El Orgullo y el alegato de Guardiola

Una personalidad de su talla no debió volar tan raso ante la opinión pública catalana, del resto de España e internacional

Foto: Alegato proindependentista de Pep Guardiola en Barcelona. (Reuters)
Alegato proindependentista de Pep Guardiola en Barcelona. (Reuters)

Soy de los que cree que el que fuera jugador y entrenador del Barça, Pep Guardiola, es un auténtico 'crack'. Buen jugador, gran y carismático entrenador y hombre con voluntad de hierro como demuestra su capacidad políglota. Simpático o antipático para unos y otros por su independentismo que, no obstante, es una opción legítima. No lo es mentir, como hizo en el manifiesto que leyó en Barcelona el pasado 11 de junio atribuyendo al Estado español la comisión de “abusos autoritarios”, propalar el mensaje de que hay derechos “amenazados en Catalunya como el de libertad de expresión política y de voto” o aseverar que en nuestro país se producen casos de “persecución política”. Una personalidad de su talla no debió volar tan raso ante la opinión pública catalana, del resto de España e internacional. Tampoco el defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó, que el jueves secundó esas mendacidades con un informe sectario.

Antonio Fernández. BarcelonaAntonio Fernández. Barcelona

Guardiola siguió los pasos del relato de descrédito hacia la democracia española que ha puesto en marcha el secesionismo. Ya el presidente de la Generalitat igualó en Harvard –mes de marzo– la Constitución española con la turca de Erdogan, y son recurrentes las comparaciones de nuestro país con otros que vulneran los derechos humanos. El hecho de que estos alegatos no permeen en la opinión pública no les resta gravedad porque rompen las reglas de compromiso de una democracia en la que los portavoces de los partidos independentistas pueden desde la tribuna del Congreso jalear la III República o defender cuantas ideas tengan por convenientes. Otra cosa es la necesaria vigencia de la legalidad constitucional.

Junto con la libertad de expresión, consagrada en el artículo 20 de la CE y considerada “prevalente” por el Constitucional, la de no discriminación por razón de sexo es definitoria de la calidad democrática de un país. Digámoslo rápido y por derecho: las informaciones y reportajes que están publicándose en la prensa internacional sobre los multitudinarios actos del Orgullo LGTBI (World Pride 2017) en Madrid son los testimonios de una sociedad cuyo Estado podrá ser corregido por muchos defectos en su configuración y funcionamiento pero no por su carácter autoritario. Una de las grandes lacras de muchos regímenes –incluso formalmente democráticos– consiste, precisamente, en limitar la libertad de expresión, pero, sobre todo, en la intolerancia hacia las opciones sexuales diversas de sus ciudadanos.

España no es un país retrógrado ni cerrado, ni endogámico ni históricamente determinado por sus tradiciones y convenciones

Las relaciones entre ciudadan@s del mismo sexo están penadas en muchos países. Y prohibida la transexualidad. Qatar, que tan bien conoce Guardiola y con cuyas líneas áreas el Barça mantiene privilegiadas relaciones de patrocinio, castiga con hasta cinco años de cárcel los actos homosexuales. Turquía, Rusia, Polonia… son países reprendidos por la comunidad internacional –incluso por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo– a propósito del tratamiento intolerante hacia el cada día más amplio movimiento LGTBI que recala en Madrid para conmemorar el cuarenta aniversario de la primera manifestación gay en Barcelona. Pues bien: en los Estados autoritarios, no solo padece la libertad de expresión, sino también la de las opciones sexuales de sus ciudadanos. En España no solo estos derechos están protegidos, sino que la legislación va más allá que en otros países y, además de reconocer el matrimonio homosexual y la adopción, también ampara la diversidad de expresiones de identidad sexual. Este altísimo nivel de aceptación recíproca, pacífica, aunque sea controvertida, es imposible en un Estado al que se le adjudica el calificativo de “autoritario” o se le atribuye contraer la libertad de expresión.

Las manifestaciones de la sociedad –enteramente libres, como estos días del Orgullo en Madrid, que se convierte en la capital europea del movimiento LGTBI– son las que definen la naturaleza de su sistema de convivencia, las que ponen a prueba la certidumbre de sus libertades, las que perfilan la vigencia de los derechos de los ciudadanos y, no sin polémica, las que acreditan la coexistencia, para muchos difícil, de la diferencia en aspectos sustanciales del modelo social convencional. España no es un país retrógrado ni cerrado, ni endogámico ni históricamente determinado por sus tradiciones y convenciones.

La libertad de expresión ampara incluso la mendacidad política, que no puede, sin embargo, soslayar la realidad. En el arca del patriotismo no se pueden inmolar según qué verdades. No porque se arrojen sobre los españoles las peores teorizaciones (como el alegato de Guardiola) sobre el inveterado autoritarismo de su Estado y de su idiosincrasia adusta hay que seguir asumiendo resignadamente que no somos lo que somos: uno de los países más libres, desprejuiciados, abiertos y tolerantes del mundo. Razón, entre otras: el Orgullo LGTBI en este junio abrasador en Madrid. Solo se entiende el calado de que esta fiesta reivindicativa se celebre aquí si se tiene conciencia de que hasta qué punto la homofobia ha sido históricamente el caldo de cultivo de las peores represiones, incluida el exterminio de los homosexuales en los regímenes nazi y estalinista del siglo pasado.

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