de los ‘aparatos’ de los partidos, se encuentra la necesidad de conseguir ‘fondos extra’ para financiar las campañas electorales.

Ningún partido político, ningún dirigente, va a asumir nunca en público que la financiación ilegal es el origen de la corrupción, entre otras cosas porque el esquema de funcionamiento interno de todos ellos es exactamente el mismo.

Al margen de toda diferencia, para los ciudadanos el efecto de la corrupción es el mismo. Es dinero público el que acaba en las alcantarillas del poder

La Filesa del PSOE, como se ha señalado aquí en alguna ocasión, supuso la máxima expresión de esa ‘corrupción de partido’, la formalización de las comisiones ilegales para centralizarlas, controlarlas y multiplicarlas a través de un entramado de empresas. El ‘caso Pallerols’ confirmó la financiación ilegal de Unió Democràtica de Catalunya y en el Partido Popular, desde Naseiro a Bárcenas, se puede hablar ya de una tradición de tesoreros procesados por el manejo de las cajas de ese partido, la caja oficial y la caja de los convolutos, que tendría que ser una palabra aceptada desde hace tiempo por la Real Academia para definir las comisiones ilegales de la corrupción política.

Es lo mismo que ocurre cuando a un cargo público lo procesan por prevaricación administrativa, por beneficiar a empresas con contratos públicos o a personas, con designaciones a dedo de puestos de trabajo en la Administración Pública. Cuando no hay dinero contante y sonante de por medio, los partidos políticos suelen considerar que no existe corrupción.

Hasta se permite que este tipo de imputados sí se presente a las elecciones, como ocurrirá el 24 de mayo. Por ejemplo, el alcalde de Benidorm, el socialista Agustín Navarro, que establece abiertamente la diferencia entre la prevaricación administrativa, los enchufes por los que está procesado él, y la corrupción política. “Al chorizo y al corrupto hay que hacer que devuelva el dinero, inhabilitarle y meterle en la cárcel hasta que termine la condena”, afirma, pero en su caso está seguro de “no haber incurrido en causa judicial relacionada con corrupción”.

Lo curioso, a partir de esa corrupción transversal que atraviesa a todos los partidos políticos, es observar cómo se han establecido importantes diferencias entre la corrupción del PSOE y la del PP en los últimos tiempos. Podemos fijarnos en dos comunidades autónomas minadas de corruptelas, Andalucía y Valencia.

Es evidente que en el caso de Andalucía ha habido personajes que se han enriquecido, como los implicados en el fraude de los cursos de formación o el tipo aquel de los ERE del que decía su madre que tenía dinero “para asar una vaca”. Pero el grueso del “gran fraude” cometido, en expresión del propio expresidente Griñán, ha sido el diseño de un sistema clientelar que no pretendía otra cosa que perpetuar a los socialistas en el poder de la Junta de Andalucía.

Ningún partido político, ningún dirigente, va a asumir nunca en público que la financiación ilegal es el origen de la corrupción

En el caso de Valencia, o de Baleares, el perfil de los casos de corrupción carece de ese perfil clientelar. El entramado descubierto en torno a Urdangarin, a Jaume Matas o Álvaro Pérez, el famoso Bigotes, en nada se parece al fraude de los ERE. Si se le suman las cuentas suizas de Bárcenas o el emporio de tráfico de influencias del que se acusa a Francisco Correa, las diferencias se hacen aún más apreciables.

El porqué de esta diferencia entre la corrupción de uno y de otro es, sin duda, es aspecto más complejo de analizar. Desde la apreciación de un esquema mental común que propicia la corrupción a favor de la financiación de los partidos políticos, parece como si los unos, el PSOE, la hubieran enfocado esencialmente a favor de sus intereses políticos, mientras que en el otro, el Partido Popular, ha proliferado el enriquecimiento personal.

La consecuencia apreciable es que, quizá por el carácter clientelar, puede servirle para sus intereses electorales (aunque esta no sea, desde luego, la única razón que explica el triunfo del PSOE en Andalucía), mientras que en el caso del Partido Popular la corrupción y el enriquecimiento grosero de unos pocos acaba asqueando a los electores más leales. En cualquier caso, fuera de esos intereses cruzados, al margen de toda diferencia, para los ciudadanos el efecto de la corrupción es el mismo. Es dinero público, dinero de todos, el que acaba en las alcantarillas del poder.

Matacán

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