¿70 años no es nada? El tango amargo de las pensiones

Cantaba Gardel aquello de ‘Siglo XX, cambalache, problemático y febril, el que no llora no mama y el que no roba es un gil…’ Y va a ser verdad que el mundo se ha vuelto realmente un manicomio. Y lo que todavía más llamativo, tan difícil de comprender que ahora resulta que una de las soluciones que se ofrecen para garantizar el futuro de las pensiones públicas no es otra cosa que retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años.

El argumento central que se da para defender esta posición es una evidencia. La esperanza de vida no ha dejado de crecer desde que Gardel arrastraba sus tangos por medio mundo. Hasta el punto de que en el caso español la población con más de 65 años ha crecido un 5,4% entre 2004 y 2008, pero es que -y aquí está el dato relevante- el número de pensiones que paga a la Seguridad Social en estos momentos a las personas mayores de 85 años ha crecido en nada menos que un 25% en apenas una legislatura. Hoy cobran una pensión, por decirlo de una manera directa, 1.052.225 personas que han cumplido los 85 años, lo que da idea de la velocidad de envejecimiento de la población.

“Es injusto que a alguien que ha cotizado durante más de 40 años se le castigue con cinco años más de trabajo, como si no hubiera contribuido lo suficiente”

Un último dato extraído de publicaciones oficiales ayudará a entender el fenómeno. La esperanza de vida de los españoles a los 65 años es de 19,25 años, tras haber aumentado en nueve meses en el último quinquenio.  Es decir, que durante alrededor de veinte años, como media, se cobra una pensión a cargo de la Seguridad Social.

 A la vista de estos datos, la primera tentación es compartir lo que sostienen Funcas y otros muchos expertos, que hablan de retrasar la edad de jubilación hasta el horizonte de los 70 años, aunque sea de forma escalonada o gradual. Se trata, como se verá, de un pensamiento poco consistente  que no tiene en cuenta una de las variables fundamentales de un sistema de reparto: el número de años cotizados.

Lo determinante no es si alguien se jubila a los 65 o a los 70 años, sino cuántos años ha cotizado a la Seguridad Social y si sus bases de cotización guardan una correspondencia razonable entre lo cotizado y lo percibido, la llamada contributividad del sistema. O dicho en otros términos, en qué medida cada trabajador ha ‘capitalizado’ su pensión mes a mes, aunque estemos hablando de un sistema de reparto. Parece evidente que puede ocurrir que un trabajador se jubile a los 70 años después de haber cotizado durante menos tiempo que otro que lo haya hecho a los 65 años, y por lo tanto no parece que esa sea la mejor opción.

Los perjudicados de la reforma

Por eso no estará de más de recordar que, según un reciente estudio publicado por la Fundación Primero de Mayo y patrocinado por el Ministerio de Trabajo, más del 40% de los trabajadores con edades comprendidas entre 50 y  69 años ha cotizado al sistema público de protección social durante más de 36 años.

¿Qué quiere decir esto? Pues ni más ni menos que han cotizado por encima de esos 35 años que hoy se tienen en cuenta para calcular la cuantía de las pensiones. Se trata, por supuesto, de una media, lo que significa que de aprobarse el retraso en la edad de jubilación millones de trabajadores abrazarían el retiro laboral después de haber cotizado 40 o 45 años. O incluso más.

No hace falta ser un lince de Doñana para darse cuenta de que es realmente injusto que a alguien que ha cotizado durante más de cuarenta años se le ‘ castigue’ con cinco años más de trabajo, como si no hubiera contribuido lo suficiente para asegurar la solvencia económico-financiera de la Seguridad Social. Sobre todo teniendo en cuenta que la pensión media de un jubilado de 70 años se sitúa en 763 euros, cuando el salario medio (que suele ser más elevado en los últimos años de la vida laboral) se sitúa en 1.767 euros brutos al mes. Es decir, que existe una evidente distancia entre lo cotizado y lo percibido.

Hay que actuar, por lo tanto, sobre la vida laboral, pero no imponiendo una edad legal que luego la realidad económica se encarga de desmontar. Tampoco estará de más recordar, en este sentido, que, según datos de la propia Seguridad Social, sólo el 77,4% de los 7,65 millones de pensionistas tiene 65 o más años, lo que significa que el retrasar la edad de jubilación en realidad dejaría al margen de la medida a la cuarta parte de la población protegida. 

Quiere decir esto que el objetivo de una futura reforma de las pensiones debe ser tener en cuenta los años trabajados, para lo cual sería necesario el establecimiento de cálculos actuariales individuales –como existen en algunos países europeos- capaces de determinar en cada momento (y en función de la cuantía de las bases de cotización) en qué momento un trabajador reúne los requisitos necesarios para acceder a la edad de jubilación. Por ejemplo, un trabajador que hubiera cotizado durante 40 años y hubiera comenzado su vida laboral a los 25 años, podría jubilarse a los 65 años. Claro está, salvo que quiera mejorar su pensión o no quiera perder su nivel de ingresos, lo cual es absolutamente legítimo, en cuyo caso podría prorrogar su vida laboral, pero por una decisión individual.

Este sistema sería, desde luego, más justo, y supondría, además, un estímulo para la búsqueda de empleo, ya que cualquier trabajador sabría que con carreras laborales cortas su edad de jubilación tendería necesariamente a alargarse.

¿Quiere decir esto que debemos caminar a un sistema más individualizado? Sí, pero con matices. Uno de los principales activos de la sociedad de bienestar es, precisamente, disponer  de un sistema público de protección social que fomente la cohesión y garantice un nivel suficiente de rentas durante  los años de retiro. Y para alcanzar este objetivo no hay instrumento mejor que una Seguridad Social bien gestionada que prime, precisamente, a quienes más han contribuido a su sostenimiento, en el marco de un sistema de reparto. Pero no hacer tabla rasa del pasado. Como si fuera lo mismo haber cotizado 35 que 50 años.