¡Dios salve a las pensiones públicas!

Uno de los tópicos que con más frecuencia se repiten en el debate económico tiene que ver con la futura quiebra del sistema público de pensiones. Hay, incluso, quien habla de que estamos ante una formidable estafa que funciona de forma piramidal. Ya saben, una especie de fuga hacia adelante que consiste en tapar los agujeros estructurales que genera el sistema con las aportaciones que hacen los nuevos partícipes. Es decir, que la Seguridad Social funciona como aquella especie de rifa que ideara hace siglo y medio, Doña Baldomera, la célebre hija de Larra. Y por ese motivo, dicen sus detractores, tarde o temprano, reventará. ¿En 2020, 2025…?

 

No se trata de una crítica nueva, ni por supuesto original. Tras el primer choque petrolífero, con sus secuelas de destrucción de empleo y de colapso del Estado de bienestar, muchos analistas se atrevieron a adivinar la ruina inminente del sistema. Pero lo cierto es que han pasado casi cuatro décadas desde la guerra del Yom Kipur y ninguno de los países más prósperos de Europa ha abandonado el sistema de reparto para abrazar un modelo de capitalización individual. Por algo será.

Al contrario, algunas naciones con menor tradición en el desarrollo de sistemas públicos de protección social, adoptaron hace algún tiempo sistemas de capitalización, y no consta que británicos, suecos o alemanes suspiren por cambiar su modelo.

El fallo en la previsión probablemente tenga que ver con un error de perspectiva histórica. Y por eso, no estará de más recordar que incluso en la convulsa Alemania del siglo XX los jubilados germanos siempre cobraron una pensión. Por pequeña que fuera y aunque cayeran chuzos de punta, lo que algo quiere decir en cuanto a la supervivencia del sistema de reparto en tiempos difíciles.

La razón es bien simple. Ninguno de los países más adelantados ha encontrado un modelo mejor y más barato. Y al mismo tiempo, capaz de asegurar un mínimo nivel de rentas entre sus ciudadanos. El coste económico que supone gestionar millones de pensiones públicas de forma centralizada para el conjunto del país es incomparablemente inferior al que se existiría con  un sistema articulado mediante el desarrollo de fondos privados. Pero además, y aquí está lo relevante, el hecho de que funcione con criterio de caja única –al menos por el momento- garantiza una cierta cohesión social y territorial que ninguna otra fórmula es capaz de garantizar. Sobre todo en un contexto de envejecimiento de la población.

¿Un sistema imbatible?

¿Quiere decir esto que el sistema de reparto es imbatible y que está asegurado el pago de las pensiones? Evidentemente, no. Tampoco estará de más recordar que, según la Comisión Europea, el gasto en pensiones públicas pasará del 8% al 15,7% del PIB en 2050, lo que significa que España tiene por delante un problema, y gordo. Pero el tener una dolencia (por grave que sea) no significa que haya que matar al enfermo. Lo razonable es intentar curarlo, pero desde luego con las medicinas y los galenos adecuados, no con curanderos.

Ahora que se habla mucho de la ruina a medio y largo plazo del sistema público de pensiones, cabe hacerse una pregunta. ¿Cuánto iba a cobrar usted de pensión en caso de tener que jubilarse ahora mismo después del descalabro bursátil? No hace falta imaginarse lo que hubiera sido del sistema de pensiones en manos de Merrill Lynch o Lehman. Ayer mismo, el gran S. McCoy recordaba que el año pasado el valor medio de las carteras de los 100 principales planes de pensiones corporativos en Estados Unidos se redujo un 21% mientras que sus compromisos de pago crecieron un 1,2%. Algo impensable en un sistema de pensiones de reparto.

Afortunadamente, los países más prósperos han entendido desde hace muchos años que con las cosas de comer no se juega. Y se plantean el sistema de pensiones como un proyecto de largo plazo cuyas piezas hay que poner al día cada cierto tiempo, pero sin tocar el funcionamiento esencial del engranaje. No son ganas de hacer leña del árbol caído, pero una de las lecturas que se pueden hacer de la actual crisis financiera, es que algo tan importante como son las pensiones no puede depender de la evolución exclusiva de los mercados, aunque en determinados periodos de tiempo ofrezcan mayor rentabilidad.

Pero para que el sistema funciones, como se ha dicho, es evidente que se necesitan reformas. Algunas ya se han hecho: separación de fuentes de financiación o pagar las pensiones no contributivas con impuestos y no con cotizaciones. Pero faltan otras. En particular, con el reforzamiento de la llamada contributividad del sistema. Es decir, mayor proporcionalidad entre lo cotizado y lo cobrado. Es un auténtico escándalo que trabajadores con 30 o 35 años de cotización y que hoy son despedidos a los 55 años, vean mermar su pensión por el hecho de que los últimos años de su vida laboral estén en el Inem, ya que el periodo de cálculo únicamente tiene en cuenta los últimos 15 años cotizados.

Estos ajustes son los que necesita el sistema, pero con la vista puesta en el empleo. Es un disparate que en medio de la mayor crisis económica de los últimos 50 años, la Seguridad Social siga pavoneándose de que tiene más de 57.000 millones de euros de superávit.

Ese dinero hay que destinarlo a crear empleo, para lo cual es una condición necesaria –aunque no suficiente- rebajar las cotizaciones sociales que pagan tanto los empresarios como los trabajadores. Parece que alguien en el Gobierno no se ha dado cuenta de que el futuro del sistema público de pensiones depende del empleo, y no de lo grande que sea la hucha de las pensiones, que por cierto se la comerá la crisis en un santiamén como le ha sucedido al cacareado superávit presupuestario de Zapatero. En otras palabras, poner a trabajar los 57.223 millones que atesora la Seguridad Social.