“¿Que debo dinero a Hacienda? Pues sí, a mucha honra”

“Debo confesar”, dijo Keynes a los juristas reunidos en Bretton Woods, “que, en líneas  generales, no me gusta su profesión. Me he quejado en ocasiones de que a juzgar por lo que pasa en EEUU, un país tan repleto de juristas, el Mayflower [el barco que trasladó a los primeros colonos ingleses] debió salir de Plymouth cargado de abogados”.

La frase la rescató hace algún tiempo el economista (y jurista) Manuel Conthe, pero perfectamente la hubiera podido esgrimir el sabio británico en la España actual, donde la crisis y la corrupción se combaten con un sinfín de leyes y normas de todo pelaje. Pasado el tiempo, y a la vista de su inutilidad, el Gobierno de turno vuelve a la carga con otra tanda de leyes -convenientemente publicitadas en sede parlamentaria- hasta convertir al país en un lodazal legislativo donde en teoría rige el imperio de la ley, pero en la práctica no hay más que hojarasca.

Se hace, de esta manera, tabla rasa de aquel célebre principio de los buenos juristas: "Pocas leyes, pero que se cumplan". O como le aconsejó Don Quijote a Sancho en carta memorable tras ser coronado gobernador de la ínsula Barataria: "No hagas muchas pragmáticas, y si las hicieses, procura que sean buenas, y sobre todo que se cumplan, que las pragmáticas que no se guardan, lo mismo es que si no fuesen".

No estaría de más que el Gobierno explorase la vía de imponer un IVA a las transacciones financieras que se hacen en el interior del país, algo que bien podría aliviar las arcas públicas. Nada justifica que hoy las rentas salariales estén penalizadas respecto a las del capitalEl resultado de tan absurdo comportamiento -digno de un país de leguleyos- es evidente. España lleva en recesión trece de los últimos dieciocho trimestres, lo que explica que en apenas cinco años la economía se haya llevado por delante nada menos que 3,5 millones de puestos de trabajo. Un auténtico despropósito que se combate con leyes y más leyes que en demasiadas ocasiones pasan de puntillas sobre el fondo de los problemas. Como dijo un sagaz economista metido ahora a oráculo de la cosa pública, se confunde hacer política económica con hacer muchas leyes. Como si ambas cosas fueran lo mismo. ¿No será más fácil (y barato) cumplir las leyes que ahora hay, por ejemplo, contra el fraude fiscal y la corrupción que aprobar nuevas normas destinadas a ser papel mojado?

Estamos ante un disparate que no sólo afecta a la política entendida como el territorio por el que navega la opinión pública. También afecta a la economía, donde toneladas de normas sólo ponen parches a una situación desesperada. No es de extrañar a la vista de una constatación: en el Gobierno mandan registradores y abogados del Estado, más preocupados la mayoria de las veces por las formas que por el fondo. Y como no puede ser de otra manera, cada vez se nota más la ausencia de una vicepresidencia económica capaz de articular y dar coherencia al discurso gubernamental en materia de los dineros. Cuando la crisis económica amenaza con contaminar la vida política del país (ahí está el descrédito del sistema político), parece razonable que el jefe de Gobierno se centre en resolver la arquitectura institucional del Estado y deje la dirección del la Comisión Delegada de Asuntos Económicos -crucial en estos momentos- a un vicepresidente con mando en plaza, como lo fueron en su día Rato o Miguel Boyer (Solbes realmente nunca ejerció de vicepresidente).

Los agujeros del ‘banco malo’ 

Hay ejemplos que demuestran la irracionalidad de algunas medidas. Se constituye, por ejemplo, un ‘banco malo’, pero en lugar de garantizar la financiación para la compra de pisos -por ejemplo creando un nuevo Banco Hipotecario con fondos del BCE o con los activos del FROB procedentes de la banca nacionalizada- se opta por una solución burocrática que no resuelve los problemas. En lugar de crearse mecanismos como los que nacieron en EEUU tras la Gran Depresión -y que hoy todavía subsisten- destinados a garantizar los préstamos realizados por los bancos para la compra o construcción de pisos (que se han demostrado muy eficientes), se opta por un sistema que está lejos de facilitar el acceso a la vivienda.

El resultado no puede ser otro que un mercado inmobiliario colapsado que sigue siendo un lastre para la recuperación económica, mientras los pisos se mueren de risa en el ‘banco malo’. De hecho, algunos estudios sugieren que, cinco años después del estallido de la burbuja financiera, la vivienda en España estaría todavía sobrevalorada  en torno a un 20%. O, dicho en otros términos, la ausencia de mecanismos de financiación ‘no bancaria’ en el mercado de la vivienda mediante la creación de sociedades de garantía, sólo retrasa la salida de la crisis. 

Algo parecido sucede con el mercado de trabajo, cada vez más complejo por culpa de una selva legislativa que sólo favorece a los ‘cazasubvenciones’; en lugar de buscar un sistema más simple con apenas dos o tres contratos de trabajo, uno de ellos destinado a los jóvenes con cotizaciones sociales cero. En línea con los ‘minijobs’ alemanes, que aunque puedan repugnar por muchas razones, lo cierto es que son un instrumento útil para facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo. Claro está, siempre que las leyes se cumplan y el beneficiario de ese contrato no se convierta en mano de obra barata a quien se le paga bajo cuerda en negro.

Un ataque de sinceridad

En apenas cinco años la economía se ha llevado por delante 3,5 millones de empleos. Un auténtico despropósito que se combate con leyes y más leyes. ¿No será más fácil cumplir las que ahora hay contra el fraude y la corrupción que aprobar nuevas normas destinadas a ser papel mojado?El hecho de confiar todo a la aprobación de leyes (y no a su cumplimiento) es lo que explica situaciones como las del empresario Arturo Fernández, que en un ataque de sinceridad dijo el viernes a una periodista: “¿Que le debo a la Seguridad Social tres millones? Pues vale. Si le digo la verdad no sé lo que le debo al Estado. ¿Qué le debo a Hacienda? Pues sí, señora, a mucha honra, como muchos españoles”.

Con este reconocimiento de culpa, no es de extrañar que España sea un paraíso de la economía sumergida, lo que produce efectos letales sobre quienes pagan sus impuestos. La presión fiscal recae sobre las rentas salariales y eso produce efectos adversos sobre el consumo. De ahí que no estaría de más que el Gobierno explorase la vía de imponer un IVA a las transacciones financieras que se hacen en el interior del país, algo que bien podría aliviar las arcas públicas. Nada justifica que hoy las rentas salariales estén penalizadas respecto a las del capital. ¿Por qué las transacciones de bienes y servicios están gravadas y no las de carácter financiero?, cabe preguntarse. 

En realidad, un reequilibrio de la carga fiscal es el único instrumento de cierta potencia de fuego -como le gusta decir al ministro García-Margallo- con que cuenta el Gobierno para aumentar la recaudación. La vía de aumentar los tipos impositivos está agotada, y sería un error mayúsculo que Rajoy incumpliera su compromiso de volver a situar los tipos del IRPF en los niveles que tenían cuando llegó a la Moncloa, toda vez que la subida era por dos años.

Pero ahora, tras el anuncio de que el 1 de enero de 2014 autónomos y pymes no estarán obligados a pagar el IVA de las facturas no cobradas, hay quien piensa que ese es un argumento lo suficientemente contundente para no cumplir lo que dicen las leyes. Máxime cuando las previsiones de la Comisión Europea vienen a reconocer el incumplimiento flagrante de la senda de reducción del déficit público. Sería un error. La mejor opción es cumplir las leyes en lugar de navegar a lomos de un proceloso río de normas.