El `impuesto de San Jordi´

Quizás porque el problema se ha llamado 3% durante demasiados años, la actitud de virgen ultrajada con la que CiU ha reaccionado a la acusación de cobro de comisiones lanzada por Pasqual Maragall ha podido resultar excesiva y teatral, cuando no aparatosamente cínica. Artur Mas quiere que el president pida perdón de rodillas y le ha puesto una querella. Josep Piqué se ha sumado a la algarada presentando una moción de censura y reuniéndose con Carod-Rovira para preservar el futuro Estatuto, vaya lo uno por lo otro. La clase política catalana que se escandalizaba de la ‘crispación madrileña’ redescubre a gritos sus propios enjuagues. Esta gente ha perdido el seny o poco le falta.

El ‘impuesto de San Jordi’, como llegó a conocérsele, era un asunto que había trascendido el ámbito de los contratistas de la Generalitat. Pese al silencio de los corderos, la existencia de este peaje había sido vociferada a los cuatro vientos por quienes aseguraban no haber pasado por el aro. La leyenda del 3% llegó a alcanzar tal crédito que no había empresa precavida que no presupuestara el correspondiente sobrecoste cuando trabajaba para la Administración catalana. El PSC no era ajeno a este clamor empresarial, pero lanzar la piedra exigía estar libre de pecado y, al fin y al cabo, la carne es débil.

Quien con mayor insistencia alimentó la especie fue el constructor por excelencia, Florentino Pérez, el mismo que durante años difundió a diestro y siniestro que ACS no se presentaba a los concursos de la Generalitat porque se negaba a pagar comisiones. A su legión de amigos y también a algunos de sus enemigos, Pérez relató su supuesto encuentro con Jordi Pujol en la delegación del Gobierno catalán en Madrid, en el número 9 de la calle Montalbán.

Según su versión, el Honorable le habría mandado llamar para recordarle la deuda que mantenía a cuenta de varias obras que le habían sido adjudicadas. “No pienso pagar y, si esto es una amenaza, parto de que nunca más trabajaré con ustedes”, cuenta que le dijo. Ahora que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena, ha anunciado la apertura de diligencias para investigar las acusaciones de Maragall, Florentino tendrá oportunidad de llevar la dignidad hasta sus últimos extremos y bien haría Mena en darle la satisfacción que se merece.

Algún dato adicional ha de tener el fiscal, porque no se explica que haya estado cruzado de brazos mientras un barrio entero se hundía por una negligencia –algo que bien podría tipificarse como un delito de estragos- y, en cambio, haya dado tantas muestras de diligencia para investigar la escueta referencia al 3% de marras. Será que hay delitos que le gustan más que otros. En tiempos de Carlos Jiménez Villarejo, por Mena pasaron todas las investigaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción sobre un clásico de la novela negra catalana como es Javier de la Rosa.

Para sustentar hace un año una querella contra Villarejo que no fue admitida, el financiero aportaba unas presuntas notas manuscritas del fiscal autentificadas por un perito calígrafo que podrían resultar esclarecedoras: “Filtrar a PSOE e Izquierda Unida datos sobre ‘donaciones’ de Javier de la Rosa al Partido Popular y Convergència i Unió (...)”; “Llamar a Pepe (supuestamente José María Mena). Que filtre a la prensa datos referentes a las ‘donaciones’ de Javier de la Rosa a determinados políticos y se reúna con el PSC e Iniciativa para una posible interpelación parlamentaria”. ¿Hasta qué punto conoce Mena la financiación de estos partidos políticos?

Basta con revisar la historia reciente de la ‘lavandería catalana’ y de sus no aclarados trapos sucios para darse cuenta de que no cabe esperar catarsis alguna de la indiscreción de Maragall. Si el 3% llegó a existir como forma de corrupción institucionalizada -civilizada si se quiere- para mantener una mastodóntica estructura como era la de CiU en Cataluña, su investigación no haría sino poner el ventilador sobre otros partidos, algo a lo que, posiblemente, nadie esté dispuesto. El cáncer que representó De la Rosa, un “empresario modélico” en palabras del inefable Pujol, no dejó tejido sano en el cuerpo político catalán, a excepción tal vez de esos pequeños órganos representados por ERC e IC.

Algunos tironcitos de manta costaron el puesto y casi la carrera política a José Borrell; otros destaparon pagos de KIO a diputados de CiU o revelaron cómo las arcas del PP habían sido regadas por el financiero –él mismo estimaba su aportación en 500 millones de pesetas-, un tipo ‘generoso’ para con algunos familiares de políticos a los que no dudó en ofrecer trabajo bien remunerado.

En esa nómina llegó a figurar la hija de Miquel Roca, Elena, varios ex consejeros como Josep María Cullel o Viven Oller, y hasta los hijos de Juan Antonio Samaranch, cuya esposa sí militaba en CiU. De aquella época queda constancia gráfica de los paseos del conseller Macià Alavedra por la cubierta del Blue Legend, el yate del preso más rico de Can Brians.

Mientras que en otras regiones escándalos similares acabaron sustanciándose en dimisiones, la práctica en Cataluña ha consistido, por lo general, en echar tierra sobre ellos, tanta como para formar una montaña tan alta como el Carmelo. Cuesta creer que algo haya cambiado. Parafraseando a Felipe González, “no hay pruebas ni las habrá” ni a nadie le interesará nunca que las haya.

Sin duda, el análisis más atinado sobre la crisis ha correspondido a Piqué, que ha dejado a Maragall sin escapatoria: si su denuncia sobre la ‘mordida’ era falsa, mintió al Parlamento; si, por el contrario, respondía a la verdad, el presidente de la Generalitat llevaba meses encubriendo la corrupción. En ese argumento y en el de la escasa voluntad del PSC y de CiU para aclarar si se pagaban o no comisiones, ha basado su moción de censura contra el tripartito. Tiene gracia que la búsqueda de la verdad la encarne un ex asalariado de Javier de la Rosa.