Lo que sucede cuando el Estado se convierte en un paraguas con goteras

Vuelven los fantasmas del pasado. Standard & Poor's anunció el lunes la revisión de la calificación crediticia del Reino de España con perspectiva negativa. Nada nuevo bajo el sol. Las finanzas públicas españolas, desgraciadamente, han vivido bajo sospecha durante siglos. Y no hay que remontarse a los célebres banqueros de Carlos V para llegar a esa conclusión. No estaría de más, por cierto, una versión actualizada de la gran obra de Ramón Carande. Pero esta vez con el objetivo de conocer cómo el Estado ha dilapidado en los últimos años miles de millones de euros de superávit presupuestario a través de los llamados beneficios fiscales, el capítulo más arbitrario del gasto público, y que en 2009 -agárrense- superará los 61.478 millones de euros. Si hay que bajar impuestos, que se bajen después de un debate público, pero no por la puerta de atrás camuflados como una especie de subvención discrecional.

Los beneficios fiscales son el dinero que deja de ingresar cada año el Estado por obra y gracia de la ‘generosidad’ del Gobierno de turno, mediante deducciones o bonificaciones de carácter fiscal. En muchos casos, atendiendo más a razones de clientelismo político que a sólidos argumentos económicos, lo que explica la permanencia de deducciones sin justificación, como la desgravación por compra de vivienda: 4.200 millones de euros en 2009. Así se explica, igualmente, que el tipo del Impuesto de Sociedades se situara nominalmente en el 35% antes de la última reforma fiscal, pero en realidad las empresas pagaran, como media, un 24,51% entre 1995 y 2005. Otra cosa distinta es abrir el debate sobre si esta presión fiscal es la que necesita un país como España que debe competir en los mercados internacionales.

El acoso y derribo del Estado es un viejo deporte nacional. Ahora se llama socialización de pérdidas. Pero sorprende que el hostigamiento más reciente proceda, precisamente, de quienes se presentan como defensores de lo público, con el Nobel Krugman a la cabeza. Están haciendo un flaco favor a la solvencia del Estado cuando se plantea como única medicina para esquivar la recesión el aumento del gasto público como bálsamo de fierabrás que todo lo cura.

Deudas para financiar gasto corriente

Lo ocurrido en 2008 puede servir de ejemplo. Los 48.000 millones de euros en que se ha endeudado el Estado (saldo entre emisiones y amortizaciones) apenas han servido para enderezar la coyuntura. Básicamente debido a que se han destinado a financiar gasto corriente en lugar de favorecer las inversiones. Y aquí está el problema. No basta con gastar más, sino que hay que gastar mejor. A no ser que se pretenda liquidar el papel del Estado como agente económico. Y sólo hay que echar un vistazo a lo ocurrido en los últimos años en los mercados financieros para llegar a la conclusión de que la cosa pública todavía tiene un papel que desempeñar.En los años 80, como se recordará, el Estado se endeudó de forma importante para financiar la reconversión y la posterior reindustrialización de algunas zonas del país. Gracias a esos dolorosos ajustes, se pusieron los cimientos para reducir el peso del Estado en la economía y aumentar su eficiencia. Y eso explica -sólo en parte- el posterior despegue de España en la segunda mitad de los noventa, con un crecimiento sostenido superior al 3% anual hasta el año 2007.

La solvencia del Estado es, por lo tanto, condición indispensable para que el país progrese, por lo que quienes lo vean como una especie de hucha gigante y sin fondo, en realidad lo que hacen es debilitarlo. Aunque pretendan lo contrario. Son su mayor enemigo. No hay nada peor para los ciudadanos que tener un Estado hipotecado políticamente con malos gestores y, al mismo tiempo, económicamente débil y entrampado. De ahí la necesidad de preservar la solvencia de las cuentas públicas. Por encima, incluso, de malas coyunturas económicas, lo cual no es sinónimo de dejar tirados a los ciudadanos en la cuneta en aras de ajustarse a una pretendida disciplina fiscal carente de principios. Y para lo cual es necesario actuar en otras direcciones, como las reformas económicas o los cambios en la arquitectura institucional del país.

Pero no sólo por eso. El hecho de que Standard & Poor's se está pensando rebajar la calificación del Reino de España, daña no solamente a la economía pública, sino que al ser el Estado el paraguas bajo el que se cobija todo el sistema económico, las empresas privadas también se van a ver afectadas por esa ausencia de rigor en las cuentas públicas.

Dicho en otros términos, el aumento del diferencial de bono español respecto del alemán (100 puntos básicos) va a encarecer los costes de financiación de las empresas privadas, y ese es, precisamente, el peor favor que se puede hacer a los ciudadanos en un contexto de restricción del crédito como el actual, en el que se siguen sin hacer emisiones a más de 5 años.

No estará de más recordar que las emisiones corporativas tienen que desembolsar actualmente el tipo de interés del Euribor más unos 200 puntos básicos, lo que significa que para empezar a hablar tienen que pagar a quienes quieran comprar esos títulos un 5%. Y ello cuando el IPC se ha situado en el 1,5%, lo que significa unos tipos de interés reales de unos 350 puntos básicos. Es decir, estamos ante una financiación extremadamente elevada que lastra las posibilidades de crecimiento.

Colbert, el célebre ministro de Hacienda de Luis XIV, decía que el comercio es la fuente de la Hacienda; y la Hacienda, el nervio de la guerra. Y por eso, saquear las cuentas del Estado es el mejor camino para construir una sociedad más injusta. Claro está, a no que se quiera que el Estado acabe siendo la ‘zona cero’ de la recesión mundial después de perder la guerra de la que hablaba Colbert.