La República, una apuesta de esperanza

La evocación republicana de abril debería ser en este 2010 un estímulo de esperanza y de realismo para un país que asiste, todavía incrédulo, a la

La evocación republicana de abril debería ser en este 2010 un estímulo de esperanza y de realismo para un país que asiste, todavía incrédulo, a la agonía del régimen de la Monarquía, carcomido por la corrupción y por la inepcia; incapaz, por ello, de dar respuesta a los graves problemas políticos y económicos de nuestra nación: un Estado endeudado, débil y fragmentado, dominado por los poderosos, y una sociedad angustiada, que no se siente dirigida para enfrentarse a los cambios que podrían permitir la salida de la ciénaga en la que nos encontramos.

 

En circunstancias como estas de España es cuando se nota la ausencia  de una vigorosa sociedad civil: arrastramos déficits agudos en la educación, en la exigencia cívica y en el sentido participativo de la vida pública, valores todos que deben conformar un proyecto democrático nacional. Y es lógico que haya sido así, porque, a causa de nuestra atormentada historia y del fraude de la Transición, hemos carecido de las semillas de las que había de surgir el árbol de ese orden civil superior: las ideas del esfuerzo y de la exigencia han permanecido desterradas de la vida española, sustituyéndolas por principios acomodaticios, para facilitar la supervivencia y el aprovechamiento de los impostores.

 

Por eso, a la altura de 2010, no es posible aventurar cuándo llegarán a nuestro país la democracia y la República, como apuestas legítimas y esperanzadas de un futuro de libertad, sobre todo en un momento como el actual, en el que la ruina institucional y la quiebra económica están poniendo en peligro el equilibrio político y social de España, con la consiguiente amenaza para la convivencia pacífica y ordenada de los españoles.

 

El reconocimiento de esta situación apoya el rechazo expreso a la doctrina oficial imperante, para la que República y republicanismo son únicamente asunto de historiadores y estudiosos, sin nada que aportar al devenir del proceso político español. La aceptación fatalista de esas tesis interesadas es el peor servicio que se puede prestar no solo a la causa republicana, sino, lo que es peor, a la apuesta por la recuperación de la integridad democrática y el bienestar social para nuestra Patria.

 

La impostura de la clase dirigente

 

Después de la Guerra de España, tanto las ideas republicanas, fundamentadas en lo más genuino del liberalismo español, como los grupos sociales que las sostenían y fomentaban, fueron proscritos o exterminados. Su recuerdo y memoria desapareció de la faz de nuestro país. Fue la versión contemporánea de lo que Roma hizo con Cartago después de las Guerras Púnicas. Por eso, es inevitable que pase algún tiempo hasta que la sociedad española, presa en gran medida de la ocultación, de la mistificación del pasado inmediato y también del dolor de la memoria, sea propicia al renacimiento republicano: las clases dirigentes españolas han hecho un ejercicio magistral de impostura con los valores democráticos, para conservar sus privilegios y ahondar en la exclusión social y fiscal, que son las consecuencias más llamativas de su mantenimiento.

 

La magra experiencia democrática de todos estos años, la quiebra constitucional, reconocida por los propios protagonistas del régimen, y la ruina económica del país justifican la necesidad de un cambio de rumbo que permita la recuperación de instituciones de contenido genuinamente democrático y el fortalecimiento del Estado. Para ese objetivo, el pensamiento republicano, hasta ahora ausente de la política española, podría aportar propuestas que enriquezcan las decisiones que se adopten en los próximos tiempos.

 

Empezando por el debate actual y causante de la crisis constitucional, la estructura del Estado Autonómico, hay que apelar a la concepción republicana del Estado como instrumento para la civilización y el progreso de la sociedad. Ello obligaría, entre otras cosas, a establecer límites claros y precisos al derecho a la autonomía de las regiones, delimitando y cerrando su marco de competencias. La regulación de ese nuevo marco competencial habría de basarse en la idea de reforzamiento de los poderes del Estado, como garante de la libertad y la igualdad de los españoles, recuperando para el Gobierno nacional y las Cortes generales gran parte del poder perdido en educación, sanidad, vivienda y fiscalidad, por citar algunas materias sensibles.

 

Además, las competencias de los municipios, que son las administraciones más cercanas a los ciudadanos, deberían reforzarse y, por su parte, las Comunidades Autónomas tendrán que reestructurarse, sin descartar la desaparición de algunas de ellas, en beneficio de la eficacia y de la austeridad del poder público, teniendo en cuenta un horizonte de escasez de recursos como el que se avecina.

 

La partitocracia, que es una forma de dictadura que ha contaminado todas las instituciones, tiene que ser erradicada. Para ello son necesarios cambios en las leyes electorales en los que se debe buscar, además, el acomodo de la representación de las Cortes Generales a la realidad nacional: hay que terminar con la dictadura de los partidos, sustituyéndola por la capacidad de decisión de los individuos, que son los que han de elegir y exigir la responsabilidad a las personas que consideren más capacitadas. El sistema electoral debe buscar la constitución de mayorías claras, que permitan la ejecución de las políticas de interés general sin las limitaciones ahora existentes.

 

El Senado, superfluo y estéril

 

Con el objetivo de reforzar el órgano de la soberanía popular, las Cortes Generales, estas quedarían reducidas a una sola cámara, el Congreso de los Diputados, suprimiendo el Senado por superfluo y estéril. Se volvería así a la tradición liberal democrática, propia de los periodos más abiertos de nuestra historia constitucional.

 

Un nuevo Estado, estructurado sobre los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad, no podría ser auténtico si no elige a su propio Jefe, por sufragio universal, directo y secreto, para convertirlo en representante genuino de la nación, asignándole las facultades ejecutivas precisas para el ejercicio de sus funciones constitucionales. Porque España, con una democracia por construir y amenazada por la segregación territorial, no se puede permitir mantener la jefatura del Estado en manos de una institución que ensalza el privilegio y la desigualdad social, que son la antítesis  de los valores exigibles en una sociedad abierta y democrática.

 

España forma parte de la Unión Europea, en la que los Estados sólidos, que tengan un claro proyecto nacional, gozan de preeminencia indiscutible. Nuestro país debe aspirar a ese objetivo y no puede continuar siendo rehén de quienes sostienen de forma dogmática que el régimen de 1978 es inalterable e inamovible, a pesar de su fracaso que, muchas veces de forma cínica, reconocen los defensores del mismo. Por ello es necesaria y urgente la revisión constitucional para romper el nudo gordiano que impide la superación de la crisis española. Al fin y al cabo es lo que hicieron, en su tiempo, otros socios nuestros de la UE, como son las grandes repúblicas de Alemania, Francia y la propia Italia.

 

La empresa del cambio no será fácil porque, aparte de superar el hastío y la desconfianza de muchos ciudadanos, habrá que desvanecer la impresión, cultivada conscientemente, de que los valores republicanos no contienen la respuesta de modernización y justicia que España necesita. A pesar de esas limitaciones, la apuesta por la República, como conclusión natural, integradora y nacional de la evolución constitucional de España debe ser el objetivo, no partidario, para republicanizar los espíritus de los españoles que aspiren a lograr la plenitud democrática del país.

 

*Manuel Muela, Presidente del CIERE.

 

Tribuna
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