Los camioneros y el embajador británico: las miserias de la política energética española

Habrá quien recuerde las manifestaciones celebradas durante el franquismo ante la embajada británica reclamando ‘Gibraltar español’. Se cuenta que una de aquellas demostraciones de fuerza del falangismo -normalmente pacíficas- fue especialmente virulenta. Muchos de los manifestantes adoptaron ademanes amenazadores contra la legación británica, lo que provocó cierta preocupación en el régimen. Fue entonces cuando a una de las autoridades se le ocurrió llamar al embajador británico con el objetivo de reforzar la protección policial del recinto. El embajador, en su doble condición de diplomático y británico, le contestó con sutileza. "No es necesario que mande más policías -le replicó- basta con que envíe menos manifestantes”.

A ese variopinto gabinete de crisis que se ha formado en la Moncloa para afrontar las movilizaciones del transporte le sucede algo parecido que al jerarca del régimen: está más preocupado por el qué dirán -en términos de opinión pública- que por el fondo del asunto, que no es otro que un entorno económico que poco a poco se va pudriendo, y que explica, sin lugar a dudas, la avalancha de manifestantes. El problema no son los camioneros que cortan la circulación, sino las causas que empujan a miles de transportistas a hacer huelga con el consiguiente perjuicio económico que sufren en sus bolsillos; provocando, al mismo tiempo, graves contratiempos a los ciudadanos, que desde luego no tienen ninguna responsabilidad de lo que sucede.

Una de las obviedades que con mayor fruición se ha esgrimido en las últimas semanas sobre la huelga de los transportistas y, en general, sobre el encarecimiento del crudo, es que el Gobierno no tiene la culpa de que el crudo se haya colocado cerca de los 140 dólares por barril. Nada que objetar a ese argumento, pero sería un tanto simplista reducir los problemas actuales del país a una cuestión derivada estrictamente de la subida del petróleo. Por si alguien no lo recuerda, la dependencia energética de España -cociente entre las importaciones y el consumo- se sitúa en el 85,1%, es decir, exactamente 28,9 puntos más que la media de la Unión Europea a 25, ya que los datos corresponden a 2005 (últimas cifras publicadas). Habrá quien piense que eso es lógico teniendo en cuenta que España -al contrario que Reino Unido o Dinamarca- no posee yacimientos de petróleo, lo que explica la dependencia exterior. Falso. Se trata de un razonamiento erróneo. La dependencia exterior de Alemania se sitúa en el 65,1% (20 puntos menos que España), mientras que en Francia se alcanza un 54,5% gracias, entre otras cosas, a su poderío nuclear.

Un desinterés histórico

La alta dependencia energética de España es, por lo tanto, un asunto de política interna, pero da la sensación de que a todos los gobernantes les gusta afrontar este asunto como si se tratara de una cuestión relacionada con la política exterior, lo que puede explicar el desinterés histórico con el que se ha tratado en este país el aprovisionamiento energético.

Desde luego que no sólo es un problema de cantidad, también de calidad. No estará de más recordar que España es el país de Europa que más ha aumentado su intensidad energética entre 1991 hasta 2005. Al contrario de lo que pueda parecer, este aumento no se ha debido a un cambio de la estructura productiva del país, ya que el componente estructural incluso ha caído un 0,42% anual. Por el contrario, como han sostenido los profesores Marrero y Ramos-Real (ambos de Universidad de la Laguna) en un trabajo publicado por Fedea, “todo el aumento de la intensidad energética se ha debido a una pérdida de eficiencia en los sectores de actividad, que ha sido especialmente notable en el sector servicios y en la agricultura”. El Índice de Intensidad Energética (IIE) mide la relación entre la energía utilizada por unidad de producción real. A mayor consumo de energía, por lo tanto, menor eficiencia productiva y menor capacidad para competir en un mercado global, además de las consecuencias medioambientales en términos de emisiones de efecto invernadero. Se trata, por lo tanto, de una medida objetiva que permite la comparación entre países o regiones y entre diferentes sectores productivos.

Y los resultados no dejan sombras de dudas. Bélgica, Alemania, Holanda, y Reino Unido, por este orden, son las naciones con mayor eficiencia energética. En el segundo bloque de países se encuentran Grecia y Francia, mientras que el tercer bloque se agrupan los países escandinavos (Finlandia, Suecia y Dinamarca). En el último grupo se integran las naciones menos eficientes, entre las que se encuentran Austria e Italia, tras las cuales están Portugal y España, que está a la cola en esta clasificación.

Como se ve, no se trata de un problema nuevo. Sería iluso, sin embargo, y necesariamente injusto, pensar que la economía española podría resistir sin tensiones sociales y económicas un barril de crudo a 135 dólares. El crudo a esos niveles hace mella, pero no hace falta ser un lince para darse cuenta de que la pérdida de productividad de las empresas -y en general de España- tiene mucho que ver con la falta de infraestructuras para el transporte de mercancías por ferrocarril. Un estudio internacional sobre el uso del tren para el transporte de mercancías ha situado a España por detrás de países como Gabón, Túnez, Croacia, Irán, Vietnam, Chile o Turquía, lo cual no dice mucho a favor de quienes han gobernado este país durante los últimos años.

La ministra de Fomento está encantada de que en un futuro más o menos próximo (ya se sabe que los calendarios son elásticos) las 50 capitales de provincia estarán comunicadas por trenes de alta velocidad, pero en su reciente intervención en el Congreso se le ‘olvidó’ articular una estrategia más ambiciosa para el transporte de mercancías por ferrocarril.

Las consecuencias derivadas de tanto desatino inversor no podían ser otras que un crecimiento desmesurado de la dependencia petrolífera, lo que unido al hecho de que el sector del transporte está atomizado (el 70% de las empresas factura menos de dos millones de euros) convierte en una pesadilla un asunto que no debiera haber pasado de anécdota, fruto de las tensiones sociales que en toda sociedad democrática emergen de forma periódica. Un asunto que, en cualquier caso, ha tenido la virtud de poner negro sobre blanco las carencias de una nación que durante demasiados años ha ido de sobrada por la vida.