Cambiar el Estado para evitar el naufragio

“Apenas son suficientes mil años para formar un Estado; pero puede bastar una hora para reducirlo a polvo” (Lord Byron)

Apenas son suficientes mil años para formar un Estado; pero puede bastar una hora para reducirlo a polvo” (Lord Byron)

La semana comenzó con “España y el Gobierno, al límite y termina con la confirmación de que, efectivamente, estamos al borde del precipicio. El ajuste que aprobó el Congreso (blindado) el jueves con los solos votos del Grupo Parlamentario Popular convalidando las disposiciones del Gobierno de Rajoy, coincidió ayer fatalmente con la prima  de riesgo disparada (más de 600 puntos básicos), el desplome histórico del Ibex 35 (-5,8%), una subasta de deuda con demanda titubeante y tipos desconocidos desde 1997, un ministro de Hacienda y Administraciones Públicas clamando a los cuatro vientos que la Administración se encontraba en la tesitura de no poder pagar las nóminas de los funcionarios y la petición de rescate de una autonomía importantísima: Valencia. Mientras, Cataluña llamaba a un plante autonómico después de que hasta dos comunidades regidas por el PP (Extremadura y Castilla y León) votasen contra el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de la semana pasada, uniendo así fuerzas con Canarias, Andalucía, Cataluña y Asturias.

En este cuadro -con el fondo de los países de la UE y el Eurogrupo aprobando las condiciones del memorando del rescate bancario que incorpora una condicionalidad sectorial y macroeconómica muy severa, que va más allá de la reconocida por el Ejecutivo-, lanzar críticas adicionales al Gobierno sugiere, más que un ejercicio de reflexión analítica, una práctica dialéctica de masoquismo. El Gobierno y su partido ya saben que han cometido equivocaciones espectaculares en los tiempos, en el fondo de las decisiones -especialmente en las fiscales-, en los cálculos del devenir de la situación general y en las formas de conducirse y comunicarse con la opinión pública y con la publicada, a la que el Gabinete y el presidente parecen detestar de manera especial. La izquierda y los sindicatos se han alimentado de tanto error, que habría sido evitable con un Gobierno más receptivo a las críticas leales que se le han venido formulando con un carácter más preventivo que fustigador.

La sensación de que la situación no dispone de salida mínimamente airosa no es consecuencia sólo de la comprobación de que los mercados persisten en su acoso a pesar de los duros ajustes que se han introducido, sino, especialmente, de la falta de disposición a un acuerdo interno que impulse definitivamente la reforma constitucional del Estado para hacerlo sostenible. Hay que acometer un cambio constitucional que  rediseñe las estructuras estatales para que el conjunto no padezca la crónica enfermedad del déficit primario. Lo que conlleva, entre otros extremos, la reforma del sistema autonómico que, en una medida difícil de determinar pero incuestionable, está en el origen de la crisis político-financiera que nos aqueja. La formuló correctamente el presidente de la Generalidad de Cataluña: España es un Estado compuesto y el Gobierno central tiene un radio de decisión limitado por mandato constitucional. Esa es ahora la verdad.

La sensación de que la situación no dispone de salida mínimamente airosa no es consecuencia sólo de la comprobación de que los mercados persisten en su acoso, sino de la falta de disposición a un acuerdo interno que impulse definitivamente la reforma constitucional del Estado para hacerlo sostenible. Hay que acometer un cambio constitucional que rediseñe las estructuras estatales para que el conjunto no padezca la crónica enfermedad del déficit primario

¿Hay que licenciar el actual estado autonómico? No tengo la menor duda de que hay que hacerlo, estableciendo -como propugnaba el catedrático de Derecho Constitucional, Jorge de Esteban (diario El Mundo, 20 de enero de 2011, “El Estado de las autonomías, en entredicho”)- o un Estado asimétrico autonómico (distintos niveles de competencias y, por lo tanto, de autogobierno), o un Estado federal corresponsable (todos los territorios con similar nivel competencial).  Sabemos que la gran cuestión nacional siguen siendo Cataluña y el País Vasco, que con Galicia fueron las comunidades que el constituyente de 1978 consideró, sin decirlo en la Constitución, nacionalidades. La generalización autonómica -el café para todos- fue un planteamiento de la izquierda en Andalucía, secundado por la burguesía sevillana, que disparó el principio dispositivo de las autonomías e hizo entrar a España en una desastrosa espiral de emulación entre comunidades. El default valenciano es muy expresivo.

Esta es la cuestión de fondo que late en la inadaptación del Estado autonómico a un contexto de crisis que amenaza con hacerse crónico. Podemos discutir formulas y alternativas, pero la cuestión territorial española -frente a las ya conclusas como la religiosa, la agraria y la militar- sigue pendiente de solución. A las pruebas hay que remitirse: en el País Vasco pronto habrá una mayoría absoluta independentista (PNV+ HE-Amaiur podrían tener 45 escaños de 75 en el Parlamento de Vitoria) y en Cataluña crece el separatismo que, por primera vez, rebasa en las encuestas una adhesión superior al 50%.

Desde la consideración de que España es una entidad histórica, social, jurídica, económica absolutamente real y permanente, su Estado ha de adecuarse a las realidades territoriales diferentes que la configuran. Y el Estado autonómico actual -con comunidades creadas a capón, muchas sin sentido histórico ni actual alguno, demasiadas sin la más mínima percepción de autogobierno y otras sin suficiencia territorial, demográfica y económica- no es el recipiente ni político ni jurídico idóneo. Pudo serlo durante un tiempo, pero dejó de serlo. Y lo hizo cuando falló -porque tenía que fallar- el mecanismo de entregar el gasto a las comunidades (sanidad, educación, servicios sociales) y la recaudación al Estado, salvo en el País Vasco y Navarra. La disfunción generó dos consecuencias letales: un gasto al que le faltaban instancias de control y que propiciaban desigualdades y la creación de clases políticas territoriales que rememoraban el feudalismo medieval, o sea, lo que ahora millones de ciudadanos denominan casta política.

España no se va a romper en modo alguno porque planteemos de nuevo, después de 34 años de vigencia de la actual Constitución, un diseño diferente a la generalización autonómica. No tiene sentido alguno que nuestro país disponga de 17 autonomías y que el Estado federal alemán lo integren 15 estados federados y el Estado libre de Baviera. También carece de sentido el sistema de solidaridad interterritorial porque unas autonomías no aportan nada -por pobres o por su sistema concertado- y otras, mucho -y no sólo Cataluña, también Madrid o Baleares-. La alteración del principio de igualdad en el contenido de la ciudadanía es otro efecto perverso de este puzle que después de más de tres décadas no hemos logrado encajar en todas sus piezas.

Laura Mintegui, la candidata de HB-Amaiur, justifica (?) la independencia de Euskadi en “el naufragio español”. No es lela la candidata pro etarra al hacer esta formulación, porque esa -el naufragio español- es una expresión noventayochista que remite a la decadencia española y al pesimismo nacional a propósito de la pérdida de la identidad colonial -y de potencia- de España. Es a finales del siglo XIX y principios del XX cuando los nacionalismos periféricos dejan de estar interesados en el proyecto común de España, sencillamente porque no creen en ella y se sienten desgajados de su pertenencia. Ha tenido que ser la crisis económica la que nos haga ver con más nitidez este panorama y llegar a la conclusión de que, o renovamos un pacto constitucional diferente al de 1978, o estamos condenados a ser gobernados desde fuera con criterios tecnocráticos y estrictamente funcionales. En rigor, el mejor plan de ajuste que cabría esperar de un Gobierno como el del PP y de una oposición que requiere de una cierta épica para rehabilitarse consistiría en resetear España para insertarla en un Estado sostenible en el que la unidad y la diferencia convivan con ya claras y definitivas reglas del juego. Si no se hace, el naufragio.

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