Reivindicación del espíritu del 93 ante las acusaciones de corrupción contra el PP

El 24 de abril de 1993, el Partido Popular hizo público un “Código ético” para regenerar la vida política española. Se dirá que no le dio el resultado apetecido porque perdió las elecciones que se celebraron el 7 de junio de aquel año. Pero es indiscutible que su aprobación proporcionó al partido una enorme credibilidad ante la opinión pública, cuyos frutos se cosecharon en las elecciones de 1996, cuando José María Aznar accedió al poder.

 

Dieciséis años después de la promulgación de su “Código ético”, el Partido Popular ocupa la portada de la mayoría de los medios de comunicación por los escándalos de corrupción que salpican a destacados cargos públicos y altos funcionarios del partido.

No estaría de más que la dirección del PP, sus cargos públicos y sus setecientos mil militantes rescatáramos del olvido aquel Código de comportamiento, que sirvió para llevar a la sociedad española un soplo de aire fresco en unos momentos en los que España estaba necesitada de un cambio profundo y regenerador.

“El clima creado por la denuncia de constantes irregularidades en la política española reciente, ha derivado en una pérdida de confianza que alcanza incluso a las instituciones representativas”. Así se expresaba el documento para abogar por “una recuperación moral que toma sentido de los propios valores de la Democracia que deben inspirar la acción de cuantos asumen las tareas públicas”.  Por este motivo, el Partido Popular se comprometía ante la sociedad española a observar un “compromiso ético para la recuperación de la vida pública”.

Todos los cargos públicos del PP debían asumir la obligación de realizar, como requisito previo para su inclusión en las listas electorales, una previa declaración notarial de sus bienes y actividades, comprometiéndose a hacerla pública cuando fueran requeridos para ello por el PP “porque haya sido puesta en entredicho la integridad de su conducta”.

Asimismo, los cargos públicos debían poner a disposición del partido “el puesto público que desempeñaran, si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional pudiera derivarse indicios racionales de la comisión de un delito”.

Comisión de investigación y sanciones

Por su parte, el Partido Popular asumía el compromiso de “abrir en cualquiera de estos casos una comisión de investigación interna que esclarezca los hechos y que, a su vista, hará públicas las conclusiones de su informe, así como de las sanciones que de ello puedan derivarse en aplicación del Reglamento de Conflictos y Disciplina”.

Por último, el “Código ético” proclamaba que “constituirá motivo de expulsión inmediata del Partido, sin perjuicio de las responsabilidades de otra índole que pudieran deducirse, la utilización del propio nombre, posición o relación dentro del Partido o de un cargo público, para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí o para terceros”.

¿Cómo es posible que en estos momentos el Partido Popular esté en el ojo del huracán por la apertura contra algunos de sus miembros, algunos de ellos destacados, de procedimientos judiciales donde se dilucidan graves acusaciones de enriquecimiento indebido? ¿Ha reaccionado el partido conforme a las exigencias de su Código ético? Me temo que no.

La presunción de inocencia es un derecho constitucional que soy el primero en defender. Todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Pero en política las cosas no son como en las restantes facetas de la vida. Siempre he creído que la histórica frase de que la mujer del César no sólo ha de ser honrada sino que ha de parecerlo, encerraba una tremenda injusticia y  podía servir para poner a los pies de los caballos a honrados servidores públicos víctimas del linchamiento producido por acusaciones calumniosas y manifiestamente falsas. Ahora bien, un político acusado de corrupción, si es y se siente inocente, no debe esperar a que se pruebe su culpabilidad, sino que debe probar erga omnes su inocencia, comenzando por acreditarla ante los miembros de su propio partido. Su inocencia es, precisamente, su fuerza para resistir como en el poema de Kipling.

Apartarse o ser apartado

Por supuesto, las acusaciones formuladas por la fiscalía o por jueces de los que hay dudas más que racionales de parcialidad deben ser puestas en cuarentena. Ahora bien, si un juez o tribunal –y más si se trata del Tribunal Supremo– encuentra “indicios racionales” de la comisión de un delito por parte de un cargo público lo prudente es que él mismo se aparte voluntariamente por el bien del partido y pida la suspensión temporal de su actividad en la Administración o en el partido mientras se prueba su inocencia. Si  no lo hace, debería ser apartado mientras dure su calvario judicial.

En el escándalo Gürtel no se cuestiona la financiación del Partido Popular, sino si un grupito de cargos públicos o altos funcionarios del partido se concertaron para enriquecerse mediante la utilización de su influencia política. Las acusaciones son especialmente graves: cohecho por el cobro de comisiones exorbitantes, delito fiscal y hasta blanqueo de capitales en algunos casos. Espero y deseo que tales acusaciones resulten totalmente infundadas. A todos les ampara la presunción de inocencia. Pero en estos momentos su horizonte vital está en concentrarse en su propia defensa.

Si en el curso de un procedimiento judicial se dicta un auto de imputación contra un cargo público porque un juez competente e imparcial –que no la fiscalía– entiende que hay “indicios racionales” de criminalidad, el camino a seguir está perfectamente dibujado en el Código Ético del Partido Popular.

En todo caso, resulta imprescindible que los populares reivindiquen el espíritu de 1993 para que el PP vuelva a ser aquel partido en el que los ciudadanos confiaron para regenerar la corrompida vida política española. Tal vez su éxito en las elecciones europeas hubiera sido mayor si las alas de la gaviota popular no hubieran estado lastradas por el plomo de la corrupción. El peor análisis de los resultados que algunos trataron de hacer fue pensar que el veredicto de las urnas sustituye a la sentencia de los tribunales.

*Jaime Ignacio del Burgo, ex diputado por Navarra de PP-UPN.