El insólito caso de Alfredo Sáenz, condenado sin sentencia

Enhorabuena a la sagaz María Peral y al diario El Mundo por haber obtenido información acerca de la condena del consejero-delegado y vicepresidente del Banco Santander antes de que la sentencia se haya redactado por completo. Tampoco se han redactado todavía, por lo tanto, los votos particulares de dos magistrados discrepantes que forman parte esencial de la resolución. El interesado y su banco, en consecuencia, no tienen noticia, salvo parcial y oficiosa, de lo que ha resuelto el TS.

Enhoramala a todos los ciudadanos de este país porque nada menos que desde la Sala Segunda del Tribunal Supremo, o sus aledaños, se ha dado a conocer una deliberación secreta y se ha hecho parcialmente. Si lo primero acreditaría que existen profesionales avezados que pelean por las exclusivas -y es de suponer que lo hacen con todo régimen de cautelas y filtros para no ser manipulados-, lo segundo abundaría en que disponemos de una Administración de Justicia muy por debajo de los requerimientos mínimos en un sistema democrático porque cualquier condena debe producirse mediante sentencia y ninguna a través de una sentencia en proyecto a la que le falta por plasmar -si las informaciones son exactas, lo que doy por supuesto- aspectos sustanciales de la misma.

Alfredo Sáenz es un ciudadano más; pero con una cualificación profesional -consejero delegado y vicepresidente del primer banco español y cuarto del mundo- que le hace estratégico para su propia entidad y, derivadamente, para el sistema financiero español. Si alguien quería infligir daño a Sáenz, además del castigo que al parecer le impone la resolución del Supremo, lo ha conseguido; pero ha logrado también que, antes de conocer oficial y definitivamente la íntegra argumentación del Tribunal y de los razonamientos de los votos particulares que discrepan del fallo, el Banco Santander haya sufrido un innecesario desgaste. La entidad carece de margen alguno de maniobra hasta tanto la sentencia no sea notificada.

Si alguien quería infligir daño a Sáenz lo ha conseguido; pero ha logrado también que el Banco Santander haya sufrido un innecesario desgaste. La entidad carece de margen alguno de maniobra hasta tanto la sentencia no sea notificada

Sáenz, como cualquier ciudadano, tiene la facultad de acudir al Tribunal Constitucional en amparo de sus derechos si los cree conculcados con expresa petición de suspensión cautelar de la sentencia del Supremo. Es cierto que el TC está restringiendo las admisiones de los recursos de amparo, pero también lo es que habrá que estar al tenor de la sentencia y de los votos particulares discrepantes para valorar si en  las argumentaciones de los magistrados hay debate en torno a derechos fundamentales porque si lo hubiera el acceso de Sáenz al Constitucional resultaría coherente.

Entre los hechos que se enjuician y la sentencia que habría dictado el TS median nada menos que 17 años. Justicia lenta, pero justicia, dirán algunos. Injusticia porque es lenta y tardía, dirán otros. En cualquier caso, la dilación afirma más aún la mala calidad de la Administración de la Justicia en España. A la que no se pone remedio entre otras cosas porque el Consejo General del Poder Judicial -que ya tendría que haber abierto un expediente para depurar responsabilidades por la filtración- es un organismo inane y paralizado por los partidismos.  Al que puede sustituir, por cierto, el propio presidente de la Sala Segunda, Juan Saavedra, que dispone de facultades para abrir una investigación al respecto.

Se sabe ya que el primer ponente del asunto, el magistrado José Manuel Maza, proponía la absolución de Sáenz y se quedó en minoría; se supone que tanto él como el otro magistrado que le secundó, José Ramón Verdugo, redactarán votos particulares tan consistentes como el propio cuerpo de la resolución a cargo del segundo ponente, el magistrado Miguel Colmenero, pero lo tendrán que hacer después de leer íntegramente la resolución. Se sabe, igualmente, que entre los cinco magistrados de la Sala Segunda del Supremo hay consternación porque la sentencia no está redactada y ha cundido la desconfianza entre unos y  otros.

No es para menos. Porque si los propios Tribunales no garantizan la seguridad jurídica de los justiciables ¿quién lo hará? Poco importa -a los efectos de la tesis de fondo que mantengo- que el afectado por esta situación insólita desempeñe funciones rectoras en el primer banco español. La justicia -representada en una estatua femenina con los ojos tapados- no ha de hacer acepción de personas. Todos somos iguales ante la ley. También lo es Alfredo Sáenz.