¿No es delito el despilfarro?

En la pasada cumbre del G20 celebrada en Cannes el presidente José Luis Rodríguez Zapatero presumía de haber evitado un plan de rescate para España que, a diferencia de Irlanda, Portugal o Grecia llegaba a la cumbre como un país no “intervenido”. Ante esa opinión, no es difícil encontrar ya hoy empresarios que se preguntan si no estaríamos mejor si el país hubiese sido intervenido. El argumento es bastante simple: al menos en Irlanda y Portugal parece que las administraciones se hacen cargo de sus deudas y pagan a sus proveedores.

España, es cierto, no está intervenida. Pero, no hay ninguna semana en que no aparezcan nuevas noticias sobre la deuda de ayuntamientos y comunidades autónomas. La semana pasada saltaba a los titulares la deuda de 612 millones de euros del Ayuntamiento de Alcorcón (102.000 millones de las antiguas pesetas). Esta deuda supone el presupuesto completo de cuatro años de este ayuntamiento y una deuda de más de 3.600€ por cada uno de los 168.299 habitantes censados en Alcorcón el 1 de Enero de 2010. Este guión se repite una y otra vez: cambia el equipo de gobierno de un ayuntamiento, encarga una auditoría de las cuentas, y la auditoría da como resultado una cifra desoladora. El guión siempre continúa con el anterior equipo de gobierno negando las cifras y acusando al nuevo equipo de mentir y exagerar la situación. En el caso de Alcorcón, la cifra publicada es doce veces superior a la reconocida por al anterior equipo de gobierno. Según la información publicada, la deuda contraída se debe en gran medida a la construcción del Centro de Arte de Alcorcón (CREEA), un proyecto que incluía un circo, una escuela de circo y cuadras para animales que, de momento, ya ha absorbido 120 millones de euros, y cuyas obras aún se encuentra a medio camino de su completa ejecución.

Ante esta situación, los ciudadanos muestran su perplejidad, no solo porque pueda haberse alcanzado un nivel de deuda tan desorbitado, sino porque resulte tan complejo conocer las cuentas reales de un ayuntamiento, y pueda cuestionarse tan fácilmente cualquier balance, sembrando el desconcierto y la desconfianza entre los ciudadanos.

El Ministerio de Economía publicó su informe sobre la deuda viva de los ayuntamientos  que reflejaba que los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid sumaban al cierre del pasado año 2010 una deuda de 7.726 millones de euros, de los cuales Madrid capital acumulaba la mayor deuda, 6.453 millones. Del resto de localidades destacaba Alcorcón con 136,6 millones, Móstoles, con 95,7 millones de euros, Alcalá de Henares, con 88,9 millones, Torrejón de Ardoz con 73,4 millones de euros.

La siguiente tabla refleja la deuda de todos los ayuntamientos españoles, agrupada por Comunidad Autónoma con una cifra total que asciende a más de 28.851 millones de euros. 

Si la cifra proporcionada por el Ministerio de Economía y Hacienda infunde ya de por si temor (625€ por cada uno de los más de 46 millones de ciudadanos españoles), comparar los 136 millones recogidos en el informe del Ministerio de Economía y Hacienda con los 612 millones de euros denunciados por el nuevo equipo de gobierno de Alcorcón puede dar una idea de lo que se esconde tras las cifras oficiales.  

El objetivo de esconder la deuda ha prevalecido en los últimos meses, en algunos casos años, antes que los compromisos adquirido con los proveedores.  Los ayuntamientos se han acogido a todo tipo de trucos para que la deuda real no llegase a aflorar. En esta huida hacia adelante, caben desde los mecanismos básicos de no reconocimiento de facturas, o pérdida reiterada de las mismas, hasta los más elaborados desvíos a través de empresas municipales. Todo vale. Siempre pierden las empresas, en particular las PYMEs, muchas, asfixiadas por los impagos, se han visto obligadas a cerrar.

A medida que la situación se hace cada vez más insostenible, las administraciones van tomando nuevas medidas. Inicialmente se intenta garantizar las nóminas, a costa de renunciar a pagar a los proveedores. Algunos abordan ya planes de reducción de plantilla. En algunos casos se plantea el concurso de acreedores, o la disolución de las empresas municipales. Los contratos se incumplen, la legislación hace tiempo que no se respeta, y los poderes públicos municipales han mostrado y siguen mostrando muy poco respeto por los principios básicos de un buen gobierno.

En esta situación, resulta poco alentadora la reciente resolución de la Fiscalía Provincial de Valencia, en la que decide archivar la denuncia de un supuesto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos en el contrato firmado entre la Generalitat de Valencia y el arquitecto Santiago Calatrava para levantar tres torres junto al complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia por el que el Gobierno valenciano pagó 15 millones de euros al arquitecto, torres que, probablemente, nunca se levantarán.

¿No es delito el despilfarro? Claramente parece que la actual legislación española no lo contempla, y la figura de malversación de caudales públicos no parece ajustarse bien a las muestras de gasto sin control que salen a la luz cada semana. Para los ciudadanos no resulta muy esperanzador que los responsables de endeudamientos sin control, y despilfarros sin límites, sigan ocupando cargos importantes en la vida pública, y basen su defensa en cuestionar las cifras proporcionadas por los que les han sucedido en el cargo. La mayor parte de ellos siguen ocupando puestos públicos remunerados con nuestros impuestos.

La consideración del despilfarro como delito sin duda no dejaría de generar controversia. No pocos afirman que los proyectos que han llevado a las inmensas cifras de endeudamiento de los ayuntamientos estaban en los programas electorales con los que esos gestores públicos concurrieron y ganaron las elecciones municipales, y por tanto la ejecución de estos proyectos estaba avalada por los votos de los ciudadanos. Probablemente el paralelismo de esta afirmación, con la situación que podría producirse en cualquier empresa en la que el director general arruinase la empresa bajo un supuesto mandato de sus accionistas de abordar un determinado proyecto, no aguantaría comparación. Los votos no pueden justificar y amparar la irresponsabilidad en el gasto. 

Si analizamos los programas de los principales partidos que se presentan a las elecciones del próximo 20N, encontramos algunas menciones a la responsabilidad de los gestores públicos. El PP en la página 32 de su programa, en el apartado dedicado a “las cuentas públicas en orden”, incorpora como medida 5: “Reforzaremos las responsabilidades y sanciones a los gestores públicos que incumplan las reglas de estabilidad presupuestaria”.  El PSOE por su parte, no incluye ninguna referencia explícita a la responsabilidad de los gestores públicos en la gestión de las cuentas, únicamente referencias a la lucha contra la corrupción. Estos programas desde luego no son muy alentadores respecto a la posibilidad de que se produzcan cambios reales en la responsabilidad de los gestores públicos.

Es cierto que España atraviesa una profunda crisis económica, con unas tasas de paro que no dejan lugar a dudas sobre las prioridades para el nuevo gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de Noviembre. Pero haría mal este nuevo gobierno en abordar únicamente la situación económica, y olvidar la crisis institucional que vive el país, derivada en gran medida del sentimiento de impunidad del que parecen gozar los gestores públicos, y que sume aún más en la desconfianza y en la desesperanza a los ciudadanos.

*Juan Luis Redondo es Master of Science University of Illinois