Una pregunta ingenua: el corrupto ¿nace o se hace?

La casualidad ha querido que coincidan en el tiempo dos fenómenos aparentemente sin conexión alguna. El escándalo de los parlamentarios británicos que han malgastado el dinero del contribuyente y la citación judicial del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.

En el primer caso, como se sabe, el escándalo tiene que ver con el hecho de que los diputados han facturado gastos privados (comida para perros, lavadoras o máquinas para cortar el césped) como si fueran  necesidades de carácter público. En el segundo caso, lo que se ventila es si la red que hacía negocios en Madrid y la Comunidad Valenciana (¿por qué será?) pagó algunos de los trajes que usa el presidente valenciano, lo cual inspira sospechas de cohecho.

En ambos países, la algarabía ha sido mayúscula, pero ya se vislumbra una salida distinta. Mientras que en Gran Bretaña el parlamento de Westminster ha aceptado romper una de sus nomas más sagradas -la autorregulación de su funcionamiento-, en España el control de las cámaras por parte de la clase política se mantiene en régimen de exclusividad. Por decirlo en tono coloquial, ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Pero no sólo eso. Se da la circunstancia que las mayorías parlamentarias se han convertido en la voz de su amo de cada poder Ejecutivo, por lo que han dejado de ejercer su papel constitucional, que no es otro que el de controlar al Gobierno, además de promulgar leyes.

En el caso inglés, la Cámara de los Comunes ha aceptado -es verdad que a regañadientes-  que sean personas o instituciones ajenas a Westminster quienes fiscalicen los gastos de los parlamentarios, pero en España no parece que se vaya en esa dirección a modo de profilaxis. La endogamia de la clase política -tanto a nivel regional como estatal- impide que cualquier ciudadano pueda conocer realmente en qué se gastan el dinero sus señorías. No estamos ante una cuestión de morbo ni de malsana curiosidad periodística, sino de pura responsabilidad democrática ante los electores.

Es curioso que la legislación insta a la empresas cotizadas a que den la cara ante sus accionistas y publiquen una vez al año un Informe de Gobierno Corporativo, pero no ocurre lo mismo en el sistema parlamentario español, donde se echa en falta un documento bien estructurado y con información útil capaz de dar los detalles de la actividad de cada uno de los diputados o senadores. Algo que es todavía más importante en un sistema de listas cerradas como el español, donde los cargos públicos se comportan como ‘brazos de madera’ que responden a un impulso mecánico.

La tinta del calamar

Por supuesto que sería injusto extender la tinta del calamar manchando la reputación de muchos parlamentarios que son realmente honestos, pero precisamente por eso la transparencia es la clave de bóveda del sistema democrático.

No basta, por lo tanto, con el control de legalidad que realizan de los interventores del Estado, sino que habría que articular medidas más trasparentes en aras de evitar excesos. Pero no sólo en España. Imagínense lo que saldría en caso de que una consultora independiente auditara las dietas de los miembros del parlamento europeo.

Por supuesto que la existencia de un control exógeno no tiene nada que ver con el establecimiento de barreras o límites a cuestiones de carácter político. Los parlamentarios son libres de decir y hacer lo que quieran, y así debe continuar. Se está hablando de arbitrar medidas de fiscalización más efectivas de carácter administrativo ajenas al propio sistema parlamentario. Precisamente, para garantizar la objetividad. Como por cierto ocurre en cualquier empresa privada, cuyas cuentas son auditadas por profesionales imparciales y, por supuesto, neutrales. Aunque en ocasiones no hagan bien su trabajo, como ha sucedido con las agencias de calificación.

El sistema político sigue siendo es cerrado y opaco, como la propia ley electoral. Y se ha llegado al extremo de que las comisiones de investigación en vez de oxigenar la vida política refuerzan el carácter endogámico del sistema parlamentario. Y de ahí que sea necesario que ciudadanos ajenos al propio parlamento puedan dirigir sus trabajos. No tiene sentido que en un sistema de lista cerradas, el presidente de la Comisión sea del mismo partido investigado, lo cual es un auténtico disparate.