Tres formas de abusar en Andalucía

Transparencia y austeridad. No hay discurso publico en España, sobre todo tras la severa crisis del bipartidismo, que no incluya esas dos palabras. Deben pensar los asesores, los hacedores de discursos, que la pócima no es efectiva si en la marmita no se introducen esos dos términos, junto a las descalificaciones del adversario político, que se jalean, junto a las promesas de infraestructuras del momento, que son obligadas, y junto algún golpe de pecho enfático, del tipo de “tolerancia cero” contra la corrupción.

En medio de ese brebaje, tolerancia y austeridad se han convertido en referencias obligadas porque se incluyen en los discurso como un compromiso más del ejercicio del cargo público. Acaso el más grave. Todo esto deriva, a ver, de la severa crítica que el personal realizó en forma de rechazo contra la clase política por sus privilegios, que son antiguos, pero que durante la crisis económica se reflejaban en la cara angustiada del personal como insultos descarados, desafiantes.

Desde entonces se promete austeridad y transparencia, pero cualquier repaso de las administraciones demuestra que nada de eso es real. Andalucía, por ejemplo, una de las comunidades en la que con más énfasis se promete austeridad por el pasado de corrupción y despilfarro que se arrastra con los ERE y todos los escándalos que le sucedieron. La austeridad y la transparencia no existen; no existen al menos a la altura de las exigencias ciudadanas o de las mismas proclamas políticas. Estas son sólo tres formas de abuso. O de despilfarro, como gusten.

¿Dónde está la incompatibilidad de Valderas si era butanero cuando se inició en política, en 1979, y la abandona ahora, a punto de alcanzar la jubilación?

Las cesantías ‘democráticas’

La Junta de Andalucía, que tantas veces se reclama como ‘pionera’ en las política más diversas, desde la bioética hasta las relaciones internacionales, también fue pionera en 2005 en un paquete de medidas que denominó de “impulso democrático”. Lo que no se podía sospechar es que en el ‘impulso democrático’ se incluyó una indemnización a los diputados y altos cargos una vez que cesaran en su puesto. Lo inició la Junta de Andalucía y luego lo imitaron las demás administraciones del Estado, porque en los parlamentos la única discrepancia que no existe es la de las retribuciones. Este año, como la presidenta Susana Díaz decidió disolver el Parlamento y convocar elecciones, las cesantías se han anticipado. De modo que con cargo al presupuesto este año se han pagado casi 600.000 euros a una treintena de altos cargos por el hecho de dejar de serlo.

El ‘espíritu democrático’ justifica las cesantías con el argumento de que, de esta forma, el alto cargo no se ve obligado a regresar inmediatamente a su antiguo puesto de trabajo e incurrir en alguna incompatilidad. De acuerdo en eso, pero ¿qué pasa cuando no existe incompatibilidad posible bien por la naturaleza del cargo anterior del responsable político o, sencillamente, porque carecía de ocupación anterior? Diego Valderas, por ejemplo, que fue vicepresidente andaluz por la cuota de Izquierda Unida. Va a cobrar más de cien mil euros, a razón 4.186,70 euros al mes, en concepto de cesantías. ¿Dónde está la incompatibilidad de Valderas si era butanero cuando se inició en política, en 1979, y la abandona ahora, a punto de alcanzar la jubilación con 62 años? Como Valderas, que sólo es el ejemplo más reciente, muchos otros. Hasta el afamado director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, el principal imputado de los ERE, cobró cesantía cuando salió del Gobierno andaluz. ¿Impulso democrático? ¿Incompatibilidades? Por favor…

El despilfarro de Canal Sur

Nadie, ningún partido político cuestiona una profunda reforma de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) a pesar de que, su sola existencia, supone un agravio objetivo en época de crisis y de recortes para cientos o miles de empresas que han tenido que cerrar sus puertas, entre ellas muchas de medios de comunicación. Sólo entre 2007 y 2014, los años de la crisis, la RTVA ha recibido de los presupuestos públicos de la Junta de Andalucía 1.250 millones de euros, a pesar de lo cual acumuló una deuda de 147 millones de euros.

De forma general, Canal Sur, con una plantilla de 1.467 trabajadores y una cuota de pantalla de 8%, acumula pérdidas diarias de 61.692 euros. En este 2015, la RTVA ha recibido de la Junta de Andalucía 164 millones de euros. Y todo ello, encabezado por una superestructura directiva y política, blindada de los recortes, aunque mínimos, que se imponen en la plantilla. Son intocables los directivos de la cadena y son intocables los cargos políticos del consejo de administración, que siguen cobrando salarios y dietas por encima de toda lógica y razón. El 42% de los andaluces declara no ver nunca Canal Sur, según el Barómetro que elabora otro organismo, el Consejo Audiovisual de Andalucía que es, en sí mismo, otro despilfarro más.

Son intocables los directivos de Canal Sur y los cargos políticos del consejo de administración, que siguen cobrando salarios y dietas por encima de toda lógica

Las dietas de vacaciones de los diputados

Otra legislación ‘pionera’ de la política andaluza: las incompatibilidades de los cargos públicos. La legislación más restrictiva de España, y acaso del mundo civilizado, está en la Junta de Andalucía. Por prohibir, se prohibió incluso que un alcalde pudiera ser diputado en la Cámara andaluza con la excusa de la no acumulación de cargos, aunque en realidad aquella medida la impulsó la mayoría socialista para lastrar el grupo parlamentario del PP que, en la anterior legislatura, estaba plagado de alcaldes.

Por eso se prohibió el doblete a los alcaldes, pero no a los concejales. En ese mismo paquete, se aprobó también que los diputados no pudieran cobrar dietas de otros organismos públicos. Un diputado andaluz cobra 3.020 euros brutos mensuales, más un complemento de dietas semanales que oscila entre los 200 y los 500 euros. Por pertenencia a comisiones y órganos parlamentarios, también se suman más retribuciones. ¿Dónde está la trampa? Lo avanzó hace unas semanas El Confidencial, aunque las incompatibilidades son estrictas, el 21 de julio pasado se aprobó un dictamen para que los concejales puedan cobrar también dietas en sus ayuntamientos. Claro que lo más llamativo ha sido lo ocurrido en agosto, un mes declarado inhábil a efectos parlamentarios, sin actividad alguna, en el que los 109 diputados han cobrado su sueldo y las dietas semanales por asistencia. Dirán que no es importante, “el chocolate del loro”, pero también eso se concreta: sólo en dietas de parlamentarios andaluces un millón y medio de euros al año.