La Náusea

"La cosa anda mal, muy mal. Otra vez la suciedad, la Náusea". Jean-Paul Sartre

El ‘dilema del prisionero’ es, probablemente, el modelo de conflictos más estudiado y conocido en la teoría de los juegos. Se basa en un razonamiento complejo que se esboza aquí de forma sucinta. Dos delincuentes son detenidos por su implicación en un robo. El sheriff del condado decide aislar a cada uno de ellos en una celda para que digan la verdad. Y les ofrece, por separado, un pacto. Si uno canta y delata a su cómplice, podrá beneficiarse de una pena menor. Pero si ninguno lo hace, ambos serán castigados a altas condenas de cárcel.

Lógicamente, el incentivo de cada uno de ellos es denunciar a su compinche, y eso es precisamente lo que hacen. El resultado de tal decisión racional (pero basada en la ausencia de información veraz) es, sin duda, el peor para ambos: los dos son condenados por las autoridades a elevados años de prisión como culpables del robo.

El dilema que plantea Albert W. Tucker, que es quien formalizó el planteamiento inicial de  Merrill M. Flood y Melvin Dresher, es el siguiente. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de hacerse denuncias mutuas los dos reos hubieran cooperado sobre la base de disponer de una información veraz? Pues justamente lo contrario.

Lo cierto es que el sheriff no tenía pruebas fundadas sobre quién o quiénes estaban detrás del robo, por lo que ambos hubieran podido ser condenado sólo a delitos menores (posesión de armas) en caso de haber permanecidos mudos. Sin embargo,  cada uno de ellos, para salvar su pellejo (cumplir la pena más suave), actuó de forma egoísta por falta de información, lo que a la postre les llevó a la ruina. O dicho de otra forma: compitieron en lugar de cooperar, lo que acabó en tragedia.

Rajoy y Rubalcaba son hoy los prisioneros de un país que desangra. No cooperan por miedo a que el adversario saque ventaja. Están convencidos de que quien coopere pierde todo y el otro se lleva la tajada (el poder). Y el resultado de tal despropósito es una España convertida en un reality

Rajoy y Rubalcaba son hoy los prisioneros de un país que desangra. No cooperan por miedo a que el adversario político saque ventaja. O dicho en otros términos: están convencidos de que quien coopere pierde todo y el otro se lleva la tajada (el poder). Y el resultado de tal despropósito no puede ser otro que una España convertida en un reality donde los protagonistas del espectáculo desfilan cada día a la vista del público. Florianos, valencianos y toda suerte de teloneros de la cosa pública se enzarzan en el célebre ‘y tú más’ mientras el país se envilece por mor de una clase política incapaz de estar a la altura de los tiempos que le ha tocado vivir.

Racionalidad e inteligencia

Como sostiene un fino catedrático de Filosofía del Derecho, con este planteamiento es imposible optar a un óptimo de racionalidad, y en su lugar se ha instalado la mediocridad más absoluta, donde los líderes políticos compiten sobre quién cobra menos a final de mes; no sobre quién propone cosas más inteligentes para salir de la ciénaga. Incluso una ley medular como la reforma de la administración local se aprueba sin un consenso básico entre los dos gran partidos, lo cual significa -como sucederá con la reforma educativa- que el próximo inquilino de la Moncloa la considerará papel mojado.

El Gobierno, en lugar de abrir el melón constitucional para asentar unas nuevas reglas de juego entre los distintos niveles de administraciones públicas -lo que hubiera ahogado el debate independentista en Cataluña-, ha optado por la solución más cortoplacista, que es ofrecer el salario de los concejales como la cabeza de Bautista. La opinión pública ya tiene su trofeo, debe pensar Montoro.

El problema, sin embargo, es otro. El problema de fondo de España tiene que ver con un sistema de partidos oligopolístico que impide la cooperación (como en el dilema del prisionero), lo cual es todavía más peligroso cuando tanto el PP como el PSOE (ahora menos) tienen mucho poder, pero poco dinero, lo que inevitablemente lleva a la corrupción.

Ambos partidos gobiernan en miles de ayuntamientos, en la práctica totalidad de las comunidades autónomas; eligen los miembros del poder judicial y del Tribunal Constitucional, mientras que los órganos reguladores no son más que una simple prolongación de sus decisiones. Demasiado poder (como el que reconoció Zapatero a Muñoz Molina en un acto de soberbia sin precedentes) que debería ser limitado con una reforma constitucional capaz de restringir su presencia apabullante en la vida pública. Y la retirada de Esperanza Aguirre de la gestión diaria de la Comunidad de Madrid lo demuestra.

Aguirre se ha ido del desgaste político que supone gestionar hospitales o escuelas, pero conserva el centro de la toma de decisiones. Ella seguirá siendo -como presidenta del PP madrileño- quién decida quién va y quién no va en las listas. Ahí está el poder. No en unas elecciones viciadas de origen por el método de extracción de los candidatos.

El peligro antisistema

El resultado, como no puede ser de otra manera, se traduce en un inmenso desapego de los ciudadanos con la cosa pública. O mejor dicho, con el sistema de representación, toda vez que nunca como hoy ha interesado tanto la política. El problema es todavía mayor si se tiene en cuenta que el país se ha quedado sin oposición. El PSOE debe purgar penas por tanto dislate cometido en siete años de zapaterismo, mientras que Izquierda Unida se dedica a alentar cualquier movimiento antisistema que de triunfar arrasaría con la propia coalición de izquierdas. La lógica antipartidos sólo degenera en movimientos políticos de infausto recuerdo, en los que el líder populista dirige a las masas.

Y el desclasamiento de las clases medias -en esencia el origen de los totalitarismos del siglo XX en Europa- es, sin duda, la peor de las señales que está enviando el PP a la sociedad.  Uno de los triunfos del sistema democrático tiene que ver, precisamente, con el sentimiento de pertenencia a la clase media. Y de hecho, eso es lo que demuestran las encuestas de opinión. Cuando se pregunta a los ciudadanos sobre en qué posición se sitúan dentro de la escala social, la inmensa mayoría se coloca dentro de la clase media (media-baja o media-alta, según los casos), lo cual se suele relacionar con países de alta estabilidad política y aceptable cohesión social.

El problema surge cuando las clases medias se sienten desclasadas por un imparable proceso de empobrecimiento vinculado a impuestos, paro y recortes, lo cual crear un caldo de cultivo perverso. Sobre todo cuando la opinión pública no encuentra explicación a tanto latrocinio

El problema surge cuando esas clases medias se sienten desclasadas por un imparable proceso de empobrecimiento vinculado a la subida de impuestos, el paro y los recortes en las prestaciones sociales, lo cual crear un caldo de cultivo perverso. Sobre todo cuando la opinión pública -qué otra cosa es la democracia- no encuentra ninguna explicación, aunque sea simbólica, a tanto desmán y a tanto latrocinio.

Quienes han quebrado al país siguen en sus casoplones; quienes tienen cuentas en Suiza, circulan con total libertad y su patrimonio no ha sido embargado; quienes espían con sus repugnantes grabaciones, duermen tranquilos, y quienes han envilecido la vida pública hasta hacerla aborrecer, hablan como trileros frente al primer micrófono que ven delante de sus narices. Algún día ocurrirá una desgracia y será entonces cuando este país despierte de su pesadilla.

No es un asunto menor ni, desde luego, nuevo. El filósofo escocés David Hume, incluso antes que Adam Smith, identificó que cada ciudadano con derecho a disfrutar de los beneficios de un bien público tiene un incentivo para tratar de cargar los costes sobre otros. La causa de este comportamiento racional tiene que ver con el hecho de que los excluidos del sistema no pagan sus contribuciones, y es entonces, precisamente, cuando surgen movimientos antisociales. Por eso, Hume recomendaba, ya en 1739, que ese tipo de bienes fueran provistos por el Gobierno. Pero, por un Gobierno que haga respetar las leyes y ponga cerco a la corrupción.

Cuando eso no sucede, emerge el populismo y la demagogia, y ese es, en realidad el problema de España. La ausencia de cooperación entre los grandes partidos políticos (por mor de un sistema de representación arcaico propio de la salida de la Dictadura pero ya superado por los hechos) conduce a la ruina. Rubalcaba y Rajoy serán condenados como los prisioneros del dilema de Tucker; el problema es que el país vaya detrás.