Colombia: cesa la horrible noche

Quizá la mejor noticia de un verano que a pesar de los deportes ha estado dominado por terrorismo, golpes de Estado, guerras y terremotos, sea el anuncio de un acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que pone fin a 52 años de guerra y alumbra una nueva era que se anuncia larga y preñada de ilusión y de dificultades, como toda reconquista. Con los excesos propios del Romanticismo, Colombia se refiere en su himno nacional a los tres siglos de colonización española cantando que "cesó la horrible noche". Ahora puede salir de otra.

Las FARC nacieron en un periodo conocido como La Violencia, que siguió al asesinato en 1948 de Jorge Eliécer Gaitán, una década en la que liberales y conservadores se asesinaron unos a otros con saña, y fueron inicialmente un movimiento marxista-leninista y guerrillero de protesta frente a las desigualdades sociales y al abandono por parte del Gobierno de amplias zonas rurales, sin acceso a la educación, la sanidad, la seguridad o las infraestructuras más básicas. La ironía es que su propia existencia y la inseguridad consiguiente han impedido desarrollar esas regiones a los sucesivos gobiernos colombianos, con la consecuencia de hoy el Estado sigue sin estar apenas presente en ellas.

Por otra parte, las FARC sucumbieron pronto a la tentación de financiarse con la cocaína y eso, que les ha dado dinero y armas en abundancia, también ha contribuido a su desprestigio, como lo fueron las malas compañías de la Cuba castrista, la Venezuela chavista o la misma ETA, que en algunos momentos les dio apoyo en técnicas relacionadas con explosivos. Un informe del Centro de Memoria Histórica de Colombia estima que la guerra ha causado 220.000 muertos desde 1958, de los que 81% son civiles, y ha provocado nada menos que seis millones de desplazados internos. Una tragedia tremenda. No son solo víctimas de las FARC sino de grupos paramilitares, de otras bandas criminales y también de la Policía y el mismo Ejército.

La guerra ha causado 220.000 muertos desde 1958, de los que el 81% son civiles, provocando nada menos que seis millones de desplazados internos

Si se ha llegado a la paz, ha sido porque muchos han trabajado para ello y porque, como siempre sucede en diplomacia, ha llegado el "momento oportuno". Entre los que han contribuido a crear las condiciones idóneas, están los presidentes Betancur, que ya lo intentó en 1990 y se lo impidieron el Ejército y los sectores más reaccionarios del país, y Andrés Pastrana, porque dio un fuerte impulso al Plan Colombia de rearme de sus fuerzas armadas e hizo posible la política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe, que cambió de forma decisiva el equilibrio de fuerzas entre el Gobierno y la guerrilla, con la detención o muerte en combate de algunos de sus principales líderes, como Alfonso Cano y Raúl Reyes.

Fue precisamente la política de Pastrana y de Uribe la que permitió al presidente Juan Manuel Santos aprovechar la debilidad del enemigo para apretar a fondo y llevar al líder de las FARC, Rodrigo Londoño 'Timochenko', a unas conversaciones de paz que comenzaron discretamente en Oslo y luego continuaron en La Habana con el patrocinio de Raúl Castro. No ha sido un proceso fácil y es de justicia rendir también homenaje a los negociadores Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, que han hecho gala de sentido de Estado para superar las muchas dificultades que han encontrado a lo largo de estos últimos cuatro años. La ironía es que sean precisamente Uribe y Pastrana quienes más se oponen hoy a la paz de La Habana porque lo que quieren es la rendición incondicional del enemigo.

Debido a la ausencia del Estado, la guerrilla surgió como una forma de autodefensa de las zonas rurales, donde ha sido la única proveedora de servicios básicos

El "momento oportuno" ha llegado cuando ambos contendientes se han convencido de que nunca podrían vencer e imponer sus condiciones a la otra parte. El Gobierno sabe que las FARC cuentan aún con casi 10.000 combatientes en zonas remotas y tradicionalmente abandonadas por Bogotá, donde la población local les apoya y la geografía juega a su favor. No hay que olvidar que debido a la ausencia del Estado, la guerrilla surgió como una forma de autodefensa de las zonas rurales, donde ha sido la única proveedora de servicios básicos de educación, sanidad o incluso seguridad. Pero también los guerrilleros saben que no pueden derrocar al Gobierno porque no han logrado provocar la revolución popular masiva con la que soñaban en sus inicios comunistas, han perdido el apoyo cubano y también Venezuela está como está. Y eso a pesar de que no se ven a sí mismos como terroristas sino como una insurgencia política legítima.

Las negociaciones no han sido fáciles, pero al final han dado lugar a un acuerdo recogido en un texto de casi 300 páginas que incluye disposiciones sobre temas tan diversos y complicados como la reforma agraria, el tráfico de drogas, la entrega de las armas y la justicia transicional. Entre sus disposiciones más importantes están las referidas a la agricultura, con medidas de reforma agraria y creación de un Fondo de Tierras para la Paz, nutrido inicialmente con tres millones de hectáreas de los seis millones y medio que fueron robados durante la guerra según las Naciones Unidas (un 40% usurpadas por la guerrilla, un 35% por los paramilitares y el 25% restante por la delincuencia común). Otras estimaciones elevan esta cifra a ocho millones, que es una superficie equivalente a dos Suizas, lo que da una idea de la magnitud del problema. Aquí se recogen muchas de las reclamaciones históricas de las FARC en asuntos como salud, educación, vivienda, acceso al agua potable, erradicación de la pobreza con subsidios y capacitación técnica y otras medidas de desarrollo social. Fue lo primero que se acordó y su firma dio un fuerte impulso a las negociaciones.

Se trata de convertir un movimiento guerrillero en un partido que defienda sus principios en el Parlamento y que cambie las armas por la persuasión de las ideas

El capítulo de Participación Política trata de garantizar el voto en las zonas de implantación tradicional de la guerrilla, a la vez que asegura a esta un número mínimo de escaños a partir de ahora mismo y hasta 2026, si en las urnas no obtienen el mínimo de votos necesario (3%) para entrar en el Congreso. Se trata de convertir un movimiento guerrillero en un partido político que defienda sus principios en el Parlamento y que cambie las armas por la persuasión de las ideas. Por eso se prevé un salario mínimo para los desmovilizados mientras dure el proceso de reinserción y se dan garantías de seguridad a quienes se integren en el juego político, con objeto de impedir que se repita el caso de la Unión Patriótica, un grupo de guerrilleros que se desmovilizaron en los años noventa para participar en política y 4.000 de los cuales acabaron asesinados por grupos paramilitares en lo que entonces se llamó "el baile rojo".

Hay un capítulo de Drogas para poner fin a esta actividad, muy vinculada a la financiación de las FARC, que llegaron a controlar el 70% del cultivo de coca e hicieron acuerdos muy rentables con cárteles mexicanos. Más delicado es cuanto concierne a las Víctimas, los millares de asesinados y sus familias, los desplazados y los que han sufrido secuestros y extorsiones, que exigen justicia y reparación y que rechazan la impunidad de los guerrilleros. Y aquí ha habido que hacer encaje de bolillos entre la necesidad de castigar y la de incorporar a los guerrilleros a la vida política, pues nadie negociaría si sabe que su destino es la cárcel.

Se ha creado un Tribunal Especial para la Paz para quienes hayan cometido delitos execrables de guerra, de genocidio, de lesa humanidad, de secuestro y toma de rehenes, de violencia sexual y similares. Quienes reconozcan estos crímenes podrán ser condenados hasta ocho años a actividades sociales de reparación del daño causado, mientras se reservan penas mayores para los que no lo hagan, dejando abierta la posibilidad de que el Estado conceda más adelante una amnistía para los delitos políticos. Es un trato generoso de Justicia Transicional que tiene precedentes en El Salvador, Uruguay, Brasil o Irlanda del Norte, donde hay antiguos guerrilleros reconvertidos a la política que en algunos casos incluso alcanzaron la presidencia del país. O el caso del M-19 en la misma Colombia.

Se ha hecho encaje de bolillos entre la necesidad de castigar y la de incorporar a los guerrilleros a la vida política, pues nadie negociaría si va a ir a la cárcel

Son estas disposiciones las que más rechazo popular suscitan y que Álvaro Uribe denuncia con vehemencia, pues son muchos los colombianos que se resisten a pasar página sin que paguen por sus culpas quienes tanto sufrimiento han causado, y su postura es legítima y comprensible. Yo les recordaría las palabras del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince cuando dijo que "la paz no se hace para que haya una justicia plena y completa. La paz se hace para olvidar el dolor del pasado, para disminuir el dolor del presente y para prevenir el dolor del futuro", y no puedo estar más de acuerdo.

Los últimos capítulos se refieren a la concentración de los guerrilleros en ciertas zonas, al alto el fuego, el desminado, la entrega de las armas (en un plazo no superior a 180 días), etc., y a los mecanismos de verificación a cargo de las Naciones Unidas.

Las ventajas de la paz son enormes y pueden transformar Colombia, que ya es la tercera economía de Latinoamérica, por delante de Argentina y solo detrás de Brasil y México, con tasas de crecimiento de en torno al 3% anual y un fuerte desarrollo de la clase media, aunque siga habiendo terribles desigualdades. La paz traería seguridad y permitiría al Estado volver a estar presente en regiones hasta ahora en manos de los guerrilleros, construir escuelas, hospitales y carreteras. La seguridad atraería inversiones para desarrollar la minería y las prospecciones de hidrocarburos, poniendo en explotación enormes recursos hoy no utilizados o empleados con fines criminales. Incluso permitiría un desarrollo turístico de gran potencial transformador. Colombia puede ahora convertirse en uno de los países más importantes de América Latina.

"La paz no se hace para que haya una justicia plena y completa. Se hace para olvidar el dolor del pasado, disminuir el del presente y prevenir el del futuro"

Pero si grandes son las ventajas que puede traer la paz, muchos son también los retos que hay que vencer, empezando por los fondos necesarios para cumplir lo acordado, como concentrar a los guerrilleros y prepararles para la vida civil mientras se supervisa la entrega de armas y se pone en marcha la reforma agraria. Los Estados Unidos ya han confirmado que ayudarán, y lo mismo ha hecho la Unión Europea, que ha creado un fondo fiduciario especial con este fin. Otras dificultades se refieren al propio cumplimiento de los acuerdos, pues algunos guerrilleros ya se han desmarcado, como los del Primer Frente de las FARC, que secuestró durante seis años a la senadora Ingrid Betancourt.

También los habrá que encontrarán difícil integrarse en la vida civil y abandonar el lucrativo negocio de la droga, por no hablar de la pervivencia de grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de ideología izquierdista y estructura militar, con intereses en narcotráfico y minería ilegal, y que ahora no tendrá más remedio que negociar con el Gobierno, cosa que afirma desear hacer aunque lo impida el que siga con los secuestros. O los numerosos grupos criminales que pretenden disputarse el lucrativo negocio de la droga que ahora dejan las FARC. Se les conoce como Bandas Criminales Emergentes (BACRIM), surgidas de los restos de las unidades paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desmanteladas en 2003 y cuyos principales líderes fueron encarcelados. Algunas de estas bandas de delincuentes sin pretensiones políticas, como los Rastrojos, el Ejército de Liberación Popular, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, la Águilas Negras y otras, disponen de varios cientos de afiliados y se dice que están 'fichando' ahora a miembros de las FARC desmovilizados y comprándoles tanto armas como rutas de exportación de droga.

A estas dificultades se añade la oposición política radicalmente erradicadora del expresidente Álvaro Uribe, que teme que las cesiones de Santos en la negociación conducirán al país al 'castrochavismo' y que no quiere oír hablar de otra paz que no sea la victoria total, sin impunidad y negociando sobre bases radicalmente diferentes. Su postura tremendista contrasta con la de otro expresidente, César Gaviria, que ha afirmado que "la gente tiene que saber que si gana el NO [en el plebiscito], seguirá la guerra". También los expresidentes Betancur y Samper han dejado saber que votarán a favor del acuerdo. Según Gallup, un 67,5% de los colombianos votaría hoy a favor de la paz, pero aún sigue habiendo muchos indecisos. Como ha dicho Carlos Malamud, "todo indica que el NO tiene un piso en torno al 30%, pero es el Sí el que tiene más posibilidades de crecer". Esperemos que así sea.

El plebiscito de octubre no será el fin de los problemas, sino el principio de otros que abren un camino nuevo para Colombia

Comienza ahora un camino en que el Congreso colombiano deberá convocar el plebiscito, mientras el Congreso Nacional de las FARC deberá aprobar el acuerdo. Ahí se verá si hay desacuerdos internos. Todo esto antes de la firma entre Santos y Londoño, en un acto que se quiere que cuente con importante presencia internacional y que tendrá lugar en Cartagena de Indias el próximo 26 de septiembre. Los guerrilleros pretendían convocar una Asamblea Constituyente que reformara la Constitución, en una especie de refundación del Estado, pero el Gobierno no lo ha aceptado y en su lugar se someterá el acuerdo a un plebiscito el día 2 de octubre. No es el acuerdo que ninguna de las dos partes deseaba, pero seguramente es el mejor acuerdo posible. Este es el primer reto que Colombia debe superar. El otro, más complicado, será el cumplimiento de lo acordado, mientras se prepara la apertura de negociaciones con el ELN y se combate a las BACRIM para evitar que unos y otros llenen el espacio delictivo que ocupaban las FARC. Nadie dijo que sería fácil.

Por eso el plebiscito de octubre no será el fin de los problemas, sino el principio de otros que abren un camino nuevo para Colombia, que dejará tras de sí su terrible laberinto de violencia política para convertirse en un país como los demás. Será un camino preñado de esperanza pero erizado de dificultades y que durará todavía muchos años, pues son muchos los descontentos con la impunidad, y son muchos también los que se benefician del negocio de la droga, de la actual estructura de poder y de la ausencia del Estado en muchas zonas del país. España, que lamentablemente no ha ayudado en este proceso, debería ahora volcar su peso en Europa para apoyar a Colombia en este momento crucial de su historia, en que por segunda vez sale de la "horrible noche". En esa línea va la Declaración Institucional del Congreso de los Diputados del pasado día 3, que ofrece "apoyo político e institucional" para conseguir que la paz "sea una realidad en Colombia".