¿De qué lado están los fiscales?

Con algunos fiscales está ocurriendo en España aquello que cantaba Kiko Veneno: lo mismo se les echa de menos que se les echa de más. Se les añora cuando se trata de iniciar la investigación de asuntos que huelen a podrido desde muy lejos, como la venta masiva de preferentes y deuda subordinada a ancianitos. El fiscal lo explica fácilmente con ese cuento del despiste: vaya por Dios, hubo gente que se despistó y vendió preferentes a personas sin conocimientos financieros.

Así, a bote pronto, parece que colocar 30.000 millones por descuido es difícil, pero el fiscal se encuentra en condiciones de asegurar -sin pedir ninguna prueba o testimonio- que no hay ningún indicio de delito. Se le echó de más cuando se opuso a la admisión de la querella y ahora de nuevo al haberla recurrido. El juez Andreu explicaba muy bien en su auto de admisión cómo las tesis del fiscal equivaldrían a crear un "espacio de impunidad".

En escándalos muy sonados, como el de Bankia, la Fiscalía Anticorrupción se mostró favorable a que se abriera la investigación, si bien se opuso inicialmente a la imputación de los consejeros, tal como pedía UPyD y aceptó el juez. Hasta ahora se ha echado de menos una Fiscalía commeilfaut en la instrucción: su aportación ha sido mínima e incluso contraria a la práctica de ciertas pruebas. Y como hablamos de una entidad que ha necesitado la friolera de 20.000 millones de euros de dinero público un año después de haberse ofrecido a los inversores de bolsa como un suculento negocio, se echa de menos diligencia y ahínco en la persecución del delito.

¿De qué lado están los fiscales? ¿Contra los delincuentes -presuntos- y a favor de las víctimas? Juzguen ustedes mismos. Caso Urdangarin: el juez imputa a la Infanta y el fiscal se moviliza a toda velocidad para lograr la desimputación. Caso Blesa: también los denodados esfuerzos del fiscal han conseguido la anulación de parte de las actuaciones, si bien, para ser justos, hay que decir que una instrucción más minuciosa del juez habría dificultado las evidentes intenciones de la Fiscalía.

Quizá el caso más sangrante de todos sea el Madrid Arena. Isabel de la Fuente, madre de Cristina, una de las cinco chicas fallecidas, declaraba recientemente a este medio: "La Fiscalía debe velar por los derechos de las víctimas; en ningún sitio pone que debe defender a los imputados, y es lo que están haciendo".

En los casos de Caja Navarra o Caja Segovia también se echó de menos a los fiscales en un principio, pues tampoco iniciaron motu proprio la investigación. Y cuando finalmente lo hicieron los jueces -también a instancias de UPyD-, en seguida se les ha empezado a echar de más. Se espera que un fiscal acogote a preguntas a los sospechosos, proponga innumerables pruebas al juez, en fin, que busque delitos debajo de las piedras. Ese es su trabajo y para eso les pagamos un sueldo con nuestros impuestos.

Gallardón ha propuesto cambios legales que dan la medida exacta de la desesperada búsqueda de impunidad por parte del poder. Por ejemplo, que sean los fiscales quienes se encarguen de la instrucción, así quedarán blindados ante cualquiera de esos jueces esforzados que creen en lo que hacenPues bien, el fiscal de Caja Segovia ha pedido sólo una imputación: ¿creen que es la de algún directivo de la caja, alguno de esos que cobró indemnización y pensión millonaria? No, la única vez que ha apreciado algún indicio de delito fue cuando el abogado de la acusación, Andrés Herzog, afirmó precisamente que la Fiscalía obstaculizaba la investigación. La verdad palmaria fue interpretada por el airado fiscal como una supuesta calumnia.

En la Audiencia Nacional, los fiscales plantean las mismas preguntas que los abogados defensores, y asumen sus tesis en la instrucción de Bankia o de las preferentes. Es el mundo al revés: quien debe perseguir el delito persigue a los denunciantes y defiende a los sospechosos, una aberración jurídica.

¿Qué intereses defienden los fiscales? El hilo común que une casos tan dispares como el de las preferentes o el Madrid Arena es el establishment. En todos ellos, personalidades muy distinguidas temen no sólo por su futuro penal, sino también por todo lo que estas investigaciones judiciales van revelando respecto a la podredumbre acumulada durante años en instituciones gobernadas por ellos.

Ese hilo está tejido con el abuso de poder, la corrupción y la impunidad de la oligarquía política, aliada de forma espuria con elites empresariales o financieras. La actuación de la fiscalía se explica por el principio de jerarquía y, por tanto, hay que mirar a su cúspide, ese fiscal general del Estado al que nombra el Gobierno. Ese ministerio público que cada día es más ministerio y menos público, pues defiende intereses particulares cuando se le echa de menos y cuando se le echa de más, por acción y por omisión.

En esta situación, el ministro Gallardón ha propuesto dos cambios legales que dan la medida exacta de la desesperada búsqueda de impunidad por parte del poder. Uno, que sean los fiscales quienes se encarguen de la instrucción; así quedarán blindados ante cualquiera de esos jueces esforzados que creen en lo que hacen y pueden desmandarse en cualquier momento. Dos, eliminar de la ley la posibilidad de que los partidos políticos ejerzan la acusación popular como hasta ahora (UPyD no habría podido querellarse contra Bankia o por las preferentes, para que se hagan una idea).

Se trata de tapar las escasas fugas del sistema por las que es posible hacer justicia. Se trata de garantizar la impunidad de su trama delictiva y corrupta sirviéndose de esa administración de justicia que ponen a precio de oro para el ciudadano de a pie. Y todavía hay gente que tiene dudas respecto al daño que causa a la democracia la falta de una justicia independiente.