"La Junta nos está haciendo pagarle las putas"

En la primera línea de la página web que creó, el cabreo sordo estalla como una bomba: “La Junta de Andalucía nos está haciendo pagarle las putas, las drogas, los chalés, las fiestas y hasta los divorcios de la última década”. El exabrupto es el último recurso del desesperado y eso es lo que le ha ocurrido a Anna Martín, una joven granadina, autónoma, a la que la Junta de Andalucía le reclama, ocho años después, las ayudas que le concedió para que creara su propia empresa. ¿Se las reclama porque no cumplió? Esa es la cuestión, que según documenta Anna Martín su problema es que se encuentra atrapada en una espiral kafkiana de la que no consigue salir y que, cada día que pasa, se agrava más.

Parece como si la Junta de Andalucía, instalada en el caos desde que estallaron los escándalos de los ERE y de los cursos de formación, hubiera decidido utilizar de ‘conejillo de indias’ a los pequeños autónomos que recibieron subvenciones para lavar su imagen pública de descontrol; una especie de castigo ejemplarizante que se ejecuta sobre los más débiles. Así lo piensa Anna Martín, una más de los 3.000 autónomos que, según calculan, están afectados por lo que denominan “la estafa del 'ticket' del autónomo”.

Todo surge a partir de la aprobación de uno de los planes y programas de la Junta de Andalucía para el fomento del empleo; decenas de planes y programas con eficacia difícil de evaluar en la región con más paro de Europa porque al descontrol interno de la administración andaluza se une la falta de seguimiento real de los puestos de trabajo creados. En este caso, de todas formas, se trataba de subvenciones que la Junta de Andalucía concedió en 2007 para emprendedores, el conocido como ‘ticket' del autónomo con el que se le concedían 6.000 euros a quienes iniciaran una actividad empresarial.

La propia Cámara de Cuentas de Andalucía concluyó que el descontrol interno en la Junta y la falta de seguimiento impedía analizar la eficacia de las ayudas

La subvención estaba destinada a personas que estuvieran desempleadas y apuntadas al paro. En una de las páginas de afectados, cuentan lo sucedido desde el principio: “Muchos fuimos los que nos lanzamos a solicitar dicha subvención, entre sueños e ilusiones de llevar un proyecto, un desarrollo profesional, un querer hacer. La mayoría de los que solicitamos la subvención recibimos asesoramiento de las cámaras de comercio o de Andalucía Orienta, confiando en hacer las cosas bien y evitar equivocaciones. En la actualidad, cuando ya han pasado ocho años, estamos recibiendo notificaciones por parte de la Consejería de Empleo e Innovación, solicitando la devolución de esos 6.000 euros, más los intereses generados desde entonces; una cifra aproximada de 9.000 euros. Casi todos los casos son muy parecidos; a unos se les exige por un presunto incumplimiento del tiempo que se estuvo de alta como autónomo, a otros por haber compaginado la actividad empresarial por cuenta propia con la de cuenta ajena”.

La propia Cámara de Cuentas de Andalucía, cuando analizó la ejecución de este plan de subvenciones destinado al autoempleo de pequeños autónomos, concluyó, como en otras muchas ocasiones, que el descontrol interno en la Junta de Andalucía y la falta de seguimiento impedían analizar mínimamente la eficacia de las ayudas públicas concedidas. “La conclusión final es que la ejecución del Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía, así como las sucesivas órdenes de desarrollo, han tenido falta de coordinación, seguimiento y control, así como de continuidad en la gestión de las ayudas concedidas. De otro lado, la ausencia de mecanismos adecuados de evaluación impide medir el impacto de las acciones contempladas en el Plan y el cumplimiento de los objetivos previstos”, decía el informe de la Cámara de Cuentas, como el conocido ‘ticket del autónomo’.

La mayoría de los autónomos afectados coinciden en afirmar, además, que las reclamaciones se producen como un hecho ya consumado, sin posibilidad alguna de alegar y de presentar la documentación correspondiente que justifique la supuesta vulneración de los requisitos que se incluían en la subvención y de los que, según dicen, jamás fueron informados. Muchos de ellos tuvieron que cerrar el negocio, por la crisis o porque no funcionó, y ahora, pasados los años, se encuentran con una reclamación de la Junta de Andalucía, que se suma a la deuda que aún arrastren del negocio fallido, y el embargo de cuentas corrientes y propiedades.

El caso de Anna Martín, una de las más activas del colectivo de afectados, es todavía más surrealista porque, según afirma, en su caso todo parece una pesadilla o una broma de mal gusto. “Me animaron a pedir la subvención, como hacían los bancos con las hipotecas. Presenté toda la documentación que me solicitaron, cumplí con todos los requisitos, creé la empresa y ahora, ocho años después, me dicen que mi expediente oficial está vacío. Me ofrezco para aportarles de nuevo la documentación que ellos han perdido, pero me dicen que ya es tarde, que mi caso está en vía ejecutiva y tengo que devolver la subvención con intereses. De los 8.000 euros que me prestaron, en dos subvenciones distintas, ahora me exigen 23.000 euros. ¡Y eso que se trataba de una subvención a fondo perdido!”, le cuenta, visiblemente irritada, Anna Martín a El Confidencial.

En cualquier caso, con independencia del detalle de cada caso particular de los afectados por el ‘ticket del autónomo’, lo que sí llama poderosamente la atención es el celo con el que la Junta de Andalucía persigue las supuestas irregularidades en estas subvenciones de 6.000 euros mientras que ha exonerado de toda justificación a lo largo de los últimos años a los grandes perceptores de ayudas públicas, por importes millonarios. Hace dos años, por ejemplo, después de múltiples requerimientos de la oposición, la Junta de Andalucía hizo pública una lista de perceptores de subvenciones que habían sido exonerados de presentar toda justificación sobre el destino del dinero público recibido. En total, eran 1.162 entidades, muchas de ellas sindicatos, asociaciones patronales, empresas, asociaciones y, por supuesto, algunas de las propias empresas públicas de la Junta de Andalucía. En ese listado volvía a aparecer, por ejemplo, uno de los principales afectados por el escándalo de los cursos de formación, Ángel Ojeda, al que la jueza Alaya le detectó hasta la exoneración de 45 subvenciones recibidas por nueve sociedades controladas por él y con un importe superior a los 16,3 millones de euros.