Repsol clama por YPF tras el fracaso del CNI

El Gobierno español se “enteró” del propósito de Evo Morales de expropiar la filial boliviana de Red Eléctrica Española “tres horas antes” de que el mandatario la anunciase el pasado primero de mayo. Y también sólo un día antes de la expropiación de YPF el pasado 17 de abril por el Gobierno de Cristina Fernández, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguraba que “el problema estaba encauzado”. No puede decirse que nuestro Ejecutivo haya dispuesto de una información suficiente y anticipada que le hubiera permitido un cierto margen de maniobra. En otras palabras, el Gobierno estaba en Babia que no es un lugar conveniente en la jungla de intereses políticos y económicos en el ámbito internacional. Ayer, sin que el Ejecutivo haya articulado ninguna sanción al Gobierno de Buenos Aires después de haber amenazado con hacerlo –ni conseguido que lo haga la Unión Europea—Repsol comenzó el procedimiento para negociar el precio de expropiación y, transcurrido seis meses sin lograrlo, plantear un arbitraje internacional.

Por supuesto, que el Gobierno dispusiese de información no hubiese evitado que tanto Evo Morales como Cristina Fernández adoptasen las decisiones expropiatorias. Pero sí permitido que el Gabinete de Rajoy moviera los hilos internacionales precisos, preparase una reacción mediática adecuada y reflexionase la defensa adecuada ante decisiones que, objetivamente, perjudicaban intereses de empresas españolas. No es cierto que el expolio de YPF en Argentina o de REE en Bolivia deba dejar indiferente al Estado español. Cristina Fernández ha expropiado a Repsol el 51% de su 57% en YPF, pero no ha tocado un pelo ni los fondos extranjeros ni a la familia, argentina, Askenazi.  El caso de la filial boliviana de Red Eléctrica Española es todavía más grave porque el accionista de referencia de la compañía es el propio Estado a través de la SEPI, lo que implica una desafío de mayor calado por parte de Evo Morales.

De lo que ha ocurrido a nuestros intereses en Argentina y Bolivia se ha dicho prácticamente todo. Especialmente, que España no goza de una posición internacional solvente y suficientemente respetable en América Latina que es el espacio natural de internacionalización de nuestras grandes empresas que, en estos momentos de incertidumbre, han optado por el perfil bajo, las reacciones moderadas y la prudencia en el decir y en el hacer. Todos alaban al Banco Santander que en Venezuela dispuso de buena información sobre los afanes expoliadores de Chávez, se anticipó a negociar con discreción, obtuvo un precio razonable a su entidad allí y salió del país en silencio. Eludió el conflicto y, anticipándose, logró salvar los intereses de sus accionistas. Quizás eso es lo que tendría que haber sucedido en los casos de YPF y REE. ¿Por qué no ha sido así?España no goza de una posición internacional solvente y suficientemente respetable en América Latina que es el espacio natural de internacionalización de nuestras grandes empresas que, en estos momentos de incertidumbre, han optado por el perfil bajo, las reacciones moderadas y la prudencia en el decir y en el hacer

Hay una respuesta  tan lógica como contundente: porque el Centro Nacional de Inteligencia no cumplió con su obligación que consiste, la primera entre otras, en “obtener, evaluar e interpretar información y difundir la inteligencia necesaria para proteger y promover los intereses políticos, económicos, industriales, comerciales y estratégicos de España, pudiendo actuar dentro o fuera del territorio nacional”. Eso es exactamente lo que dice el artículo 4.a de la Ley 11/2002 de 6 mayo reguladora del CNI. O en otras palabras, al parecer no tenemos espías ni en Argentina ni en Bolivia. O al menos no lo suficientemente sagaces para “proteger” allí los intereses “económicos, industriales y comerciales” de España. Lo cual es extraordinariamente sorprendente ya que el CNI dispone de una amplia plantilla de agentes con capacidad de coordinarse con nuestras embajadas y consulados y medios –económicos y de distinta naturaleza—para actuar como deben hacerlo en estos tiempos los servicios de información e inteligencia, que ya no sirven a estrategias de guerra fría sino a determinadas sofisticaciones que afectan mucho más a proyectos industriales y comerciales. Por disponer dispone hasta de un procedimiento judicial específico, previsto en Ley Orgánica, para facilitarle su misión.

No estaría de más que el director del Centro, el general de Ejército en la reserva, Félix Sanz Roldan, nombrado por el Gobierno de Zapatero en 2009, pudiera ofrecer algunas explicaciones sobre estos fallos de información que han desprotegido gravemente intereses españoles en el exterior, especialmente, porque la amenazada de otros golpes de Gobiernos populistas a nuestras empresas es bastante verosímil. Explicaciones de Sanz Roldán que debería conocer y evaluar la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia y, eventualmente, la Comisión parlamentaria prevista en la ley reguladora del CNI. No consta que ninguna de las dos se haya reunido para tratar de conocer la versión del director del Centro. No consta, ni siquiera, que se haya producido la más mínima inquietud al respecto.

El CNI registró un cambio de dependencia orgánica con la llegada del Gobierno del PP: pasó del Ministerio de Defensa al de Presidencia y quedó bajo la autoridad directa de la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que tampoco se ha pronunciado sobre este asunto. Verdad es que nadie, que se sepa, le ha inquirido por la conveniente curiosidad de los espías españoles sobre este tipo de materias que tanto nos afectan. Resultaba esperable que al trasladar el CNI de Defensa a Presidencia, se gestionase este importante organismo con criterios de mayor versatilidad y eficacia. De momento no parece que haya sido así. Y nos las están dando en el mismo carrillo.

 Conviene saber que el CNI no está sólo para seguir a delincuentes, sean de la naturaleza que fueren, sino para “proteger” y “promover” intereses nacionales que tantísimas veces coinciden con los de Compañías internacionalizadas en entornos de inseguridad jurídica. Proteger nuestras inversiones es hacerlo a los accionistas españoles –y no españoles—de estas empresas. La información es poder. Parece algo extraordinariamente obvio. Pero ante episodios sobrevenidos que cogen a nuestro Gobierno in púribus, hay que recordar que el CNI está, justamente, para evitar  episodios como los vividos en Argentina y Bolivia.

Claro que a lo mejor, la Vicepresidenta debiera mover el banquillo y proponer al Consejo de Ministros el nombramiento de nuevo Director del CNI que ostenta la categoría de secretario de Estado, tiene muchos medios y, a la vista está, asume grandes responsabilidades. Excuso decir que el Centro Nacional de Inteligencia dispone también de un suficiente presupuesto y acceso a fondos reservados. La vicepresidenta tiene en este tema, como en tantos otros, la palabra. Que la utilice y la complemente con  hechos porque la responsabilidad política plena del funcionamiento del CNI es suya. Las empresas españolas y sus accionistas se lo agradecerán.