Bárcenas envenena la vida política y liquida cualquier pacto futuro PP-PSOE

Punto y final a la posibilidad de que elconsenso entre en la vida política. O dicho en términos más precisos. Los acuerdos de legislatura entre el Gobierno y el principal partido de la oposición se han quebrado. Tras el agrio debate de ayer -con continuas alusiones personales sobre la decencia política del adversario- no cabe esperar pactos de gobernabilidad en lo que queda de legislatura: poco más de dos años. Ni siquiera en los asuntos de Estado, como supone el nombramiento de algunos cargos constitucionales. Y mucho menos para acordar decisiones de política económica de carácter estratégico, como es la reforma de las pensiones. Bárcenas se ha llevado por delante cualquier clima de consenso político. El último pacto(y casi el único) ha sido el del Consejo Europeo de junio.

Y es que ayer, a la vista de lo sucedido, no sólo volvió a ponerse de relieve la distancia que separa a PP y el PSOE, sino, sobre todo, lo que se ha roto son las buenas relaciones personales que incluso en los momentos más duros siempre han mantenido Rajoy y Rubalcaba, al contrario de lo que sucedía entre Felipe González y Aznar, que nunca tuvieron química en lo personal. En Moncloa -y en privado- siempre se ha presumido de algo que desconoce la opinión pública: los contactos reservados entre el presidente del Gobierno y el líder del PSOE han sido mucho más habituales de lo que frecuentemente ha transcendido.

De hecho, habría que volver a los tiempos de los Gal y de la corrupción política en los primeros años 90 para encontrar un momento más tenso en la personal, con continuas alusiones sobre la decencia de uno y de otro: “Yo no tengo constancia de que mi partido sea haya financiado ilegalmente, el suyo sí”, le dijo Rajoy a Rubalcaba. “Usted decía que no se podía convertir el parlamento en una comisaría”, remachó el presidente. “Yo nunca le he enviado un SMS a un delincuente”; “yo nunca he cobrado en negro ni sobresueldos” le respondió Rubalcaba al presidente del Gobierno. En esta ocasión, había poca teatralidad en sus palabras y mucho de reproche personal.

Y es que, como sostuvo el líder socialista, el debate acabó siendo un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Con toda seguridad, el terreno al que lo quiso llevar Rajoy, toda vez que Rubalcaba está contaminado por años de distintos gobiernos socialistas y su autoridad moral para enjuiciar casos de corrupción –como sugirió Rajoy- está bajo mínimos. El problema para el país es que esa estrategia de tierra quemada -de ahí las durísimas palabras de Rubalcaba poniendo en duda la decencia personal de Rajoy- puede tener consecuencias inevitables desde el punto de vista de la gobernabilidad.

Una imagen dañada

El PP seguirá con una mayoría holgada en el parlamento (186 diputados), pero la imagen exterior del país quedará dañada. Los inversores buscan estabilidad política (ahí está el caso reciente de Portugal y el más lejano en el tiempo de Grecia e Italia) y no sólo parlamentaria. Y este clima no parece que sea el más propicio para pactar, por ejemplo, los vocales del poder judicial o los futuros consejeros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El pacto entre De Guindos y Valeriano Gómez estaba perfilado, pero ahora nadie apostaría porque el futuro macrorregulador nazca con la bendición de los dos grandes partidos llamados a gobernar, salvo cataclismo en las próximas elecciones generales.

Y tampoco parece fácil que la reforma pendiente de las pensiones (la aprobación del nuevo factor de sostenibilidad) vaya a nacer con cierto consenso político, como el Pacto de Toledo.

Este asunto es, sin duda, el de mayor transcendencia social y económica, y si no hay acuerdo con los partidos y los sindicatos, es probable que el debate se traslade a la calle en unos momentos especialmente complicados para el Gobierno. Una dura contestación en la calle contra la reforma de las pensiones (que el Gobierno debe presentar en los últimos días de agosto o primeros de septiembre) pondría de manifiesto que el Gobierno no está siendo sólo acosado en el frente político por los casos de corrupción, sino también en el terreno social, que en los últimos meses había pasado a un segundo plano después de que el Ejecutivo hubiera frenado la presentación de nuevos recortes presupuestarios.

Esa calma ha ayudado a transmitir la idea de que la economía ha entrado por la senda del virtuosismo, pero hay que tener en cuenta, con el fin de la estacionalidad, que los datos macros volverán a ser adversos en los próximos meses, y eso puede alentar las protestas.

Este clima de fuerte enfrentamiento, de hecho, ya se ha trasladado a la tramitación parlamentaria de la Ley de Transparencia o a la reforma de la Administración local. La reciente reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se saldó con el plante los representantes del PSOE e Izquierda Unida, y esa parece que va a ser la tónica general durante los próximos meses. Máxime cuando en la próxima primavera (si no antes en Andalucía) comienza el ciclo electoral con los comicios al parlamento europeo.

Aunque no sólo eso. A la vuelta del verano el PSOE celebrará su Conferencia Política, y no parece el mejor momento para restaurar el clima de consenso en unos momentos en los que Rubalcaba está siendo presionado por sectores de su partido para que haga una oposición más dura. Rubalcaba es quien ha defendido con mayor firmeza su estrategia de oposición suave, como la mejor forma de que el PSOE -tras el desgaste de la época de Zapatero- recupere la credibilidad antes sus electores. Como ha dicho alguna vez en privado el secretario general del PSOE, había que dejar pasar tiempo para que se cerraran las heridas abiertas con la crisis, y no tenía sentido reclamar cosas que no se hicieron durante los siete años de Gobierno socialista.

El nuevo Rubalcaba aprovechará, sin duda, la militancia partidista del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, para endurecer su oposición, y tampoco hay que olvidar que el proceso soberanista en Cataluña sigue abierto, y ahí el PSC -con todos sus problemas- tiene un papel que jugar. Y para enfrentarse a un envite de esas dimensiones no parece que pueda ser suficiente una mayoría parlamentaria, por muy sólida que parezca.

Otras leyes de calado, como la de unidad de mercado, esperan ser tramitadas y corren el riesgo de morir al acabarse la legislatura en caso de que el PP no revalide su mayoría absoluta, como ha sucedido con la nueva ley de calidad de la enseñanza, que será revocada si los partidos que firmaron un pacto hace algunas semanas cumplen su compromiso. Como se ve, la sombra de Bárcenas sobrevuela por todo el arco parlamentario. Y lo hará en lo que queda de legislatura.