Cinco motivos del fiasco judicial de los ERE

La madeja judicial del caso de los ERE está más enredada que nunca. Juezas peleadas entre ellas por la titularidad del proceso, imputados que desparecen, informes contundentes que alertan de la nulidad de las actuaciones, presiones de la fiscalía para resolver el proceso… Durante años, todas las informaciones que aparecían sobre el monumental escándalo de los ERE se referían a actuaciones policiales y judiciales que, poco a poco, fueron descubriendo y desvelando el funcionamiento de la trama de los ERE, aquello que la carismática juez Alaya denominó la “pirámide” del fraude millonario que se organizó en la Junta de Andalucía. Lo que ocurre ahora es todo lo contrario, las noticias que aparecen a diario lo que van cimentado es la idea del fiasco judicial que puede dejar reducido el escándalo de los ERE a la mínima expresión. La investigación no avanza, quizá porque ya se ha agotado, y todo está relacionado con la resolución judicial del caso. Estas son sólo cinco motivos razonables para pensar con inquietud sobre el desenlace final de este proceso judicial que tiene a 266 personas imputadas, ninguna de ellas en prisión, por un fraude que alcanzaría los mil millones de euros.

Primero. Duelo de juezas por la investigación

Cuando, en junio pasado, Mercedes Alaya obtuvo una plaza en la Audiencia Provincial de Sevilla, que ella misma había solicitado, casi todo el mundo daba por hecho que la instrucción de los ERE estaba ya en su recta final, solo pendiente de cuestiones formales y que la carismática juez sevillana dejaría la instrucción en manos de su sustituto. Pero no fue así, Alaya obtuvo la plaza en la Audiencia y a continuación solicitó seguir con las macrocausas que tenía en su juzgado. Ahí comienza el enfrentamiento abierto, con episodios de ‘juego sucio’, que ha provocado la estupefacción en el mundo judicial. Esta misma semana, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, admitió el daño que está causando este episodio a la imagen de la Justicia y abogó por resolverlo “cuanto antes”. Pero eso no ocurrirá, al menos, hasta la segunda quince de octubre. Tendrá que ser el propio Consejo General del Poder Judicial quien resuelva la pugna, previo informe del TSJA, que se emitirá el 13 de octubre.

Segundo. Las defensas aprovechan las debilidades

La pugna entre dos juezas por la titularidad de la instrucción, y los criterios judiciales dispares que tienen ambas sobre la resolución del proceso, ha impregnado todo el caso de un ambiente raro, como de descomposición de todo, o por lo menos de provisionalidad, que están aprovechando las defensas de los imputados. Un significativo detalle de los últimos días: Uno de los principales cabecillas de la trama, según la instrucción, el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, ha dirigido un escrito a la nueva titular del juzgado número 6 de Sevilla, María Ángeles Núñez Bolaños, en el que le solicita declarar de nuevo, después de haberse negado en varias ocasiones a hacerlo delante de Alaya, una estrategia que siguieron otros imputados como medio de protesta. Con Alaya fuera del juzgado, Guerrero quiere declarar “para colaborar al esclarecimiento de los hechos, pero en un clima de apertura en la investigación que no suponga vetos en determinadas líneas, desinterés en otras e inquisitorial en las más”, dice en su escrito dirigido al juzgado, en clara alusión a Mercedes Alaya. No es de extrañar que otros procesados secunden esta misma estrategia para desacreditar la investigación de Alaya por “inquisitorial”.

Tercero. El riesgo de prescripción de delitos

Cuando un proceso judicial se prolonga durante tantos años, la sombra de la prescripción siempre está planeando sobre la instrucción. En el caso de los ERE esa sombra es cada vez más alargada. Esta misma semana, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez Núñez Bolaños que acelere la instrucción contra cuatro ex consejeros de la Junta de Andalucía para evitar que prescriban los delitos que se les imputan, lo que llevaría aparejada la nulidad de una parte de la causa. Los cuatro ex consejeros en cuestión son Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio y Francisco Vallejo, nombrados en distintas etapas por Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Si, finalmente, como teme la Fiscalía, prescriben los delitos de los que se les acusa se habrá completado una burla completa a la Justicia. Para evitar que declarasen ante Mercedes Alaya, el Gobierno socialista, tras anunciar Susana Díaz que disolvía el Parlamento a principios de año, les incluyó en la Diputación Permanente para que mantuviesen su condición de aforados en el TSJA. Entre una cosa y otra, ha pasado el año y siguen sin declarar en sede judicial y con peligro, como dice la fiscalía, de que queden libres de todo por prescripción.

Cuarto. El caos de los imputados desaparecidos

En el conjunto del proceso, quizá suponga sólo una anécdota, pero todas las alarmas se han encendido cuando, en los últimos días, se conoció que varios imputados no se habían presentado en el juzgado, como están obligados, desde el mes de agosto. Sin imputados en prisión, esta misma obligatoriedad de presentarse en el juzgado la tienen la mayoría de los investigados. ¿Cuántos lo cumplen? Lo que se ha sabido ahora es que, al menos tres, no se presentan a firmar en el juzgado desde agosto. Uno de ellos es el ‘famoso’ chófer de la coca, Juan Francisco Trujillo, imputado por Mercedes Alaya, de veintidós delitos distintos en los 1,3 millones de euros que percibió de la Junta en forma de ayudas para sus empresas fantasmas y ayudas sociolaborales para su madre. Cuando Trujillo acudió a declarar la primera vez reconoció que tanto él como su jefe, Francisco Javier Guerrero, consumían cocaína “a cualquier hora” y que gastaban hasta 25.000 euros mensuales en droga. Otro de los ‘desaparecidos’ es un exdirectivo de la consultora Vitalia, Eduardo Pascual, que le dijo a la juez Alaya que con los expedientes laborales aprobados desde la Junta de Andalucía se financiaba el PSOE. Y detalló que de la Junta de Andalucía salieron 98 millones de euros para Fortia Vida, empresa que, según dijo, controla el Partido Socialista de Catalunya.

Quinto. ¿Fraude de mil millones o cien millones?

De todos los imputados del caso de los ERE, el más persistente en su defensa en, sin duda, el abogado Carlos Leal. Lo que, de forma somera, sostiene Carlos Leal, cada vez con mayor respaldo documental y jurídico, es que si la inmensa mayoría del dinero de los ERE se entregó a prejubilados, que de hecho siguen cobrando sus pensiones, y nadie reclama la devolución de ese dinero, no se puede mantener la acusación de fraude sobre la totalidad de las ayudas. Es decir, cuando se habla de que la trama de los ERE defraudó más de mil millones de euros, se refiere a la prejubilaciones que han cobrado o cobran casi 6.000 trabajadores a los que nadie le reclama. Sólo 126 personas, de ese global, fueron declarados intrusos. La tesis de Carlos Leal se ha visto reforzada por el magistrado del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, al distinguir entre la legalidad de las prejubilaciones y el procedimiento ilegal por el que fueron concedidas. ¿Qué ocurre, entonces? Sencillamente, que, si esta es la interpretación judicial que se acaba imponiendo, la cifra final del fraude cometido en el ‘macro proceso’ de los ERE podría desinflarse en un 80 por ciento.