El saqueo de la Seguridad Social

No hay nada peor que ciertos políticos pongan sus ojos en un tesoro. Tarde o temprano acabarán reduciéndolo a cenizas. Y eso es lo que históricamente ha sucedido con la Seguridad Social, obligada a menudo a pagar los platos rotos de la economía. Ocurrió en los años 80, cuando la reconversión industrial (por supuesto que necesaria) se financió en buena medida con fondos públicos que no procedían del pago de impuestos, sino de la recaudación por cotizaciones sociales. El sistema, al menos, algo se saneó con el alargamiento del periodo de cálculo de 2 a 8 años, lo que eliminó la mala costumbre de comprar las pensiones mediante el explícito método de aumentar las bases de cotización en los últimos años de la vida laboral para cobrar más en el momento de la jubilación.

Ante tamaño disparate, y dado que el sistema amenazaba con el cierre a pesar de la reforma del 85, los partidos políticos se dieron cuenta de que el caladero estaba a punto de ser esquilmado, y eso explica el nacimiento del Pacto de Toledo, en cuyo frontispicio aparece la separación y clarificación de las fuentes de financiación con un solo objetivo: lo que es de la Seguridad Social (las cotizaciones) debe quedarse dentro del sistema, mientras que las políticas discrecionales que legítimamente deciden en cada momentos los gobernantes (las subidas de las pensiones por encima del IPC) deben financiarse con impuestos, y no con cuotas sociales.

Sistemáticamente, este principio se ha vulnerado. Casi 15 años después de la forma del Pacto de Toledo, el Estado sólo cubre el 37% de los complementos de mínimos, lo que significa que el resto lo paga la Seguridad Social. Este escaso avance en la separación de fuentes es lógico y normal si se tiene en cuenta que las aportaciones del Estado para pagar lo que le corresponde crece a una ridícula velocidad de 300 millones de euros al año, lo que significa que hasta bien entrada la próxima década no se podrá hablar en puridad de separación de fuentes, como proclama el Pacto de Toledo. Los gobiernos de turno, por lo tanto, han tirado con pólvora ajena y han subido las pensiones con dinero que no es suyo. En especial el actual Ejecutivo, lo que explica que los complementos de mínimos sigan subiendo en términos absolutos (más de 100.000 desde 2005), cuando en teoría debieran reducirse los beneficiarios al existir mayor proporcionalidad entre lo cotizado y lo recibido. En estos momentos, de hecho, hay 2,2 millones de pensiones que siguen cobrando el complemento de mínimos. O lo que es lo mismo, el 27% de los pensionistas. Uno de cada cuatro.

La foto con sindicatos y empresarios costará a la Seguridad Social más de 4.000 millones de euros

Subir las pensiones mínimas

Por supuesto que es bueno aumentar las pensiones más bajas por encima del IPC, pero el coste de esas políticas debe salir de los impuestos y no de las cotizaciones sociales, toda vez que se debe a decisiones discrecionales del Gobierno, y por lo tanto son los ciudadanos los que cada cuatro años deben evaluarlas.

Pero hete aquí que las cotizaciones sociales han vuelto al centro del debate político. En esta ocasión a propósito del diálogo social. El Gobierno ya se sabe, ha ofrecido rebajar medio punto y con carácter indefinido las cuotas destinadas a financiar las bajas laborales y las enfermedades profesionales, y otro punto adicional para el régimen general, pero con efectos sólo para 2010.

Lo más curioso del asunto es que el Ejecutivo vuelve a poner sobre la mesa dinero que no es suyo, toda vez que en el Pacto de Toledo deja bien claro que la reforma del sistema de pensiones debe hacerse en el Parlamento, y no en otro ámbito bien distinto como es una negociación entre sindicatos, empresarios y Gobierno. Es obvio que los agentes sociales deben tener mucho que decir sobre la renovación del Pacto de Toledo, pero desde luego no parece razonable que se utilicen las cotizaciones sociales como moneda de cambio en unas negociaciones. Habrá que hacer reuniones específicas sobre este asunto.

El Gobierno, sin embargo, ni corto ni perezoso, vuelve a tirar con pólvora del rey y pone ahora sobre la mesa una rebaja de las cotizaciones que costarán no menos de 4.000 millones de euros. Lo más curioso es que la oferta se presenta como un caramelo que da Moncloa a los empresarios para que éstos se hagan la foto del diálogo social. Y aquí está el cuerpo del delito, que diría un clásico, como no hay ninguna probabilidad de que la patronal consiga sacar adelante la reforma laboral, el presidente Zapatero cree que de esta forma podrá hacerse la foto. Es decir, que la instantánea, que se decía antes, conlleva una factura de 4.000 millones de euros para la Seguridad Social.

Las cotizaciones en Europa

¿Quiere decir esto que no hay que rebajar las cotizaciones sociales? Desde luego que no parace este el mejor momento. Lo razonable sería abordar este asunto (y en general los altos costes de las empresas que gravan el empleo) en la próxima renovación del Pacto de Toledo. Con luz y taquígrafos y con estudios actualizados sobre el futuro de la Seguridad Social a la luz de la crisis económica. Como aperitivo no estará de más recordar las últimas cifras de Eurostat.

El peso de las cotizaciones respecto del PIB para el conjunto de la UE a 27 se situó en 2007 en el 12,6%; mientras que en la UE a 16 (en los que hay mayor protección social) supone el 14,1%  del Producto Interior Bruto.

Pues bien, en España las cotizaciones sociales representan el 12,2% del PIB,  es decir, por debajo de la media de la UE, y muy lejos del 16,3% de Francia, que marca el punto más alto.

España, por lo tanto, no está en un mal punto de partida en este asunto, y por eso sorprende que las cotizaciones sociales se hayan convertido en el centro del debate. En la tajada que se ofrece a los empresarios para que firmen el acuerdo.

La causa, sin lugar a dudas, tiene que ver con la incapacidad de sindicatos y Gobierno de abordar el problema de fondo de la economía (además del racionamiento del crédito), que no es otro que la aprobación de una reforma laboral con un solo objetivo: acabar con la dualidad de un mercado de trabajo en el que sólo los temporales (los más precarios) pagan las consecuencias de la crisis. Y que incentiva la falta de formación por parte de las empresas a sus trabajadores en un contexto extremadamente competitivo.  Pero ocurre que el Ejecutivo de Zapatero no se atreve con ese morlaco, por lo que el presidente ha hecho lo más fácil: tirar de chequera, lo cual es un auténtico disparate en un horizonte de envejecimiento de la población.