El "manifiesto de los 343 cabrones" llega a España

Este es el manifiesto que, muy en el estilo librepensador francés, pretende imitar al de las más de 300 mujeres que en 1971 reclamaron el derecho al aborto comandadas por Catherine Deneuve, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras o François Sagan. Evocan también a otra proclama de los ochenta de SOS Racisme titulado “¡No toques a mi colega!”. El problema es que esta intelectualidad es prostibularia y da por supuesto que hay prostitución libremente asumida por hombres y mujeres, al margen de la trata de seres humanos, mafias y bandas explotadoras, lo cual, de ser cierto, resulta del todo excepcional.

No está claro que haya que regular la prostitución —tiene ventajas e inconvenientes— mediante la sanción al cliente, que es lo que pretende en principio la Asamblea Nacional francesa, pero parece una actitud irresponsable, decrépita e intelectualmente alicorta reivindicar el derecho a recibir, mediante pago, las prestaciones de las meretrices y los chaperos. Más valdría una reflexión sobre la dignidad de las personas a las que cuadra mal, incluso, que desde una supuesta y ficticia libertad se dediquen a la prostitución, seguramente porque no pueden hacerlo a otra actividad. No es nueva la intención de hacer de la venta de prestaciones sexuales una auténtica industria y un filón fiscal. Pero, crisis por medio o no, resulta éticamente indigesto.

Ya ha llegado a España la polémica. Con todos los dicterios contra la trata y las mafias, Pérez Reverte (XL Semanal de ABC del pasado domingo) en un artículo titulado “Putas, chulos y ayuntamientos”, arremetía contra las ordenanzas municipales que sancionan a los clientes de la prostitución por considerarlo “hipócrita” y “fariseísmo oficial y charlatanería de imbéciles que excretan agua bendita”. El lunes pasado, Fernando Sánchez Dragó en El Mundo, en un texto que titulaba “Yo, cabrón”,  se preguntaba en sintonía con los 343 abajofirmantes: “¿Hasta dónde van a llegar los regímenes totalitarios que gobiernan las democracias?”. Y la tesis radicalmente opuesta la escribía en El País del domingo Soledad Gallego-Díaz, que consideraba a los firmantes auténticos “cabrones” (ella utilizaba el término francés salauds). El alegato de Gallego-Díaz resultaba del todo impecable: “Las prostitutas que se parecen a Julia Roberts o a Catherine Deneuve no son muy abundantes”, sostenía la colega.

Probablemente no haya que multar a los clientes de las meretrices o de los chaperos, pero acudir a sus servicios no deja de ser una flaqueza de espíritu ciudadano y de voluntad personal

Pero la polémica no sólo llega a España de la mano de académicos y periodistas, sino también a rebufo de una siniestra realidad. La Unidad Central contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) y la ONG Médicos del Mundo están alertando de la dinámica de la prostitución en España: va a más. Recurren a ella amas de casa en cuyo hogar remiten los ingresos y los universitarios para seguir sus estudios o, simplemente, subsistir. Según Médicos del Mundo, en 2012, hasta 2.000 personas que habían abandonado la prostitución regresaron a ella por estricta necesidad vital y entre un 18% y un 30% eran jóvenes de entre 18 y 24 años. Hace tan poco tiempo como en julio de este año, Ignacio Pardo, responsable del Comité de Apoyo a los Trabajadores del Sexo, lanzó una auténtica llamada de socorro ante la nueva emergencia de la prostitución.

La relativización ética es un cáncer civil. Se empieza por manifiestos de dudosa legitimidad ciudadana y se llega a excesos como los que ocurren en Holanda, donde se ha permitido a un partido que propugne rebajar la edad de consentimiento sexual de los 16 a los 12 años, la abrogación de la pornografía infantil y la autorización de la zoofilia: el partido de marras se denomina del Amor Fraternal, la Libertad y la Diversidad (PNVD) y existe, aunque cueste creerlo, un movimiento activista pedófilo con nutrida presencia en la red y en algunos círculos, por más que procure un enorme rechazo social.

Probablemente no haya que multar a los clientes de las meretrices o de los chaperos, pero acudir a sus servicios no deja de ser una flaqueza de espíritu ciudadano y de voluntad personal que no merece el exhibicionismo de los 343 sedicentes intelectuales franceses que se quedarían sin “su puta” si el Estado las liberase de esa esclavitud, cumpliendo así con una elemental obligación de las Administraciones Públicas. Porque la cuestión no concierne a la virtud, sino a la ciudadanía.